MIAMI (AP) — Felipe Hernández Espinosa pasó 45 días en el centro de detención de inmigrantes en Florida apodado “Alcatraz con Caimanes” donde detenidos han reportado gusanos en su comida, inodoros que no funcionan, alcantarillado desbordado y mosquitos por doquier.
Durante los últimos cinco meses, el solicitante de asilo de 34 años ha estado en un campamento para inmigrantes en la base del Ejército de Fort Bliss en El Paso, Texas, donde dos migrantes murieron en enero y que presenta muchas de las mismas condiciones, según grupos de derechos humanos. Hernández dijo que pidió ser devuelto a Nicaragua, pero le dijeron que tiene que ver a un juez. Después de casi siete meses detenido, su audiencia fue programada para el 26 de febrero.
La detención prolongada se ha vuelto más común en el segundo mandato del presidente Donald Trump, al menos en parte porque una nueva política generalmente prohíbe a los jueces de inmigración liberar a los detenidos mientras sus casos de deportación avanzan en tribunales. Muchos, como Hernández, están preparados para renunciar a cualquier esfuerzo por quedarse en Estados Unidos.
“Vine a este país pensando que me iban a ayudar y llevo seis meses detenido sin haber cometido un delito”, declaró en una entrevista telefónica desde Fort Bliss. “Ha sido mucho tiempo. Estoy desesperado”.
La Corte Suprema dictaminó en 2001 que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no puede retener a los inmigrantes indefinidamente, determinando que seis meses era un límite razonable.
Con el número de personas en detención del ICE superando los 70.000 por primera vez, 7.252 personas habían estado bajo custodia al menos seis meses a mediados de enero, incluyendo 79 retenidas por más de dos años, según datos de la agencia. Eso es más del doble de los 2.849 que estaban bajo custodia del ICE por al menos seis meses en diciembre de 2024, el último mes completo de la presidencia de Joe Biden.
La administración Trump está ofreciendo pasajes de avión y 2.600 dólares para las personas que abandonen el país voluntariamente. Sin embargo, Hernández y otros han recibido notificaciones de que no pueden ser liberados hasta ver a un juez.
Los asesores legales advierten que estos no son casos aislados. Los primeros tres detenidos que la abogada Ana Alicia Huerta conoció en su viaje mensual a un centro de detención del ICE en McFarland, California, para ofrecer asesoría legal gratuita en enero, indicaron que firmaron un formulario aceptando salir de Estados Unidos pero aún estaban esperando.
“Todos me dicen: ‘No entiendo por qué estoy aquí. Estoy listo para ser deportado’”, relató Huerta, abogada principal de California Collaborative for Immigrant Justice. “Esa es una experiencia que nunca había tenido antes”.
Un hombre chino ha estado detenido por más de un año sin ver a un juez de inmigración, a pesar de que expresó a las autoridades su aceptación a ser deportado. En el pasado, dijo Huerta, se encontraba con casos como este una vez cada tres o cuatro meses.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre por qué más personas están siendo retenidas por más de seis meses.
“Las condiciones son tan malas que la gente dice: ‘Me rindo’”, señaló Sui Chung, directora ejecutiva de Americans for Immigrant Justice.
El tiempo de espera puede depender del país. Las deportaciones a México son rutinarias, pero países como Cuba, Nicaragua, Colombia y Venezuela a veces han resistido aceptar deportados.
Entre los detenidos durante meses se encuentran personas que han ganado protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, quienes no pueden ser deportados a su país de origen pero pueden ser enviados a otro lugar.
En el pasado, esos migrantes eran liberados y podían obtener un permiso de trabajo. Ya no, apuntó Sarah Houston, abogada principal del Immigrant Defenders Law Center, quien tiene al menos tres clientes con protección bajo la convención de tortura de la ONU que han estado bajo custodia por más de seis meses. Uno es de El Salvador, detenido durante tres años. Ganó su caso en octubre de 2025 pero aún está bajo custodia en California.
“Simplemente están reteniendo a estas personas indefinidamente”, dijo Houston, señalando que cada 90 días, los abogados solicitan la liberación de estos migrantes y el ICE niega esas solicitudes. “Estamos viendo personas que realmente ganan sus casos de inmigración languideciendo en la cárcel”.
El nicaragüense que quiere ser deportado
Hernández, quien no tiene abogado, asegura que firmó documentos solicitando ser devuelto a su país o a México al menos cinco veces. Una audiencia el 9 de octubre fue cancelada abruptamente sin explicación. Esperó meses sin noticias, hasta principios de febrero, cuando se enteró de la fecha de su nueva audiencia.
Hernández, quien tiene alergias y necesita una dieta sin gluten que dice no ha estado recibiendo desde noviembre, fue arrestado en julio durante un descanso para almorzar de su trabajo instalando generadores de energía en el sur de Florida. Su esposa fue detenida con él, pero un juez le permitió regresar a Nicaragua sin una orden formal de deportación el 28 de agosto.
Ambos cruzaron la frontera mexicana en 2022 y solicitaron asilo. Asegura haber recibido amenazas de muerte después de participar en marchas contra los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Si regresa, planean ir a Panamá o España porque temen por sus vidas en Nicaragua, dijo. Sus archivos solo dicen que su caso está pendiente.
El dominicano que se convirtió en padre mientras estaba detenido
Yashael Almonte Mejía ha estado detenido ocho meses desde que el gobierno buscó la desestimación de su caso de asilo en mayo de 2025, relató su tía, Judith Mejía Lanfranco.
Desde entonces, ha sido trasladado de un centro de detención en Florida a Texas y luego a Nuevo México.
En noviembre, Almonte se casó con su novia estadounidense embarazada a través de una videollamada y se convirtió en padre de una hija que no ha visto en persona. No pudo asistir al funeral de su hermana, quien murió en noviembre.
“Ha pasado por depresión, ha estado muy mal”, sostuvo su tía. “Está desesperado y ni siquiera sabe lo que va a pasar”.
Almonte, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2024 y dijo a las autoridades que no puede regresar a la República Dominicana porque teme por su vida. En enero, pasó su entrevista inicial de asilo.
Un mexicano detenido durante un año
Algunos detenidos están encontrando alivio en los tribunales federales.
Un hombre mexicano detenido en octubre de 2024 en Florida fue retenido durante un año a pesar de que ganó una protección bajo la convención de tortura de la ONU en marzo de 2025.
“Pasaba el tiempo y estaba desesperado, con miedo a que me mandaran a otro país”, afirmó el hombre de 38 años, quien habló bajo condición de anonimato por temor a ser detenido nuevamente.
“No sabia qué iba a pasar conmigo, inmigración no me daba respuestas”, indicó.
Agregó que había vivido ilegalmente en Estados Unidos desde los 10 años hasta que fue deportado. En México, dirigía su propio negocio, pero en 2023 decidió regresar y cruzó ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Dijo que buscaba seguridad después de ser amenazado por cárteles de drogas que exigían pagos mensuales.
Estaba tomando antidepresivos cuando encontró un abogado que presentó una petición en un tribunal federal alegando que estaba siendo retenido ilegalmente. Fue liberado en octubre de 2025, siete meses después de que un juez ordenara su liberación.
Pero para Hernández, el solicitante de asilo nicaragüense, la desesperación lo llevó a solicitar ser devuelto al país del que había huido.
“He vivido muchos traumas, es muy difícil”, expresó Hernández desde Fort Bliss. “Siempre estoy pensando cuando voy a salir”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
GISELA SALOMON
Salomon is a Miami-based reporter who covers Latin America and immigration affairs for The Associated Press.
Salomon es una periodista que desde Miami cubre asuntos latinoamericanos y de inmigracion.
