Por Roger Senserrich
El congreso de los Estados Unidos está debatiendo estos días la “For the People Act”, una ambiciosa reforma legal para proteger el derecho a voto en América.
La ley es ciertamente urgente. En todo el país, los republicanos se están apresurando a sacar adelante leyes estatales que intentan hacer que votar sea más difícil para votantes de color y minorías. Los conservadores parecen haber llegado a la conclusión de que el problema no es que la gente no les vote, sino que está votando la gente equivocada, así que están erigiendo barreras para complicar la vida a aquellos que creen que no les apoyan.
La legislación, por supuesto, nunca utiliza criterios raciales para señalar a nadie. Con la excusa de fraudes electorales imaginarios en las elecciones del año pasado (que nadie ha sido capaz de demostrar, porque no existieron), los republicanos se han dedicado a hacer cosas como limitar el voto anticipado, eliminar o reducir los sitios donde se puede votar en ciudades y barrios con mayor población latina o afroamericana, establecer normas casi arbitrarias sobre identificación válida para votar, o permitir a cargos políticos purgar las listas de votantes registrados.
Aparte de las barreras directas al voto, el GOP se está dedicando a alterar los límites de los distritos electorales en los estados que controlan para crear mapas que le sean favorables. Esta práctica, conocida como gerrymandering, consiste en dibujar las líneas de los distritos de modo que un partido quede en minoría en tantos sitios como sea posible. Un ejemplo obvio es Wisconsin, un estado que acabó 50-49 a favor de los demócratas en las elecciones presidenciales, pero donde los republicanos controlan el legislativo estatal 60-38.
Estas prácticas discriminatorias tradicionalmente habían sido vigiladas y controladas por el departamento de justicia y la Voting Rights Act. Por desgracia, decisiones recientes del tribunal supremo han debilitado muchas de las provisiones de esa ley, poniendo el derecho a voto en riesgo para millones de americanos en todo el país. Necesitamos esta reforma con urgencia.
Es importante recalcar, sin embargo, que la “For the People Act” no es sólo una ley que afecte a los estados del sur o sitios controlados por el partido republicano. Muchas de las restricciones que vemos en esos lugares que la legislación quiere combatir llevan en vigor en Connecticut desde hace décadas.
Nuestro estado es un lugar donde votar es inusualmente complicado. Connecticut no tiene voto anticipado de ninguna clase. Dejando de lado la excepción del 2020 durante la pandemia, el estado impone condiciones muy estrictas para votar por correo. Registrarse para votar es relativamente sencillo, pero muchas ciudades tienen largas colas y pocos sitios donde poder votar para que ejercer este derecho sea fácil. Los legisladores, además, tienen un control casi completo en el proceso de dibujar los distritos electorales. Empeorando aún más las cosas, muchas de estas prácticas para expandir el derecho a voto están explícitamente prohibidas en la constitución del estado, y requiere un complicado proceso de reforma antes de que puedan ser implementadas.
La buena noticia es que el legislativo estatal, sea por vergüenza, sea por convicción, este año finalmente decidieron cambiar las cosas e iniciar el proceso de reforma constitucional necesario para ampliar el derecho a voto. La mala noticia es que el partido republicano, como estamos viendo en tantos otros lugares, está en contra de garantizar este derecho y tiene suficientes votos como para bloquearla.
Aunque los demócratas tienen una amplia mayoría en ambas cámaras, reformar la constitución exige una supermayoría amplia llevar los cambios a referéndum. Siguiendo la estela de sus colegas en Washington, que siguen obsesionados con negar la legitimidad democrática de las elecciones cuando las pierden, los republicanos de Connecticut alegaron multitud de conspiraciones y fraudes inventados para justificar su oposición, y tumbaron la reforma.
No todo está perdido. Una reforma constitucional puede ir a referéndum si el legislativo vota a favor de ella dos legislaturas seguidas, así que los demócratas pueden llevar la propuesta al pleno otra vez de aquí dos años para que sea sometida a votación el 2024.
Es hora de ser pacientes – y no olvidar a aquellos que votaron en contra de expandir nuestros derechos en el capitolio. (Director de Comunicaciones del Partido de las Familias Trabajadoras)