DANBURY. La preocupación crece en la comunidad inmigrante de Danbury luego de que autoridades locales informaran que cerca de 50 personas han sido detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante los últimos días, en medio del regreso de miles de estudiantes a las escuelas de la ciudad.
El alcalde de Danbury, Roberto Alves, dio a conocer la cifra durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en Kennedy Park, junto al gobernador de Connecticut, Ned Lamont, el senador federal Chris Murphy, la congresista Jahana Hayes, el jefe de la Policía de Danbury, Patrick Ridenhour, y representantes de Danbury Unites for Immigrants.
Alves señaló que la ciudad tiene conocimiento de cerca de 50 miembros de la comunidad detenidos esta semana y advirtió que la cifra podría ser mayor, debido a la dificultad para obtener información completa sobre las operaciones federales.
“Estamos viendo a madres, padres, trabajadores y miembros de nuestra comunidad que están siendo detenidos”, señaló Alves durante la conferencia, cuestionando que las operaciones estén dirigidas exclusivamente contra personas acusadas de delitos graves.
El gobernador Ned Lamont y otros funcionarios estatales y locales manifestaron su preocupación por el impacto de estas acciones en las familias inmigrantes y señalaron que se están tomando medidas para brindar apoyo a las comunidades afectadas.
Mientras organizaciones comunitarias denuncian el impacto de las recientes operaciones migratorias en Danbury, Bridgeport, Stamford y Hartford, también han surgido fuertes críticas contra las llamadas políticas de “santuario” adoptadas en Connecticut.
En un mensaje difundido recientemente, uno de los críticos afirmó que desde 2024 Connecticut ha registrado casos relacionados con redes de tráfico sexual en las que habría menores involucrados, además de casos de policías asesinados por personas que, según esa misma fuente, se encontraban ilegalmente en el país. También cuestionó reportes relacionados con personas no ciudadanas registradas para votar.
Los críticos de estas políticas sostienen que las restricciones a la cooperación entre las autoridades locales y los agentes federales de inmigración pueden dificultar la identificación y detención de personas que representan una amenaza para la seguridad pública.
Sin embargo, estas afirmaciones deben ser verificadas individualmente antes de ser presentadas como hechos. La condición migratoria de una persona tampoco demuestra, por sí sola, que exista una relación entre su estatus migratorio y la comisión de un delito.
El mismo mensaje cuestionó al gobernador Ned Lamont y las políticas estatales que limitan determinadas formas de cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración.
Al mismo tiempo, alcaldes y líderes comunitarios han expresado preocupación por el efecto de estas acciones sobre las familias inmigrantes. Algunos funcionarios han señalado que las operaciones generan temor entre residentes y pueden provocar que personas vulnerables eviten acudir a escuelas, hospitales, comercios o autoridades locales.
La pregunta que vuelve a ocupar el centro del debate político en Connecticut es: ¿A quiénes protegen las políticas de santuario y cuál debe ser el equilibrio entre la cooperación con las autoridades federales de inmigración y la seguridad de las comunidades?
El debate enfrenta dos preocupaciones legítimas: por un lado, la necesidad de garantizar la seguridad pública y perseguir a quienes cometen delitos, independientemente de su estatus migratorio; por otro, la preocupación de organizaciones y autoridades locales de que las operaciones migratorias indiscriminadas puedan afectar a familias, trabajadores y personas que no representan una amenaza para la comunidad.
Mientras tanto, ICE no ha proporcionado públicamente un balance oficial de las detenciones ocurridas esta semana en Danbury. La agencia ha señalado que no comenta detalles de operaciones activas por razones de seguridad operacional.
