En la edición anterior analizamos de manera genérica los aranceles en materia económica como parte de una política comercial, así como dimos cuenta de que los objetivos declarados por la gestión Trump al respecto, ha resultado en un rotundo fracaso; y a la vez precisamos algunas de las consecuencias de éstos sobre la economía de Estados Unidos. En esta oportunidad daremos a conocer más de estas consecuencias, así como damos una mirada al futuro, después que la Corte Suprema en su fallo final determinara que dichos aranceles aplicados a los países es inconstitucional. Acompáñenos.
Históricamente, el origen de los aranceles se remonta al segundo milenio a.C. en Mesopotamia, donde existían formas primitivas de peajes o derechos de paso para las mercancías. No obstante, el primer arancel documentado con características similares a los actuales se registró en Palmira (actual Siria) en el año 137 d.C., cuando esta ciudad formaba parte del Imperio Romano. Palmira era un importante centro comercial que conectaba Oriente con el Mediterráneo, y desde entonces los aranceles han evolucionado junto con el comercio internacional.
Con el paso de los siglos, estos instrumentos se institucionalizaron hasta formar parte de la arquitectura económica global. En la actualidad, el sistema comercial internacional se rige en gran medida por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), creada en 1995, que sustituyó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), establecido en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, toda política comercial dentro de un entorno internacional forma parte también de la política exterior de cada país. La gestión Trump, al imponer aranceles a numerosos socios comerciales, alteró significativamente la dinámica del comercio internacional y generó tensiones en las cadenas globales de suministro.
Uno de los efectos de dicha política arancelaria, ha contribuido al alza del índice de precios al consumidor, ya que dicha carga ha recaído en las empresas y consumidores de USA; minando el poder adquisitivo especialmente de los hogares de bajos y medianos ingresos que son como siempre los más afectados e incrementando la desigualdad en los ingresos. Un estudio realizado por el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale, calculó que todos los aranceles de 2025 juntos ocasionaron una subida de precios de 2,3% y generó una pérdida del poder adquisitivo de unos 3800 dólares por hogar promedio. Mientras que la Universidad de Pensilvania a través de la escuela Wharton, que proporciona análisis económicos y presupuestarios de Estados Unidos, estima que en el largo plazo un hogar promedio puede perder unos 22 000 dólares de por vida por menor salario real y consumo.
Pese a que por política el objetivo era reducir el déficit comercial, tampoco ha sido posible; entre enero y noviembre de 2025 que es el dato que se tiene por ahora, acumuló cerca a los 840 000 millones de dólares; siendo un 4% más que en el mismo periodo de 2024.
Como es conocido por todos nosotros, la Corte Suprema en un fallo histórico; el día 20 de febrero sentenció que la aplicación de aranceles aplicados por la gestión Trump bajo la “Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional” (IEEPA), son inconstitucionales sin una autorización clara del Congreso. Dicha sentencia llevó a la administración Trump a poner fin a dicho programa arancelario y ordenó a las agencias que dejaran de cobrar dichos derechos.
¿Eso implica ya no existirán aranceles de parte de Estados Unidos a los demás países? La respuesta es no. La gestión Trump va a reconfigurarlos; es más, inmediatamente al fallo de la Corte, impuso un arancel global temporal del 10% en virtud de la Sección 121 de la Ley de Comercio de 1974 y que entró en vigor el 24 de febrero y puede durar hasta 150 días a menos que el Congreso actúe antes.
La decisión de la Corte Suprema también ha abierto la puerta a una nueva ola de litigios. Varias empresas importadoras han comenzado a solicitar reembolsos de los aranceles pagados bajo la normativa ahora declarada inconstitucional. Entre las compañías que ya han presentado demandas se encuentran FedEx, Costco Wholesale, EssilorLuxottica, BYD, Prada y Kawasaki. No obstante, el propio presidente Trump ha declarado públicamente que su administración no tiene intención de devolver esos fondos, lo que anticipa prolongadas batallas legales en los tribunales.
De concretarse los reembolsos, el gobierno estadounidense podría verse obligado a devolver alrededor de 175 000 millones de dólares de los aproximadamente 287 000 millones que se recaudaron por este concepto. Esta situación tendría también un impacto fiscal significativo.
Una consecuencia adicional de la decisión judicial es que el Tesoro estadounidense dejará de percibir importantes ingresos derivados de estos aranceles, recursos que la administración había sugerido utilizar, entre otras cosas, para ayudar a financiar la enorme deuda pública del país. Así, más allá del debate jurídico, el fallo también introduce nuevas interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal y la dirección futura de la política comercial estadounidense.
