La semana pasada, los periódicos y noticieros del estado estaban llenos de titulares hablando sobre cómo cada vez más familias trabajadoras en nuestro estado se están deslizando hacia la pobreza. Según un nuevo informe de United Way, 581,000 hogares, más o menos 4 de cada 10, no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas. Un récord histórico.
Esto sorprendió a muchos. Connecticut es un estado rico, progresista. Tenemos un salario mínimo alto, bajo desempleo, muchos empleos bien pagados y servicios públicos sólidos. Nuestro estado de bienestar es más generoso que en estados conservadores; estamos entre los mejores en rendimiento escolar, porcentaje de personas sin seguro médico y pobreza infantil. Y, sin embargo, el 40% de los hogares está en apuros. ¿Cómo puede ser?
Basta con leer el informe para darse cuenta de que las cosas son un poco más complicadas de lo que parecen. En vez de usar una línea de pobreza arbitraria, United Way estima cuánto dinero necesita una familia para cubrir gastos esenciales cada mes. A esta cifra la llaman ALICE (Asset-Limited, Income-Constrained, Employed), y refleja mejor la realidad de una familia trabajadora en nuestro estado.
Los números son claros. Una familia de cuatro (dos adultos y dos niños, uno bebé y otro en edad preescolar) necesita cada mes $1,500 en comida, $802 en salud y $967 en transporte. Las dos partidas más grandes son $2,683 en cuidado infantil y $1,850 en vivienda; le añadimos el celular, internet y un pequeño colchón para emergencias, y llegamos a $9,684 al mes, $116,000 al año. En Connecticut, incluso una familia con ingresos de seis cifras llega justita a fin de mes.
El informe deja claro que, para las familias con niños pequeños, el cuidado infantil supone un gasto enorme: un 28% del presupuesto.
La buena noticia: después de años de indecisión, Connecticut aprobó una ley de educación y cuidado temprano que reducirá de verdad esos costes. Los hogares que ganen menos de $100,000 al año no pagarán nada; el resto no tendrá que pagar más del 7% de sus ingresos. El gobernador Lamont dijo que esta ley cambiará la vida de miles de familias, y tiene toda la razón.
El otro gran gasto en el presupuesto familiar es la vivienda. O, más exactamente, la vivienda más transporte: porque donde vives determina cuánto gastas en moverte. Y casi siempre, un alquiler más barato supone vivir más lejos del trabajo.
En conjunto, vivienda más transporte absorbe todavía más ingresos familiares que el cuidado infantil antes de la nueva ley. El problema es que, pese a ser un factor clave que hace que nuestro estado sea tan caro, el gobernador Lamont vetó la única legislación dedicada a reducir el coste de la vivienda hace apenas unos meses.
El cómo abaratar vivienda y transporte no es ningún misterio. Basta con construir más viviendas cerca de donde la gente quiere vivir y trabajar. Si el suelo escasea, construimos más alto y con más densidad. Lo seguimos haciendo hasta que la oferta supere la demanda, conectamos todo con buen transporte público y el estado se vuelve más asequible.
No hace falta demasiada inversión pública. La mayoría de las nuevas viviendas las construirán promotores privados. Si somos inteligentes, construiremos cerca de estaciones de tren y rutas de autobús. Tener más vivienda nueva aumentará la recaudación municipal y evitará que nuevos compradores desplacen a residentes de la vivienda existente. El Estado solo tendría que subvencionar las unidades más asequibles; y con más oferta privada, el coste será manejable.
Lo que sucede, sin embargo, es que hemos decidido no hacerlo. En vez de hacer como hicimos con las guarderías, aprobando un programa de ayudas generosas para familias con hijos, hemos decidido no construir. El resultado son alquileres altos y gente ahogada para pagar una hipoteca.
En estas semanas se dice que la legislatura va a convocar una sesión especial para aprobar una ley de vivienda, probablemente una versión menos ambiciosa de la ley que vetó Lamont. Me temo, sin embargo, que no es momento de quedarse a medias. Connecticut necesita una ley de vivienda ambiciosa, tan valiente y decidida como la ley de guarderías recién aprobada. Y la necesitamos cuanto antes.
