WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump proporcionó esta semana a las autoridades migratorias los datos personales de millones de inscritos en Medicaid, incluyendo su estatus migratorio, en un acto que podría facilitar la localización de personas como parte de su amplia ofensiva contra la inmigración.
En un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por The Associated Press se muestra que las autoridades de Medicaid intentaron bloquear, sin éxito, la transferencia de datos, citando preocupaciones legales y éticas.
No obstante, dos de los asesores principales del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron que el conjunto de datos se entregara al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según se muestra en los correos electrónicos. A los funcionarios de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) se les dieron solo 54 minutos el martes para cumplir con la directiva.
El conjunto de datos incluye la información de personas que viven en California, Illinois, el estado de Washington y Washington, D.C., todos los cuales permiten que personas que no son ciudadanas estadounidenses se inscriban en programas de Medicaid que pagan sus gastos utilizando únicamente los fondos aportados por los contribuyentes estatales. Los CMS transfirieron la información justo cuando el gobierno de Trump intensificaba sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias en el sur de California.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en un comunicado que le preocupaba la forma en que los funcionarios de deportación podrían utilizar los datos, especialmente mientras las autoridades federales realizan redadas de inmigración con la asistencia de tropas de la Guardia Nacional y marines en Los Ángeles.
“Valoramos profundamente la privacidad de todos los californianos”, se lee en el comunicado. “Esta posible transferencia de datos que nos muestra la AP es extremadamente preocupante, y si es cierta, es potencialmente ilegal, particularmente en vista de los numerosos titulares que destacan el posible uso federal indebido de información personal y las acciones federales para abordar la información personal de los estadounidenses”.
El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), Andrew Nixon, dijo que la entrega de datos fue legal. Se negó a responder preguntas sobre por qué se compartieron los datos con el DHS y cómo se utilizarían.
“Con respecto al reciente intercambio de datos entre los CMS y el DHS, el HHS actuó completamente dentro de su autoridad legal, y en total cumplimiento con todas las leyes aplicables, para asegurar que los beneficios de Medicaid estén reservados para individuos que tienen el derecho legal a recibirlos”, dijo Nixon.
Los funcionarios del DHS no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Además de ayudar a las autoridades a localizar a los migrantes, dijeron los expertos, el gobierno también podría usar la información para frustrar las esperanzas de aquellos que buscan obtener la residencia legal, la residencia permanente o la ciudadanía si alguna vez obtuvieron beneficios de Medicaid financiados por el gobierno federal.
Una revisión dirigida a millones de inmigrantes inscritos en Medicaid
Los CMS anunciaron a finales del mes pasado que revisaban a algunas personas inscritas en Medicaid de ciertos estados para garantizar que no se hayan utilizado fondos federales para pagar la cobertura de personas con “estatus migratorio insatisfactorio”. En una carta enviada a los funcionarios estatales de Medicaid, los CMS dijeron que el esfuerzo era parte de la orden ejecutiva de Trump, emitida el 19 de febrero y titulada “Poner fin a la subvención de los contribuyentes a las fronteras abiertas”.
Como parte de la revisión, California, Washington e Illinois compartieron detalles sobre no ciudadanos inscritos en el programa Medicaid de su estado, según un memorando del 6 de junio firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, que fue obtenido por la AP. El memorando fue escrito por varios funcionarios de CMS bajo la supervisión de Vitolo, según fuentes familiarizadas con el proceso.
Los datos incluyen direcciones, nombres, números de seguro social y detalles de reclamaciones de los inscritos en esos estados, según el memorando y dos personas familiarizadas con lo que los estados enviaron a los CMS. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a compartir detalles sobre la entrega de datos.
Los funcionarios de los CMS intentaron luchar contra la solicitud de entrega de datos del Departamento de Seguridad Nacional, diciendo que hacerlo violaría distintas leyes federales, como la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974, según el memorando de Vitolo.
“Distintas autoridades estatutarias y regulatorias federales no permiten que los CMS compartan esta información con entidades fuera de los CMS”, escribió Vitolo, explicando además que la entrega de tales datos personales solo está permitida para la administración directa del programa Medicaid.
Entregar información sobre solicitantes o inscritos en Medicaid a funcionarios del DHS violaría una “política de larga data”, escribió Vitolo, empleada de carrera, a Kim Brandt, administradora adjunta y directora de operaciones de los CMS designada por Trump.
No se pudo contactar a Vitolo ni a Brandt para solicitar sus comentarios.
Los argumentos legales expuestos en el memorando no lograron persuadir a los designados por Trump en el HHS, que supervisa Medicaid.
El 10 de junio, cuatro días después de que se enviara el memorando, los funcionarios del HHS ordenaron la transferencia de “los datos al DHS para las 5:30 ET de hoy”, según intercambios de correos electrónicos obtenidos por la AP.
Exfuncionarios del gobierno dijeron que la medida era inusual porque los CMS, que tienen acceso a datos de salud personales de casi la mitad del país, no suelen compartir información tan sensible con otros departamentos.
“El DHS no tiene ninguna función en nada relacionado con Medicaid”, dijo Jeffrey Grant, un ex empleado de carrera de los CMS.
Más allá de sus argumentos legales, Vitolo dijo que compartir la información con el DHS podría tener un efecto disuasorio en los estados, quizás incitándolos a retener información. Los estados, agregó, necesitaban protegerse contra el “riesgo legal” que asumían al entregar datos que podrían compartirse con las autoridades de deportación a los funcionarios federales.
Un hecho “preocupante”
Todos los estados están obligados legalmente a proporcionar servicios de emergencia de Medicaid a no ciudadanos estadounidenses, incluidos aquellos que están legalmente en el país pero que aún no han cumplido con un período de espera de cinco años para solicitar Medicaid.
Siete estados, junto con el Distrito de Columbia, permiten que los inmigrantes que no viven legalmente en el país se inscriban, con beneficios completos, en el programa Medicaid de su estado. Los estados pusieron en marcha estos programas durante el gobierno del expresidente Joe Biden y dijeron que no facturarían al gobierno federal para cubrir los costos de atención médica de esos inmigrantes.
El gobierno de Trump ha planteado dudas sobre esa promesa.
Nixon, el portavoz del HHS, dijo que los programas de Medicaid de los estados para inmigrantes “abrieron las compuertas para que los inmigrantes ilegales se aprovechen de Medicaid, y obligaron a los estadounidenses trabajadores a pagar la factura”.
Todos los estados —California, Nueva York, Washington, Oregon, Illinois, Minnesota y Colorado— tienen gobernadores demócratas. Debido a los problemas presupuestarios de su estado, Newsom anunció a principios de este año que congelaría la inscripción en el programa; Illinois también cerrará en julio su programa para aproximadamente 30.000 no ciudadanos.
Los estados restantes —Nueva York, Oregon, Minnesota y Colorado— aún no han enviado los datos identificables a los CMS como parte de la revisión, según un funcionario de salud pública que ha revisado las solicitudes de esos organismos a los estados.
Los funcionarios de salud estatales del Distrito de Columbia, Washington e Illinois no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La oficina de Newsom dijo en su comunicado que la entrega de datos tiene “implicaciones para todos los californianos, pero es especialmente preocupante para las comunidades vulnerables”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
