HARTFORD. Los agentes federales de inmigración que actúen sin orden judicial tendrían prohibido el acceso a edificios escolares, campus universitarios, centros médicos, lugares de culto, parques infantiles, centros recreativos y agencias de servicios sociales, según un proyecto de ley que se debate en el Comité Judicial de la legislatura.
El proyecto de ley relacionado permitiría a las personas presentar demandas contra funcionarios federales, como los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que maten o lesionen a residentes del estado. Los proyectos de ley darían seguimiento a la Ley de Confianza (Trust Act) del año pasado, que amplió las protecciones para los inmigrantes sin estatus legal permanente.
Las dos nuevas leyes, que fueron el tema central de una audiencia pública de casi 12 horas a inicios de esta semana, cambiarían la definición de “agente del orden público” para excluir a algunos agentes federales que no participan en el control de drogas. De ser aprobada por el comité, luego por la Cámara de Representantes y el Senado, y promulgada por el gobernador, la legislación otorgaría al fiscal general del estado la responsabilidad de investigar quejas y presentar posibles causas penales contra agentes federales.
Las autoridades de Connecticut están considerando crear espacios adicionales donde los agentes de ICE no podrían operar sin una orden judicial.
El link del proyecto de ley que busca proteger instituciones públicas donde los agentes de ICE no podrán ingresar sin una orden firmada por un juez.
El senador estatal Ryan Fazio, republicano por Greenwich, candidato a la nominación republicana para competir contra el gobernador Ned Lamont en las elecciones de noviembre, criticó al Partido Demócrata por una publicación en redes sociales que incluía la imagen de un arma de fuego apuntándole. Los partidarios de los proyectos de ley, incluyendo algunas de las 166 personas que se inscribieron para testificar ante el Comité Judicial del Capitolio, señalaron las recientes muertes de manifestantes en Minneapolis, en medio de informes de que las autoridades federales impidieron que los investigadores de Minnesota investigaran los homicidios.
“Los agentes de ICE están fuera de control”, dijo Japhet Gonzalez, de 17 años y estudiante de la Escuela Comunitaria de New Haven. “Esto nos deja con miedo por nuestra comunidad, un miedo que no debería existir. No deberíamos tener que retrasar nuestras citas en el hospital por la ansiedad de pensar que será la última. No deberíamos tener que escondernos del público. No deberíamos tener que disfrazarnos”.
El alcalde de New Haven, Justin Elicker, testificó: “Esto fortalece a nuestras comunidades cuando nuestros residentes buscan atención médica, participan en actividades religiosas y cívicas, reciben ayuda en caso de desastre o emergencia y servicios sociales, y cuando nuestros hijos asisten a la escuela sin temor. … Nuestros residentes no deberían tener que pensarlo dos veces para acceder a estos recursos, y proteger estas áreas de la aplicación de la ley sin una orden judicial es esencial para garantizar comunidades seguras y saludables”.
Los republicanos, liderados por el representante estatal Craig Fishbein de Wallingford, miembro de alto rango del Comité Judicial, se opusieron a los testimonios de quienes testificaron. Cuestionó el uso de los términos “imprudente” y “ataques” para describir la caracterización de algunas actividades del ICE.
“Parece que lo que algunos desearían es… que no se apliquen las leyes de inmigración”, dijo Fishbein más tarde en la audiencia. “¿Dónde está el límite? Solo intento determinar qué es aceptable. Entiendo que nadie debería ser asesinado. Simplemente parece que algunos desearían que no se apliquen nuestras leyes. Entiendo que aquí hay problemas de debido proceso”, dijo.
El representante Patrick Callahan, republicano por New Fairfield, cuyo distrito incluye el centro penitenciario federal de Danbury, declaró: “Me parece que el estado de Connecticut va a empezar a redefinir la función de ciertos agentes para que se ajusten a un modelo que permita al estado intervenir y procesar”. El representante Greg Howard, republicano por North Stonington y agente de policía, señaló: “El día de hoy es un gran ejemplo de legislación que nace de la opinión pública”.
