BOSTON (AP) — Un juez federal impidió el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump retenga miles de millones de dólares en fondos de transporte a los estados que no acepten participar en algunas acciones de aplicación de la ley de inmigración.
Veinte estados demandaron tras afirmar que el secretario de Transporte, Sean Duffy, amenazó con cortar los fondos a los estados que se negaran a cumplir con la agenda de inmigración de Trump. El juez federal de distrito, John McConnell Jr., prohibió a los funcionarios federales de transporte que cumplan esa amenaza antes de que la demanda se resuelva por completo.
“El Tribunal encuentra que los estados han demostrado que enfrentarán un daño irreparable y continuo si se ven obligados a aceptar las condiciones de inmigración ilegales e inconstitucionales impuestas para recibir fondos federales de subvenciones de transporte”, escribió McConnell, el juez principal del distrito federal de Rhode Island. “Los estados enfrentan la pérdida de miles de millones de dólares en financiamiento federal, se ven en la posición de renunciar a su derecho soberano de decidir cómo usar a sus propios policías, están en riesgo de perder la confianza construida entre las fuerzas del orden locales y las comunidades inmigrantes, y tendrán que reducir, reconsiderar o cancelar proyectos de transporte en curso.”
El 24 de abril, los estados recibieron cartas del Departamento de Transporte donde se les indicó que debían cooperar en los esfuerzos de inmigración a riesgo de perder los fondos asignados por el Congreso. En ese momento, no se retuvo ningún financiamiento, pero algunos de los estados temían que la medida fuera inminente.
Los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Vermont presentaron la demanda en mayo, diciendo que la nueva llamada “Directiva Duffy” los ponía en una posición imposible.
“Los estados pueden intentar cumplir con una condición ilegal e inconstitucional que les haría renunciar a su control soberano sobre sus propios policías y reduciría la disposición de los inmigrantes a denunciar delitos y participar en programas de salud pública, o pueden renunciar a decenas de miles de millones de dólares de fondos que regularmente utilizan para apoyar las carreteras, autopistas, ferrocarriles, vías aéreas, transbordadores y puentes que conectan sus comunidades y hogares”, escribieron los fiscales generales en documentos judiciales.
Sin embargo, la fiscal federal interina de Rhode Island, Sara Miron Bloom, dijo al juez que el Congreso ha otorgado al Departamento de Transporte el derecho legal de establecer condiciones para el dinero de las subvenciones que administra a los estados, y que exigir el cumplimiento y la cooperación con las fuerzas del orden federales es un ejercicio razonable de esa discreción. Permitir que el gobierno federal retenga los fondos mientras la demanda avanza no causa ningún daño duradero, escribió Bloom en documentos judiciales, porque ese dinero siempre puede ser distribuido más tarde si es necesario.
