XPUJIL, México (AP) — Miguel Ángel Díaz avanza despacio, tratando de evitar que el crujido de sus pisadas sobre las hojas secas ahuyente lo que anda buscando. Se adentra en el tupido bosque de árboles de ramón y chicozapote hasta llegar a un pequeño pantano, donde un cartel advierte: “¡Cuidado con el cocodrilo!”. El guía pide que escuchemos el golpeteo incesante contra un tronco. “Es un pájaro carpintero”, susurra, apuntando con su láser la cresta roja del ave.
Miguel Ángel aprendió hace años a descifrar los sonidos de la selva de Calakmul, al sur de la península de Yucatán, y en pocos minutos reconoce el canto de un tucán, la cola azul de una chara yucateca y los relucientes ojos de un cocodrilo moreletii.
Aunque todavía es temporada alta, esta mañana le costó encontrar turistas a los que ofrecer sus servicios de guía para las ruinas mayas que se esconden en esta selva, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco. El año pasado apenas 50.000 personas la visitaron, pero Miguel Ángel sabe que pronto empezarán a venir muchas más.
A unos veinte kilómetros de allí, las máquinas retroexcavadoras se abren paso en la selva para construir las vías del Tren Maya, el proyecto de 20.000 millones de dólares impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los troncos de los árboles recién derribados para abrir la brecha de 40 metros de ancho se apilan a ambos lados de la estrecha carretera que lleva a las ruinas.
Ahora, los rugidos de los monos aulladores resuenan en lo alto de esas pirámides casi desiertas, desde las que sólo se ve un mar verde. El proyecto insignia del Gobierno de México busca llevar a este recóndito lugar hasta tres millones de turistas al año y espera que eso se traduzca en desarrollo económico para algunas de las zonas más empobrecidas del país.
“El tren va a traer más turistas, va a haber más empleo para nosotros los guías”, dice Miguel Ángel bajo la sombra de un árbol repleto de lianas. “Pero va a ser un fuerte golpe para la naturaleza”.
Fonatur, el ente público para el fomento del turismo encargado de la obra, asegura que el tren resolverá la falta de infraestructura de transporte en el sureste de México, que ha llevado “a que no todos los destinos turísticos de la zona se hayan desarrollado plenamente”. Además, el plan contempla construir complejos hoteleros y comercios alrededor de las 20 estaciones del tren, que también transportará mercancías, desde combustibles hasta productos de la creciente agroindustria de la región.
Pero los 1.500 kilómetros que recorrerá por la península de Yucatán pasarán por ecosistemas únicos, como los cenotes y ríos subterráneos de la Riviera Maya, lo que levantó el año pasado una oleada de críticas y demandas que incluso detuvo temporalmente las obras. Ahora el foco está puesto en el arranque de los trabajos en el tramo que cruza la reserva de Calakmul, que forma parte de la selva maya, la mayor extensión de bosque tropical de América después del Amazonas.
“No estoy en contra del tren, pero para un megaproyecto de este estilo normalmente pasan más de 10 años de planeación”, dice la primatóloga británica Kathy Slater, que lleva una década trabajando en la región con la organización Operación Wallacea. Esto, reprocha, es sin planificación, “es una locura, no están contemplando los impactos”.
El presidente ha reiterado que quiere ver el tren rodando a finales de este año, antes de que acabe su mandato, por lo que en 2021 decretó la obra como un asunto de “seguridad nacional” para acelerar los procesos de consulta y evaluación ambiental. La construcción de varios tramos pasó a manos del Ejército, como el que cruza Calakmul.
En Xpujil, la principal localidad de esa zona, los militares trabajan en las obras del tren a pesar de que un juez ordenó que se detuvieran. El magistrado aceptó en 2020 el amparo presentado por el Consejo Regional Indígena de Xpujil, que denunció que el proyecto no se consultó debidamente con la población.
“Solamente hablaron de los beneficios del megaproyecto, pero no de los impactos o de los perjuicios que va a tener”, dice Jesús León Zapata, uno de los demandantes. La oficina de derechos humanos de la ONU alertó en diciembre de que el decreto de “seguridad nacional” del proyecto estaba poniendo en peligro “los derechos de los pueblos originarios a la tierra y los recursos naturales”.
Pero el presidente ha argumentado en varias ocasiones que el decreto de “seguridad nacional” permite legalmente seguir adelante con las obras. Para Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el gobierno no está respetando el Estado de derecho. “No se han respetado las suspensiones del poder judicial. Es un tema grave”.
Mientras tanto, las obras han atravesado de punta a punta el terreno de Norma Rosado, en la comunidad de Nuevo Conhuas. Desde su casa de tablones de madera y techo de lámina dice que el tren les está beneficiando, porque además de pagarles 110.000 pesos (unos 5.800 dólares), el gobierno les ha prometido mejorar los caminos y reparar un acueducto que viene desde Candelaria para llevar agua a sus casas. Eso es lo que más le importa: el agua. En el patio apila todo tipo de depósitos y cubetas, que llena a toda prisa con unas mangueras cuando llega el agua, una o dos veces a la semana, a veces solo por un par de horas.