STAMFORD. La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo con una votación de 6 a 3, estableciendo que los agentes fronterizos no están obligados a contar con “pruebas claras y convincentes” de que un residente permanente legal (LPR, por sus siglas en inglés) ha cometido un delito que implica “depravación moral” para determinar que dicho residente no conserva su derecho a reingresar al país tras un viaje al extranjero, sino que debe solicitar nuevamente su admisión.
El caso, “Blanche v. Lau”, involucra a un residente permanente legal a quien se le permitió reingresar al país tras un viaje al extranjero mientras tenía pendiente un proceso penal en su contra que aún no se había resuelto. Posteriormente, fue sometido a procedimientos de expulsión tras declararse culpable de falsificación de marcas registradas, un delito que el tribunal asumió, a efectos de la argumentación, como un “delito que implica depravación moral”.
Lau impugnó la orden de expulsión, argumentando que, en el momento en que se le permitió reingresar al país, los agentes fronterizos no debieron haberlo tratado como a una persona que solicitaba una nueva admisión en los EE. UU., dado que las acusaciones en su contra aún no habían sido probadas.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito le dio la razón a Lau y revocó las decisiones anteriores de los tribunales de inmigración. La Corte Suprema anuló el fallo del Segundo Circuito y devolvió el caso al tribunal inferior. LatinoJustice, junto con Asian Americans Advancing Justice (AAJC), el Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF) y el Immigrant Defense Project, presentó un escrito de “amicus curiae” en el caso, argumentando que cambiar el estatus de un titular de tarjeta de residencia (green card) a una “temporal” dificulta que los residentes permanentes legales trabajen, estudien, abran cuentas bancarias o consigan vivienda.
Lourdes M. Rosado, presidenta y asesora jurídica general de Latino Justice PRLDEF, dijo al respecto: “Como señala la magistrada Jackson en su opinión disidente, esta decisión desacertada de la Corte Suprema otorga esencialmente un cheque en blanco a los agentes fronterizos, quienes pueden presumir que cualquier persona acusada de un delito ya es culpable; esto es lo opuesto al principio jurídico de nuestro país que presume la inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad.
“Este fallo deja, en la práctica, a 12,8 millones de residentes legales permanentes a merced de la decisión de los agentes fronterizos de rebajar su estatus migratorio al intentar reingresar al país, prácticamente sin recursos para defenderse de cambios arbitrarios en dicho estatus. El mensaje es que, al viajar, sus tarjetas de residencia (green cards) no les brindan protección alguna y corren el riesgo de ser separados injustamente de sus hogares, empleos y familias al ser sometidos a detenciones inhumanas.
La Corte Suprema otorga a los agentes fronterizos de inmigración (ICE) un “cheque en blanco” para determinar en la frontera si los titulares de tarjetas de residencia (Green Cards) pueden ser deportables bajo sospecha de haber cometido delitos que conllevan la deportación, replicó Latino Justice.
“Considerando los precedentes de otros casos que ya otorgan a los funcionarios de inmigración una amplia discrecionalidad para someter a un escrutinio adicional a latinos y otras personas de quienes se presume que carecen de derecho a vivir y trabajar en EE. UU., esta decisión no hace más que reforzar el mensaje de que esta administración considera que millones de personas en nuestro país no pertenecen a él. LatinoJustice PRLDEF continuará trabajando para garantizar que todas las personas en este país sean tratadas con dignidad y que sus derechos sean protegidos”.
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