Por Jordan Nathaniel Fenster /CT INSIDER
La campaña contra la inmigración del presidente Donald Trump desde que asumió el cargo ha llevado a muchos a preguntarse cuáles son las reglas en torno a la policía y qué autoridad tienen en materia de inmigración. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha arrestado a miles de personas desde que Trump asumió el cargo, pero la disposición a cooperar con el ICE ha variado según el estado.
Los agentes de la policía estatal de Connecticut no pueden, según sus propias políticas y procedimientos, trabajar con funcionarios federales de inmigración ni investigar cuestiones relacionadas con la inmigración.
Si bien, “no es la intención del Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública (DESPP) impedir la actividad de aplicación de la ley federal”, según el manual de administración y operaciones de la agencia, los agentes están limitados por las políticas establecidas en ese manual.
“Nuestro deber es garantizar la protección de los derechos garantizados por las Constituciones de los Estados Unidos y el Estado de Connecticut”, según un portavoz de la policía estatal. “La investigación y aplicación de la ley federal de inmigración generalmente no está dentro de nuestras responsabilidades como agentes de la ley, excepto lo que cae dentro del alcance de la Ley de Confianza de Connecticut”.
La Ley de Confianza fue una ley aprobada originalmente en 2013 que describía cómo la policía estatal y local debía interactuar y si podían cooperar con el ICE. La ley se actualizó unos seis años después para cerrar algunas lagunas.
El manual de la policía estipula que “el DESPP no realizará investigaciones relacionadas con la inmigración y no indagará rutinariamente sobre el estatus migratorio específico de las personas encontradas durante las operaciones policiales normales”.
Asimismo, se “desaconseja enérgicamente” a los agentes de policía hacer preguntas relacionadas con la ciudadanía, aunque se afirma explícitamente que “la seguridad del público” tiene prioridad.
El manual A&O explica que cuando se arresta a una persona y se le toman las huellas dactilares, las autoridades federales, entre ellas los funcionarios de inmigración, pueden ser notificadas automáticamente.
“Cuando una agencia de aplicación de la ley detiene a una persona y se le toman las huellas dactilares con fines de justicia penal, sus datos biométricos se envían automáticamente a través de bases de datos federales a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que comparte esta información con el DHS y su Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (IDENT)”, según el manual. “Cuando se produce una coincidencia de este tipo, el ICE determina qué medida de control de inmigración desea adoptar su agencia, si corresponde”.
Sin embargo, la Ley Trust impide que las autoridades policiales estatales arresten o detengan a personas basándose en órdenes administrativas civiles. Ese estatuto se aplica a los agentes de policía de Connecticut, los comisionados de fianzas y los empleados de los departamentos de policía o seguridad escolar.
El manual A&O establece que ningún funcionario de policía estatal o local puede arrestar a una persona basándose en una orden de detención de inmigración civil a menos que un juez haya firmado una orden, si la persona ha sido condenada por un delito grave o si existe una posible coincidencia con una base de datos federal de terroristas.
Los funcionarios locales tampoco pueden “Gastar o utilizar tiempo, dinero, instalaciones, propiedad, equipo, personal u otros recursos para comunicarse con una autoridad federal de inmigración con respecto al estado de custodia o la liberación de una persona objeto de una orden de detención de inmigración civil”, o “dar a una autoridad federal de inmigración acceso para entrevistar a una persona que esté bajo la custodia de una agencia de aplicación de la ley”.
Además, los agentes de policía estatales deben mantener registros de todas las solicitudes realizadas por los funcionarios de inmigración y presentar dichas solicitudes a la Oficina de Política y Gestión del estado.
