Una treintena de legisladores envían una carta a Trump exigiendo que rinda cuentas por el desvío de funcionarios del FBI, la DEA y otras agencias federales para el ICE
Por Patricia Caro
La gran escala de la campaña contra la inmigración emprendida por la Administración de Donald Trump no se podía llevar a cabo con el personal que hasta su llegada estaba dedicado a la tarea, por lo que ha traspasado funcionarios que pertenecían a otras agencias federales en detrimento de la labor que desempeñaban. Como resultado, la seguridad pública se ve afectada. Así lo ven los 29 senadores que se han unido al senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, para enviar una carta al Gobierno denunciando el peligro de retirar a miles de agentes federales de sus funciones para mantener a los delincuentes peligrosos fuera de las calles y reasignarlos a la detención y deportación de inmigrantes, en su mayoría no violentos.
“En un contexto en el que debemos priorizar el uso de recursos limitados, un agente que detiene a inmigrantes no violentos significa necesariamente un agente menos disponible para capturar a pedófilos y narcotraficantes”, escribieron los senadores. “Esta desviación de recursos representa una decisión deliberada: una sorprendente abdicación de las responsabilidades básicas del poder ejecutivo ante el pueblo estadounidense y una amenaza directa a la seguridad de las comunidades en todo el país”. Los legisladores enviaron la carta, con fecha del 5 de enero, al presidente Trump, la fiscal general, Pam Bondi, y la secretaria del Departamento de Seguridad nacional (DHS), Kristi Noem.
Los senadores hacen referencia a un informe que publicó el instituto CATO en septiembre en el que reveló que se han desviado 28.390 funcionarios de agencias federales del orden público, para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El mayor daño, según los legisladores, corresponde a la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dedicada a combatir la explotación infantil, desmantelar las redes de trata de personas, detener el tráfico de fentanilo y luchar contra los cárteles y otras organizaciones criminales. Según el informe de CATO, casi el 90% del personal HSI, 6.198 de 7.100 funcionarios, se ha traspasado para colaborar con el ICE.
“Esta no es una preocupación abstracta: según informes de una investigación sobre un caso de abuso sexual infantil violento, los agentes que trabajaban en el caso fueron reasignados a la aplicación de la ley de inmigración, lo que provocó que el caso se estancara”, afirman los senadores. “Desviar a estos investigadores para inflar las estadísticas de deportación no es simplemente irresponsable, sino que constituye un incumplimiento del deber con consecuencias de vida o muerte que pone en peligro la seguridad de nuestros hijos”, agregan. Durante la última década, el HSI ha rescatado a casi 10.000 niños de la explotación, el abuso y la trata, según sus datos.
Asimismo, denuncian el lastre que supone la reasignación de tareas a casi una cuarta parte de los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI). La agencia ha reducido la cantidad de información que comparte con las autoridades policiales locales, “lo que ha mermado su capacidad para proteger a los estadounidenses de ataques terroristas”, aseguran. Como ejemplo, hacen referencia a una investigación conjunta del FBI y el HSI sobre envíos ilícitos de petróleo iraní —un plan que supuestamente financia a organizaciones terroristas—, que “se ha visto perjudicada por la reasignación de recursos, hasta el punto de que barcos y dinero en efectivo han desaparecido antes de poder ser incautados”.
Según una investigación de The New York Times sobre los datos del HSI publicada en noviembre, el número de detenciones realizadas por agentes especiales de la agencia por infracciones relativas a la inmigración pasó de 5.000 a 94.500 en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre. En consecuencia, las detenciones por narcotráfico disminuyeron un 11%, se abrió un 15% menos de nuevas investigaciones sobre delitos de narcotráfico y el número de armas incautadas se redujo un 73%.
Los legisladores exigen a la Administración que dé explicaciones sobre el traspaso de los agentes antes del 19 de enero. Entre otras demandas, piden que se les informe del personal asignado a tareas de control de inmigración procedente de todas las agencias federales, una lista de todas las investigaciones suspendidas, finalizadas o reasignadas y una evaluación de las amenazas, los riesgos u operativas que haya servido de base para la decisión de reasignar personal.
Los senadores inciden en la falsedad del discurso oficial de que el ICE está deteniendo a “lo peor de lo peor”. A pesar de que desde la Administración se hace alarde de haber deportado a criminales, la mayoría de los expulsados carece de antecedentes penales. “El hecho de que la mayoría de las personas arrestadas durante las operaciones de control de inmigración hasta la fecha no tengan antecedentes penales desmiente la afirmación del Gobierno de que está persiguiendo a los delincuentes más peligrosos. En cambio, sugiere que se está sacrificando la capacidad de las fuerzas del orden federales para impulsar una campaña de deportación orquestada políticamente”, sostienen.
Otras agencias que han experimentado traspaso de personal para el ICE son la Administración para el Control de Drogas (DEA), que ha destinado la mitad de sus funcionarios a la cruzada antiinmigración, y la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF), con más de dos tercios del personal reasignado para esa tarea.
12.000 agentes de inmigración más
Trump estableció como prioridad de su mandato llevar a cabo la mayor deportación de la historia, pero los medios con los que contaba hacían imposible el desafío. Para consumarlo, el presidente ha destinado una cantidad desorbitada de fondos, 170.000 millones de dólares, en su “gran y hermosa ley” para operaciones de detención y deportación, incluyendo fondos para nuevas cárceles, más agentes y muros fronterizos. La Administración inició también una campaña para reclutar nuevos agentes del ICE. Este lunes el DHS informó de que las solicitudes superaron las expectativas. “La buena noticia es que, gracias a la importante ley que firmó el presidente Trump, contamos con 12.000 agentes y oficiales adicionales del ICE desplegados por todo el país”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. “Esto representa un aumento del 120% en nuestra plantilla. Y todo esto en tan solo unos cuatro meses”, añadió. Con las nuevas incorporaciones, el número de agentes del ICE ha pasado de 10.000 a 22.000.
