WASHINGTON (AP).- El Departamento de Educación está delegando dos de sus funciones más importantes: la supervisión de la educación especial y los derechos civiles a otras agencias. Con los últimos movimientos, el departamento habrá perdido la gran mayoría de sus funciones.
Disolver el departamento por completo requiere una ley del Congreso. Aun así, los últimos acontecimientos acercan significativamente a la administración a cumplir la promesa del presidente Donald Trump de cerrar el Departamento de Educación, que, según él, devolverá la educación “a los estados”.
La administración presenta las acciones del martes como una colaboración entre agencias federales destinadas a reducir la burocracia. El Departamento de Justicia se encargará de la aplicación de los derechos civiles en las escuelas, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisará la educación especial. El Departamento de Justicia también gestionará trabajos relacionados con la protección de la privacidad estudiantil.
Cómo gestiona el Departamento de Educación los derechos civiles y la educación especial
Cuando los padres creen que su hijo sufre discriminación en el colegio, y cuando las autoridades locales no logran solucionarla, las familias a menudo recurren a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación como último recurso. La oficina investiga denuncias presentadas por estudiantes, padres y grupos de defensa que alegan violaciones de derechos civiles en escuelas, universidades y centros de acceso a fondos federales. También ocasionalmente inicia una investigación por sí mismo.
Según los hallazgos de un investigador, el departamento puede obligar a la escuela a solucionar el problema. Las escuelas que se niegan corren el riesgo de perder dinero federal.
La oficina investiga una amplia gama de denuncias, incluyendo alegaciones de discriminación por motivos de raza, sexo, religión y discapacidad. Como ejemplos, una denuncia puede señalar un trato desigual a niñas y chicos en el deporte, o puede alegar que un colegio gestionó mal las denuncias de agresión sexual. Podría decir que una escuela disciplina a estudiantes de una raza de forma más dura que de otra.
La administración Trump ha utilizado la Oficina de Derechos Civiles para sus propios fines, obligando a las escuelas a cumplir con sus puntos de vista sobre diversidad, equidad e inclusión. Algunos colegios y universidades han cerrado oficinas de DEI y han abandonado los esfuerzos para cerrar las brechas de rendimiento entre estudiantes blancos y sus compañeros negros y latinos. La Oficina de Derechos Civiles también ha hecho cumplir los esfuerzos de la administración para expulsar a los deportistas transgénero del deporte.
En educación especial, el Departamento de Educación desempeña indirectamente un papel fundamental en la vida de los estudiantes con discapacidad, repartiendo miles de millones de dólares a las escuelas.
El departamento de la oficina de educación especial garantiza que los estados cumplan con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, que garantiza el acceso a la educación para los estudiantes con discapacidad. También apoya programas vocacionales especiales y orientación profesional para jóvenes con discapacidad. La oficina empleó en su día a unas 200 personas y ahora cuenta con unas 121.
¿Qué programas educativos han pasado a otras agencias?
Trump hizo campaña para desmantelar el departamento. El pasado marzo, poco después de la confirmación de la secretaria de Educación Linda McMahon, la administración aprobó importantes reducciones en la plantilla del Departamento de Educación, reduciendo su personal aproximadamente a la mitad.
Desde entonces, el Departamento de Educación ha estado cediendo diversas operaciones, incluidos enormes programas de subvenciones, a través de una serie de acuerdos interinstitucionales.
Los trabajos que ya han sido reasignados incluyen financiación del Título I para escuelas que atienden a comunidades de bajos ingresos, así como fondos más pequeños para la formación de profesores, la enseñanza del inglés y un programa de acceso a la universidad conocido como TRIO. Estos programas están ahora en el Departamento de Trabajo.
La cartera federal de préstamos estudiantiles se está entregando al Departamento del Tesoro en fases . Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos aceptó programas de subvenciones relacionados con la seguridad, la participación comunitaria y la asistencia de padres a la universidad, además de la acreditación en escuelas de medicina extranjeras.
Los programas de idiomas extranjeros y un portal que rastrea los regalos extranjeros a las universidades han llegado al Departamento de Estado. Y el Departamento del Interior ahora supervisa la educación de los nativos americanos.
Lo que queda en el Departamento de Educación
Muchas de las transferencias de programas han mantenido al menos nominalmente al Departamento de Educación a cargo de la supervisión y la política, mientras trasladan las operaciones diarias a otras agencias. Las funciones más importantes del departamento están efectivamente reasignadas ahora, y lo que queda es un esqueleto de lo que fue en su día.
Las funciones que aún permanecen en el departamento incluyen los brazos de investigación de la agencia, aunque han sido considerablemente reducidos. El Instituto de Ciencias de la Educación evalúa y recopila estadísticas, y el Centro Nacional de Estadísticas Educativas administra el Boletín de Calificaciones Nacional y otras pruebas federales.
La Oficina del Secretario de Educación sigue intacta, incluyendo a su personal que ha estado firmando acuerdos con otras agencias. El departamento está trabajando para aprobar solicitudes de exenciones que den a los estados más flexibilidad para gastar dinero federal. Por último, la supervisión legal de las subvenciones principales sigue siendo responsabilidad del departamento, aunque las operaciones diarias se hayan transferido a otras agencias.
Qué cambia para los estudiantes y las familias
Una hoja informativa de la administración Trump promete: “Esta colaboración no afectará a estudiantes, padres ni familias que crean haber sufrido discriminación. Cualquier persona que crea que ha habido discriminación en un programa o actividad educativa puede presentar una queja ante el ED-OCR” — la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación.
Sin embargo, los defensores temen que el traslado de funciones clave a otras agencias complique el proceso de aplicación de los derechos de discapacidad y civiles. Actualmente, por ejemplo, si a un estudiante con discapacidad se le niegan las adaptaciones escolares, sus padres pueden a menudo apelar a una única agencia federal —el Departamento de Educación— para que gestione la infracción. Ahora, los padres pueden tener que navegar por múltiples sistemas burocráticos para obtener respuestas .
Con el traslado del trabajo en educación especial a Salud y Servicios Humanos, los estudiantes con discapacidad podían ser vistos desde una perspectiva médica y no en función de sus necesidades educativas, según los defensores.
En un modelo médico, “la discapacidad se trata como un diagnóstico a gestionar en lugar de una parte natural de la vida humana”, dijo Robyn Linscott, que dirige la política educativa en The Arc of the United States, un importante grupo de derechos de las personas con discapacidad. “Cuando esa mentalidad impulsa las decisiones educativas, es más probable que los estudiantes sean segregados, subestimados o tratados como separados de la comunidad escolar.”
Lo que aún no sabemos
Es posible que un grupo presente una demanda o modifique demandas existentes para detener estos cambios, al menos temporalmente.
Tampoco está claro qué ocurrirá con el personal de la Oficina de Derechos Civiles o con quienes supervisan la educación especial. Si queda alguna, ¿cómo se dividirán exactamente las responsabilidades, especialmente entre la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación y el Departamento de Justicia? ¿Quién se encargará de los casos existentes?
La oficina ha tenido un considerable retraso en casos, que comenzó antes de que Trump asumiera el cargo pero que ha ido creciendo durante su presidencia. En abril, un informe del senador Bernie Sanders, de I-Vermont, concluyó que la Oficina de Derechos Civiles no había alcanzado ningún acuerdo de resolución desde marzo de 2025 sobre acoso sexual, violencia sexual, aislamiento y restricción, acoso racial o disciplina escolar discriminatoria. El informe de Sanders, que forma caucus con los demócratas, también encontró más de 2.700 casos pendientes en esas categorías.
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La redactora de AP Education Annie Ma contribuyó desde Washington.
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