Senador y Casa de Representantes aprueban ley, pero firma del Gobernador sigue en cuerda floja
STAMFORD. La Cámara de Representantes y el Senado de Connecticut aprobaron disposiciones relacionadas con la Ley Trust Act, como parte de las enmiendas a la Ley Relativa a la Revisión de Diversos Estatutos de Justicia Penal; siguiendo líneas partidistas y tras su aprobación se presentará al Gobernador Lamont quien expresó su oposición a una versión más robusta de la ley presentada originalmente como Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 7212 e incluso después de que el proyecto de ley fuera aprobado fácilmente por el Comité ha sido respaldado por la coalición, e incluía la protección del acceso a los juzgados de Connecticut, así como garantías cruciales de privacidad de datos para las comunidades inmigrantes.
Este fortalecimiento limitado de la Ley Trust impulsa reformas cruciales, pero limitadas, que brindan cierto alivio. Sin embargo, los defensores señalan que esta versión representa un fracaso de los legisladores de Connecticut para estar a la altura de las circunstancias y promulgar la reforma verdaderamente significativa que las comunidades inmigrantes del estado requieren.
La aprobación se produce tras una presión pública sostenida y un considerable apoyo legislativo en los últimos meses, incluyendo una audiencia pública a principios del periodo de sesiones que atrajo a cientos de personas a testificar en persona y a más de 600 a presentar testimonios escritos, múltiples manifestaciones con cientos de asistentes en el Capitolio, un amplio apoyo de líderes interreligiosos incluyendo un Día de Acción Interreligiosa en el Capitolio, y el amplio apoyo de 52 copatrocinadores a la versión más r obusta del proyecto de ley.
El proyecto de ley, con una versión reducida, incluye un derecho de acción privada, un mecanismo de cumplimiento significativo impulsado por la coalición, que permite a las personas demandar por infracciones civiles. El texto del proyecto de ley también amplía la definición de “agentes del orden público” para incluir a los agentes de libertad condicional de menores y a los fiscales, incluyendo al fiscal de cada estado, los fiscales adjuntos y supervisores, y el fiscal estatal adjunto especial, así como a cualquier persona remunerada o que trabaje en nombre de la División de Justicia Penal y la Junta de Indultos y Libertad Condicional. Sin embargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes están decepcionados por la inclusión de excepciones para delitos graves que revierten el progreso de las Leyes TRUST aprobadas en 2013 y 2019, impiden el acceso a los sistemas judiciales y fomentan la narrativa perjudicial de que los inmigrantes representan una amenaza criminal.
Los defensores afirman que se necesitan más medidas para evitar que nuestros recursos estatales y locales se destinen a impulsar la cruel agenda de deportación masiva del gobierno federal e instan a los funcionarios electos de Connecticut a tomar medidas inmediatas para proteger el acceso a los tribunales y prevenir el uso indebido y perjudicial de datos personales sensibles y privados.
Juan Fonseca Tapia, Gerente de Campaña de TRUST Act, ¡AHORA! La votación de hoy en el Senado sobre las disposiciones para fortalecer la Ley TRUST es un paso positivo y un testimonio de nuestro poder colectivo. Sin embargo, la falta de voluntad política de nuestros líderes estatales para aprobar disposiciones más significativas pone en riesgo el legado de progreso de nuestro estado.
“Nuestras numerosas tradiciones religiosas, espirituales y éticas enfatizan como una sagrada responsabilidad de proteger y defender a los inmigrantes en nuestras comunidades”, dijo la Reverenda Jocelyn Gardner Spencer, organizadora principal de la Alianza de Acción Interreligiosa del Gran Hartford (GHIAA).
Matt McDermott, organizador principal de CONECT (Congregaciones Organizadas para un Nuevo Connecticut), declaró: “La Ley TRUST aprobado por el Senado es un paso en la dirección correcta para que la ley en su conjunto sea aplicable. Sin embargo, aún necesita que el gobernador Lamont y los líderes legislativos aborden asuntos clave pendientes. Proteger los datos de los inmigrantes que solicitaron licencias de conducir, Husky para sus hijos o el sistema universitario estatal debe ser una prioridad absoluta para cualquier sesión especial de la legislatura este otoño”.
