…Divisiones raciales, personalismos y creciente escasez de recursos en la ciudad
Los medios de comunicación irradian algo que no es inesperado: el sistema escolar que va a la bancarrota en una ciudad donde el 80% de sus habitantes no pagan impuestos porque no son dueños de propiedades y que es semejante con la situación de otras en las cuales hay un alto nivel de pobreza caracterizado por la necesidad del sistema de sección 8 entre otros paliativos para la incesante pobreza.
Recordemos que Hartford, la capital del Estado, se ha caracterizado por la existencia de problemas raciales que impusieron las “escuelas de vecindarios.” De esta manera hasta recientes décadas existieron escuelas con una población de estudiantes blancos provenientes del sector oeste de la ciudad, la de estudiantes predominantemente afroamericanos del norte de la ciudad capital, y en el centro y sur otras que acogieron a estudiantes puertorriqueños y recientemente a niños y jóvenes provenientes de países sudamericanos.
Cualesquier iniciativa de cambios o integración ha sido una constante polémica y marcaron el éxito o fracaso de las decenas de superintendentes que se turnaron al mando del sistema. Hartford tiene un récord de estos funcionarios, la mayoría con doctorado, que han tenido que lidiar con un aumento de estudiantes que requieren más servicios de educación especial, conflictos con el sindicato de maestros debido a los crecientes problemas de disciplina que no han sido solucionados por los administradores, y un sistema con una actual mayoría de estudiantes provenientes de escuelas cuyos edificios están en vías de creciente deterioro. Debemos también destacar que algunos políticos locales han centrado sus criticas irresponsables solamente en los maestros, un gremio foco de la crítica barata e inconsecuente.
Recordemos que el alcalde Arunan Arulampalam cuyos hijos asisten a escuelas de la ciudad, intentó hace algunos meses llevar a cabo una encuesta confidencial en una amplia muestra de padres con estudiantes en el sistema, para que de un modo científico se conociera esta importante opinión frente a una anunciada crisis entre ellas la posibilidad del cierre de escuelas con una baja población de estudiantes y su traslado a otras no necesariamente en el vecindario.
La iniciativa sufrió agrias criticas por parte de lideres de esas áreas que aun mantenían lo que yo denomino el “negativo síndrome de los vecindarios.”
Es en este momento cuando surge un nuevo problema que es importante mencionar: la airada reacción de la señora Shonta Browdy, presidenta de la Junta de Educación quien se indignó diciendo a los medios de comunicación que el alcalde de la ciudad de Hartford que en última instancia proporciona con los asambleístas municipales el dinero para que funcionen los Departamentos de la Policía y Bomberos, entre otras agencias, “no podía llevar a cabo encuestas ni decidir cerrar escuelas porque esas funciones y decisiones eran “exclusivas” de la Junta de Educación cuyos nueve miembros habían sido elegidos por elecciones.”
Pero, señora Browdy, ¿no es también verdad que el alcalde está en su puesto por elecciones donde participan todos los ciudadanos y se le debe reconocer cómo tal?
Así se produjo un quiebre importante de comunicación porque cesa el vital contacto profesional y humano entre dos lideres elegidos por elecciones en los momentos en que se anuncia que el sistema de educación pública enfrenta un déficit cercano a los 70 millones de dólares para enfrentar el año escolar 2026-2027.
El sistema escolar de un agobiado Hartford enfrenta ya a pocos meses de finalizar el año fiscal un déficit de 22 millones debido a varios motivos muy bien mencionados por el alcalde Arulampalam, entre ellos la necesidad de contratar a 60 para profesionales para proveer atención académica individualizada.
En Hartford los costos de tuición para estudiantes que requieren educación especial han aumentado en cuatro millones, como asimismo el pago del transporte escolar y la mantención de escuelas afectadas por una disminución de estudiantes y otras que requieren urgentes reparaciones.
La bancarrota es un golpe importante para los ciudadanos y los servicios públicos ya que en el caso del sistema escolar éste ya no tiene solvencia económica para conseguir más dinero.
Frente a todo esto, continúan las fricciones entre la presidenta de la Junta de Educación quien ahora quizás entienda que el alcalde de la ciudad es una figura importante con capacidad de abogar por lo estudiantes cuando se produce el descalabro del sistema y no se le debe marginar de un diálogo.
Lo que sucede no es cuestión de superintendentes con o sin doctorados, sino que la necesidad urgente de una comunicación expedita entre lideres electos que actualmente no existe porque personalidades como la de la señora Shonta Browdy conciben a la Junta de Educación como una mini república bajo su total y absoluto control. Pero según ella, hay una buena noticia. Se está reuniendo con el nuevo superintendente Dr. Andrae Townsel y el alcalde “una vez al mes.”
¿Es esto suficiente en los momentos de una grave crisis? No.
