Un arresto que abre una nueva batalla sobre el “Trust Act” en Connecticut
MERIDEN. La detención de un hombre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro del Tribunal Superior de Meriden desencadenó un enfrentamiento entre activistas, agentes federales y personal de seguridad judicial, y abrió una nueva disputa sobre los límites de la actuación migratoria en los tribunales de Connecticut.
El incidente ocurrió el miércoles 23 de septiembre y dejó al menos dos personas heridas: una mujer denunció haber sido rociada con gas pimienta por un agente de ICE y otra fue trasladada en ambulancia después de caer al suelo durante el forcejeo con personal de seguridad del tribunal. El episodio fue registrado en videos por miembros de grupos de respuesta rápida que se encontraban en el lugar.
La controversia adquiere especial importancia porque Connecticut cuenta con una legislación conocida como Trust Act, que establece límites a determinadas acciones de las autoridades de inmigración en los tribunales estatales. La ley también contempla restricciones sobre el uso de máscaras por parte de agentes del orden en esos espacios.
El Poder Judicial de Connecticut confirmó que ICE realizó un arresto dentro del tribunal y que los marshals judiciales recibieron previamente un documento denominado “Warrant of Removal/Deportation”, relacionado con una orden final de deportación. Sin embargo, el punto que permanece bajo revisión es si ese documento cumplía con el requisito establecido por la legislación estatal.
Según CT Insider, el documento presentado correspondía al formulario I-205, utilizado por ICE como una orden administrativa de remoción y que no equivale a una orden judicial firmada por un juez. El gobernador Ned Lamont declaró el jueves que, según la información que había recibido de su asesor jurídico, el arresto se habría realizado con un detainer y no con una orden judicial, aunque señaló que verificaría esa información.
El Poder Judicial, por su parte, inició una revisión del documento presentado y de los videos registrados durante el incidente para determinar si se cumplió con la legislación estatal.
Washington acusa a los marshals; Connecticut responde
La disputa escaló el viernes 25 de septiembre cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió una versión diferente de los acontecimientos.
El gobierno federal afirmó que varios marshals judiciales intentaron impedir el arresto y que incluso uno de ellos habría amenazado a un agente de ICE. DHS también sostuvo que los agentes federales actuaron durante una operación dirigida contra un ciudadano ecuatoriano identificado como Welington Leonel Almara-Diaz. Según la versión federal, el hombre tenía una orden final de deportación y antecedentes relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol, conducción sin licencia y otras infracciones vehiculares.
El Poder Judicial de Connecticut no ha aceptado esas acusaciones como hechos establecidos. Stephen N. Ment, portavoz de la institución, declaró que, después de una revisión preliminar de videos y entrevistas, no consideraban que sus marshals hubieran impedido el trabajo de los agentes federales, aunque la investigación continúa y se tomarán medidas si las acusaciones resultan comprobadas. La Policía Estatal de Connecticut también confirmó que el caso permanece abierto y bajo investigación.
Mientras las autoridades revisan lo sucedido, los grupos de defensa de los inmigrantes elevaron sus críticas.
Hands Off Connecticut, colectivo que reúne organizaciones comunitarias de distintas partes del estado, calificó el operativo como una grave violación de la dignidad de la comunidad y cuestionó si las autoridades estatales están haciendo cumplir las protecciones establecidas por el Trust Act.
Entre las organizaciones que forman parte de su comité directivo se encuentran Danbury Unites For Immigrants, CT Immigrant Support Network, Hartford Deportation Defense, Bridgeport Rapid Response, Middletown Immigrants’ Rights Alliance, New Haven Immigrants Coalition, Stamford Norwalk United for Immigrants y New London Immigrant Defense.
La agrupación reclama al Abogado general de CT William Tong, una investigación sobre el cumplimiento del Trust Act y pide al gobernador Ned Lamont y a la Legislatura crear un mecanismo independiente que pueda auditar y hacer cumplir las leyes estatales relacionadas con las operaciones migratorias.
También solicita la creación de un fondo de emergencia de 10 millones de dólares para financiar representación legal y asistencia económica para familias afectadas por procesos de deportación.
El enfrentamiento en Meriden ocurre en un momento de creciente actividad migratoria de ICE en Connecticut.
Datos de arrestos de ICE obtenidos por el Deportation Data Project, y citados por Connecticut Mirror, registraban aproximadamente 455 arrestos de personas en libertad en Connecticut entre enero y el 5 de agosto de 2026. En Meriden se habían contabilizado 32 detenciones de este tipo hasta esa fecha. Los datos no incluyen transferencias de personas que ya se encontraban bajo custodia.
Danbury también experimentó un fuerte incremento de actividad migratoria durante agosto, mientras organizaciones comunitarias han denunciado operativos y detenciones en diferentes puntos del estado. Esas organizaciones sostienen que el aumento de las acciones de ICE ha generado temor entre familias inmigrantes.
El episodio de Meriden coloca ahora el foco en una cuestión más amplia: hasta dónde puede llegar una agencia federal dentro de un tribunal estatal y quién tiene la autoridad para determinar si se respetaron las leyes de Connecticut.
La respuesta dependerá de las investigaciones actualmente abiertas y de la revisión del documento utilizado para efectuar el arresto. Mientras tanto, el caso ha convertido al Tribunal de Meriden en el escenario de una nueva confrontación entre la política federal de inmigración y las leyes de protección aprobadas por Connecticut.
La disputa ya no es solamente sobre un arresto. También está en juego cómo se aplicará el Trust Act y qué mecanismos tiene Connecticut para hacer cumplir su propia legislación frente a las operaciones federales de inmigración.
