No se puede tolerar tanta violencia en las calles debe existir más protección ante las operaciones de ICE
DANBURY.- Mientras una nueva ley de Connecticut establece protecciones especiales para escuelas, hospitales, agencias de servicios sociales y lugares de culto, organizaciones comunitarias de Danbury están exigiendo al estado medidas adicionales para proteger a las familias inmigrantes frente a las operaciones de control migratorio (ICE).
La disposición de “áreas protegidas” de la Ley Pública 26-14, anteriormente vinculada al proyecto de ley SB 397, entró en vigor el 1 de octubre de 2026. La legislación establece que en esos espacios una persona no puede ser arrestada únicamente por una infracción civil, como una violación migratoria, sin una orden judicial.
La entrada en vigor de esta medida ocurre después de varias semanas de tensión relacionadas con operativos de inmigración en Connecticut, incluyendo incidentes denunciados en Danbury y otros puntos del estado.
Danbury Unites for Immigrants sostiene que la nueva protección representa un avance, pero afirma que no es suficiente. “Cuando los inmigrantes son perseguidos y sometidos a perfiles raciales, toda la comunidad resulta afectada”, señala la organización.
El grupo está pidiendo a los funcionarios electos de Connecticut que adopten nuevas medidas para limitar lo que sus integrantes describen como violencia y uso excesivo de la fuerza durante las operaciones de ICE.
Carolina Bortolleto, voluntaria de Danbury Unites for Immigrants, describió la última semana de agosto como un momento especialmente difícil para la comunidad. Según Bortolleto, más de 60 personas fueron sacadas de sus hogares durante esa semana, mientras agentes de inmigración realizaron operativos en diferentes puntos de la ciudad.
La organización afirma que agentes de ICE estuvieron presentes en zonas cercanas a paradas de autobuses escolares durante el primer día de clases, en un estacionamiento de supermercado y en lugares donde se encontraban trabajadores.
“Los padres tenían miedo de llevar a sus hijos a la escuela, los niños tenían miedo de regresar a casa y encontrar a sus padres desaparecidos, la gente tenía miedo de ir al supermercado y de ir a trabajar”, afirmó Bortolleto.
La activista describió una ciudad afectada por el temor y aseguró que, hacia el final de esa semana, las calles de Main Street estaban prácticamente vacías. Estas afirmaciones forman parte del testimonio de la organización comunitaria y no constituyen por sí mismas una determinación oficial sobre cada uno de los incidentes denunciados.
La nueva ley establece protecciones en lugares considerados esenciales para la vida cotidiana de las comunidades. Entre ellos están:
• Escuelas • Hospitales y centros de atención médica • Instalaciones de agencias de servicios sociales • Lugares de culto
La legislación busca impedir determinados arrestos basados únicamente en infracciones civiles cuando no existe una orden judicial.
La medida es particularmente significativa para las comunidades inmigrantes que, según organizaciones defensoras, han expresado temor de acudir a hospitales, escuelas, iglesias, bancos de alimentos y otros servicios públicos.
Julian Shafer, maestro en Danbury, afirmó que la protección de las escuelas es fundamental para preservar un ambiente seguro para los estudiantes. Según Shafer, los estudiantes no documentados pueden sentir temor de asistir a clases, mientras que otros niños pueden verse afectados al presenciar operaciones de inmigración.
“Las escuelas deben ser lugares donde nuestros estudiantes tengan un sentido de seguridad y pertenencia”, sostuvo. Denuncian uso de gas pimienta y dispositivos eléctricos
Scott Kemp, voluntario de Danbury Unites for Immigrants, presentó acusaciones más graves sobre el comportamiento de agentes federales durante los operativos registrados en Danbury. Kemp afirmó que durante una sola semana agentes empujaron a personas que se encontraban en las inmediaciones de los operativos, utilizaron gas pimienta contra varios miembros de la comunidad y utilizaron dispositivos eléctricos de inmovilización durante arrestos.
También afirmó que una persona tuvo que ser trasladada en ambulancia al Danbury Hospital después de un incidente en el que, según su relato, fue utilizado un dispositivo eléctrico. La organización sostiene además que durante otro operativo se rompió una ventana y que una persona resultó herida por los vidrios.
Estas acusaciones, como hechos judicialmente establecidos, corresponden a declaraciones de integrantes de Danbury Unites for Immigrants. “No podemos tolerar esta violencia”. Kemp afirmó que los acontecimientos de Danbury no constituyen un hecho aislado y pidió una respuesta de las autoridades estatales. “No podemos tolerar esta violencia en nuestras calles”, manifestó.
La organización está solicitando al abogado general de Connecticut, William Tong, que establezca un portal para recibir denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza y discriminación por parte de agentes de ICE y otras autoridades federales. También pide que el estado investigue esas denuncias y, cuando corresponda, presente acciones legales contra el gobierno federal.
Danbury Unites for Immigrants también está reclamando la creación de un fondo estatal de emergencia de 10 millones de dólares destinado a la defensa legal y la estabilidad de las familias afectadas por procesos migratorios.
Bortolleto afirmó que ninguna persona debería enfrentar un proceso de deportación sin representación legal y que las familias no deberían verse obligadas a escoger entre pagar un abogado y mantener una vivienda.
El reclamo de Danbury se suma a demandas similares que se han escuchado en otras partes de Connecticut. El 1 de octubre, más de 100 personas participaron en una manifestación frente al tribunal de Meriden y pidieron, entre otras medidas, mayor aplicación del Trust Act y recursos para asistencia legal de personas afectadas por la aplicación de las leyes migratorias.
La Ley Pública 26-14 fue aprobada por la Asamblea General de Connecticut en mayo y posteriormente firmada por el gobernador como una nueva etapa para la comunidad inmigrante
Con la entrada en vigor de las áreas protegidas, Connecticut incorpora nuevas restricciones a determinadas acciones de control migratorio en espacios considerados esenciales para la comunidad.
Pero en Danbury, las organizaciones de inmigrantes sostienen que la protección legal debe ir acompañada de recursos para las familias, asistencia jurídica y mecanismos para investigar posibles abusos. El mensaje de los activistas es directo: la protección no debe quedarse solamente en el papel.
Mientras las nuevas disposiciones comienzan a aplicarse, la comunidad inmigrante de Danbury reclama que escuelas, hospitales, iglesias y servicios sociales sean realmente espacios de seguridad y que las denuncias sobre posibles abusos durante las operaciones migratorias sean investigadas por las autoridades correspondientes
