STAMFORD. La actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó durante agosto niveles que organizaciones defensoras calificaron como los más altos observados en Connecticut, pero las detenciones y la presencia de agentes federales han continuado durante septiembre, manteniendo la preocupación entre comunidades inmigrantes del estado.
El episodio de mayor intensidad comenzó el 24 de agosto, cuando agentes federales realizaron múltiples arrestos en Danbury y posteriormente en otras ciudades, entre ellas Stamford y Bridgeport. Connecticut Public y La Voz Hispana de Connecticut; reportaron inicialmente al menos 20 detenciones en esas tres ciudades y recogieron la declaración de defensores que calificaron la actividad como un nivel sin precedentes en el estado.
Posteriormente, organizaciones que monitorean la actividad de ICE reportaron más de 100 detenciones durante una semana de operativos. Para el 10 de septiembre, Connecticut Immigrant Support Network había confirmado 94 detenciones hasta el jueves anterior en Bridgeport, Danbury, Hamden, Hartford, Redding y Stamford: 64 en Danbury, 11 en Bridgeport y ocho en Stamford, además de las registradas en las otras localidades. Los defensores advirtieron que la cifra podía ser mayor.
118 arrestos confirmados por ICE
La cifra oficial conocida posteriormente fue de 118 arrestos durante un operativo de cuatro días en Connecticut. ICE confirmó ese número y señaló que entre los cargos atribuidos a algunos de los detenidos figuraban agresión sexual contra un menor, agresión, delitos relacionados con armas y tráfico de drogas.
Las autoridades federales y los defensores comunitarios, sin embargo, han ofrecido versiones diferentes sobre algunos de los procedimientos y lugares donde ocurrieron las detenciones.
Uno de los casos que generó mayor controversia fue el de un hombre ecuatoriano detenido el 26 de agosto. Organizaciones y funcionarios locales sostuvieron que el arresto ocurrió cerca de una parada de autobús escolar, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional rechazó esa versión y afirmó que el hombre fue detenido después de que agentes detuvieran el vehículo en el que viajaba.
La actividad no terminó con el operativo de agosto le siguió septiembre
El 15 de septiembre, se informó que las comunidades seguían enfrentando las consecuencias de los arrestos. Familias quedaron afectadas por la detención de sus integrantes y organizaciones comunitarias comenzaron a coordinar alimentos, transporte, cuidado de niños y otras formas de asistencia.
El 17 de septiembre, el senador federal Chris Murphy presentó una legislación para impedir operaciones de control migratorio de DHS en parques infantiles, centros de cuidado infantil y paradas de autobuses escolares, en respuesta a los recientes operativos registrados en Connecticut.
Y el 23 de septiembre, un nuevo episodio llevó la actividad de ICE a Meriden. De acuerdo con CT Mirror, agentes federales detuvieron al menos a una persona en un tribunal de la ciudad. El enfrentamiento con activistas terminó con una mujer que afirmó haber sido rociada con gas pimienta y otra que fue trasladada en ambulancia después de caer al suelo.
Ese incidente también volvió a poner bajo discusión la aplicación del Trust Act de Connecticut, que establece determinadas restricciones a la cooperación local con las autoridades migratorias. Una nueva disposición que amplía los lugares considerados áreas protegidas —incluyendo hospitales, escuelas y lugares de culto— entrará en vigor el 1 de octubre.
También se investiga la relación entre ICE y la policía local
En septiembre, Connecticut Public publicó además una investigación sobre las comunicaciones entre ICE y departamentos de policía de Connecticut.
Los registros obtenidos mediante solicitudes de información pública mostraron que nueve departamentos policiales proporcionaron documentos que evidencian contactos con autoridades federales de inmigración, incluyendo solicitudes de información sobre personas investigadas o acusadas de distintos delitos. Stamford, por su parte, informó que encontró registros, pero no los entregó debido a procesos judiciales pendientes y expedientes sellados.
La investigación también puso de relieve las distintas interpretaciones sobre qué comunicaciones entre la policía local e ICE deben registrarse bajo la legislación estatal.
El 23 de septiembre, el senador Chris Murphy solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional información detallada sobre las operaciones realizadas en Connecticut entre el 17 y el 28 de agosto.
Murphy pidió conocer el número total de arrestos, los lugares donde ocurrieron, la participación de otras agencias federales y el estatus migratorio de las personas detenidas. También solicitó información específica sobre posibles arrestos realizados cerca de paradas de autobuses, parques infantiles y centros de cuidado infantil.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha rechazado algunas de las acusaciones formuladas por funcionarios y organizaciones comunitarias y ha defendido las acciones de sus agentes.
Así, mientras agosto marcó un fuerte incremento de las operaciones de ICE en Connecticut, los acontecimientos registrados en septiembre muestran que la presencia federal y las detenciones continúan siendo un tema de preocupación para las comunidades inmigrantes, especialmente en Fairfield County y otras zonas del estado.
Para muchas familias, la preocupación ya no se limita a un operativo específico: la incertidumbre continúa mientras esperan saber cuándo y dónde volverán a producirse nuevas acciones migratorias.
