PHOENIX (AP) — Reyna Montoya tenía 10 años cuando ella y su familia huyeron de la violencia en Tijuana y emigraron ilegalmente a Estados Unidos. Creciendo en Arizona, le preocupaba que incluso una infracción de tráfico menor pudiera llevar a su deportación.
No sintió alivio hasta 11 años después, en 2012, cuando recibió una carta confirmando que había sido aceptada en un nuevo programa para inmigrantes que llegaron al país sin permiso legal siendo niños.
“De repente, se abrieron todas estas posibilidades”, dijo Montoya, conteniendo las lágrimas. El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) implementado durante el gobierno de Barack Obama les otorgó a ella y a cientos de miles más permisos renovables de dos años para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Pero mientras el presidente electo Donald Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca, después de un intento fallido de terminar con el DACA en su primer mandato, los aproximadamente 535.000 beneficiarios actuales se preparan nuevamente para un torbellino de incertidumbre. Al mismo tiempo, un desafío judicial que lleva años contra el DACA podría finalmente declararlo ilegal, dejando a personas como Montoya sin protección contra la deportación.
“Tengo que tomar muy en serio sus palabras (de Trump), que cuando dicen ‘deportación masiva’, también incluyen a personas como yo”, dijo Montoya, quien dirige Aliento, una organización defensora de inmigrantes con sede en Arizona.
La incertidumbre no es nada nuevo para los beneficiarios del DACA. A medida que muchos pasaron de la edad escolar a la adultez, han sido testigos de varias amenazas legales contra el programa.
El DACA no acepta nuevos solicitantes desde 2021, cuando un juez federal lo declaró ilegal y ordenó que no se procesaran nuevas solicitudes, aunque los beneficiarios actuales aún podrían renovar sus permisos. La administración del presidente Joe Biden apeló la sentencia, y el caso está pendiente.
Para aquellos que obtuvieron y renovaron los permisos del DACA, los beneficios han sido transformadores. Gracias al programa, Montoya pudo trabajar legalmente por primera vez, obtener atención médica y dental, y obtener una licencia de conducir.
Muchos beneficiarios esperaban que la vicepresidenta Kamala Harris ganara la presidencia y continuara luchando por ellos. Pero la reelección de Trump, quien ha acusado repetidamente a los inmigrantes de alimentar el crimen violento y “envenenar la sangre” de Estados Unidos, ha aumentado sus temores de que DACA podría terminar y podrían enfrentar la deportación.
Por precaución, algunos se están apresurando a renovar sus permisos, según la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, que proporciona ayuda legal gratuita durante el extenuante proceso.
Otros se están preparando para posibles separaciones familiares. Pedro Gonzalez-Aboyte, residente de Phoenix y beneficiario del DACA, dijo que él y sus padres inmigrantes, junto con sus dos hermanos nacidos en Estados Unidos, recientemente discutieron la posibilidad de ser separados.
Gonzalez-Aboyte recordó que sus padres, que emigraron de México, les dijeron que si ellos no pudieran quedarse en el país, mientras los tres hijos estén aquí y estén bien, es lo que quieren para ellos.
“Esa fue una conversación muy real que tuvimos”, dijo Gonzalez-Aboyte.
Representantes del equipo de transición de Trump no respondieron a las solicitudes enviadas por correo electrónico para comentar al respecto.
Aunque no está claro cómo Trump podría impactar al DACA esta vez, ha sugerido reducir otros programas que ofrecen protección temporal para los inmigrantes y está incorporando a su administración entrante a personas de línea dura en temas de inmigración, incluidos Stephen Miller y Thomas Homan.
Durante su primer mandato, Trump intentó rescindir al DACA. Pero en 2020, la Corte Suprema concluyó que su administración puso fin al programa de manera inapropiada, aunque no se pronunció sobre la legalidad del DACA.
Sin embargo, el destino del DACA no quedará inmediatamente en manos de Trump, si es que alguna vez lo hace.
Un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito, considerada la corte de apelaciones más conservadora del país, escuchó argumentos en octubre sobre la legalidad del DACA. El caso, inicialmente presentado por Texas y otros estados liderados por republicanos en 2018, ahora se centra en una regla de la administración Biden destinada a preservar y fortalecer al DACA.
Los abogados de los oponentes al DACA argumentaron que los inmigrantes que están en el país sin permiso legal son una carga financiera para los estados. Mientras tanto, la administración de Biden, junto con los intervinientes, sostienen que Texas no ha demostrado que los costos que cita sean rastreables a la política y, por lo tanto, carece de legitimidad.
El panel no tiene un plazo para emitir un fallo, pero independientemente de eso, es probable que el resultado sea apelado, elevando potencialmente el caso a la Corte Suprema.
Stephen Yale-Loehr, profesor de práctica legal migratoria en la Universidad de Cornell, dijo que el escenario más probable es que el panel afirme que el DACA es ilegal y que el caso llegue ante la Corte Suprema. No anticipa que Trump intente terminar inmediatamente con el DACA, pero no descartó la posibilidad.
“No sé si podrían terminar el programa más rápido que el litigio actual”, dijo. “Aún podrían hacerlo, pero tienen muchos asuntos de política de inmigración en su plato”.
Yale-Loehr dijo que la administración de Biden está limitada en cómo podría ayudar a los beneficiarios del DACA en esta etapa, pero podría permitirles renovar sus permisos temprano y procesarlos lo más rápido posible.
Greisa Martinez Rosas es beneficiaria del DACA y directora general de United We Dream, una red de defensa liderada por jóvenes para inmigrantes que cuenta con más de un millón de miembros en todo el país. Dijo que el movimiento por los derechos de los inmigrantes ha crecido mucho desde el primer mandato de Trump, y se ha estado preparando para este momento durante años, “construyendo una infraestructura ágil y receptiva para que podamos hacer cambios a medida que surjan amenazas”.
Agregó que están pidiendo a los estadounidenses que ofrezcan santuario a los inmigrantes, preparándose para garantizar la seguridad física y psicológica de las personas en caso de deportaciones masivas, planeando manifestaciones y pidiendo ayuda a la administración actual.
“Todavía tenemos un par de meses para que la administración Biden use todas las herramientas a su disposición para proteger y defender a tantas personas como sea posible”, dijo Martinez Rosas en una reciente rueda de prensa. “Esperamos que lo hagan ahora más que nunca”.
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Gabriel Sandoval es miembro de la iniciativa The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, que da cobertura a temas con poca cobertura periodística.
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GABRIEL SANDOVAL
Sandoval is a statehouse reporter for The Associated Press based in Phoenix. He is a Report for America corps member.
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