BOGOTÁ (AP) — El Congreso colombiano aprobó al filo de la medianoche del martes una ley para priorizar la entrega a la justicia de grupos armados, una iniciativa del gobierno del conservador Abelardo de la Espriella en reemplazo de la “paz total” que impulsó su predecesor.
El miércoles, horas después de la aprobación de la norma, tuvo lugar un ataque con explosivos cerca de la estación de policía del municipio de Patía, ubicado en el convulso departamento de Cauca, que dejó al menos una persona muerta. Las autoridades investigan el hecho.
Diana Murillo, subsecretaria de Paz del Cauca, dijo a Noticias Caracol que murió un civil de 20 años, mientras que dos mujeres resultaron heridas.
Horas antes fue reportado por la Agencia Nacional de Infraestructura un ataque con explosivos contra un peaje ubicado en una vía del Valle del Cauca, en el suroeste del país, que no dejó víctimas.
Reemplazo de la “paz total”
De la Espriella llegó al poder prometiendo mano dura contra los grupos ilegales y con la ley que impulsó busca dejar atrás la política de diálogos de paz con múltiples grupos ilegales que promovía el progresista Gustavo Petro (2022-2026).
El Senado aprobó el proyecto por 57 votos a favor y 24 en contra, mientras que la Cámara de Representantes votó 95 a favor y 10 en contra, y resta la firma del presidente para su promulgación.
“¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas! La falsa paz total llegó a su fin”, aseguró De la Espriella en la red social X.
De la Espriella considera que la “paz total” dio incentivos equivocados a las organizaciones armadas, permitiendo su expansión territorial al tiempo que adelantaban los diálogos de paz, sin lograr desmovilizarlos.
Según la Fundación Ideas para la Paz, un centro de investigación sobre el conflicto, en diciembre de 2022 el país tenía aproximadamente 15.120 hombres en armas, mientras que en julio de 2026 la cifra ascendió a 28.802. El reporte mostró un aumento en especial del Clan del Golfo, el cártel activo más grande del país, y de las facciones disidentes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década.
La iniciativa aprobada incluye un tratamiento diferenciado para los grupos ilegales o individuos que se sometan voluntariamente a la justicia y contempla una rebaja de la pena, según sus contribuciones al desmantelamiento de la estructura ilícita.
“Abelardo… los engañó, les dijo que iban a someter a los delincuentes y al crimen y aquí estamos discutiendo en tiempo récord una ley para darles beneficios a los delincuentes, a los lavadores de dinero, a los cabecillas y a los mandos medios”, aseguró durante el debate la senadora del opositor Pacto Histórico, Carmen Patricia Caicedo.
La nueva norma no permite la suspensión de las órdenes de captura ni de extradición de los hombres armados que se sometan a la justicia, dos medidas que fueron aplicadas en el marco de la “paz total” y que recibieron críticas de algunos sectores en Colombia y del gobierno estadounidense.
Por otro lado, “se impondrán penas severas a los reclutadores y deberán entregar la totalidad de sus bienes, sin recibir un sólo peso a cambio”, según indicó el miércoles el ministro de Justicia, Iván Cancino.
Tras llegar a la presidencia en agosto, De la Espriella reactivó las órdenes de captura contra los negociadores de los grupos armados e inició la extradición de algunos de ellos hacia Estados Unidos.
Un centenar de capturas en ciudad fronteriza con Venezuela
De la Espriella dijo el miércoles en X que estuvo al frente de un operativo desarrollado hasta la madrugada en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, que dejó al menos 109 capturados y 32 personas expulsadas.El operativo denominado “Némesis” forma parte de una nueva estrategia de seguridad urbana que impulsa en ciudades capitales del país contra el crimen organizado.
El mandatario aseguró que en Cúcuta impactaron estructuras “vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal” y se incautaron 10 kilos de droga.
Cúcuta permanece militarizada desde la semana pasada por orden del presidente tras el asesinato de un exfuncionario público y un ataque con explosivos. La víspera, el mandatario lanzó una campaña militar y policial especial para “combatir las organizaciones narcoterroristas” en la zona, según la presidencia.
La ciudad lidia con violencia alimentada por grupos armados ilegales que operan en la porosa frontera con Venezuela, por donde transitan drogas y artículos de contrabando.
En paralelo, De la Espriella informó el miércoles que fueron incautados 854 kilos de cocaína y marihuana en dos operaciones en el Pacífico colombiano en las que fueron capturados cinco colombianos.
