CONNECTICUT.- Los legisladores estatales han tomado medidas para frenar la proliferación de tiendas de humo y vapeo en Connecticut y castigar a estos establecimientos sorprendidos vendiendo ilegalmente cannabis y otros productos no autorizados.
La Cámara de Representantes estatal votó 140 a 3 el lunes por la noche para aprobar una legislación que reduzca la disponibilidad de licencias para distribuidores de cigarrillos electrónicos y para dar al Departamento de Protección al Consumidor del estado razones adicionales que pueda usar para denegar el registro de un distribuidor de cigarrillos electrónicos. La legislación ahora avanza al Senado para su consideración.
Según el proyecto de ley, el departamento estaría autorizado a denegar una solicitud inicial o de renovación para el registro de un distribuidor de cigarrillos electrónicos, incluyendo cuando el solicitante tenga más del 50% de los ingresos brutos anuales procedentes de la venta de ciertos productos relacionados con la nicotina y utilice más del 25% del área de venta minorista para vender estos productos.
La medida también permitiría al departamento denegar registros iniciales, pero no solicitudes de renovación, incluyendo cuándo el negocio propuesto estaría ubicado en un municipio que ya tiene un distribuidor por cada 2.500 residentes según el censo decenal más reciente.
La ley vigente establece varios otros motivos por los cuales el departamento puede negarse a conceder o renovar el registro de un concesionario, como prácticas fraudulentas o engañosas o la falta de control efectivo contra robos, desvíos o pérdidas.
Los partidarios de la legislación afirman que las causas adicionales para negar licencias a los vendedores de cigarrillos electrónicos están destinadas a frenar el crecimiento del tabaco y las tiendas de vapeo.
Según las últimas cifras estatales, hay algo más de 1.560 licencias activas de distribuidores de cigarrillos electrónicos para negocios ubicados en más de tres cuartas partes de las 169 ciudades y pueblos de Connecticut. En el último año fiscal, el departamento recibió más de 1.400 solicitudes de renovación de licencias de cigarrillos electrónicos.
El estado grava el líquido de cigarrillos electrónicos y los productos de cigarrillos electrónicos, y el Departamento de Servicios Tributarios del estado informó haber recaudado 30,1 millones de dólares desde que el impuesto entró en vigor el 1 de octubre de 2019. Las colecciones han disminuido 1,6 millones de dólares, pasando de un máximo de más de 6,1 millones en el año fiscal 2023 a 4,5 millones en el año fiscal 2025.
Las autoridades estatales y locales han estado intensificando las comprobaciones y la aplicación del cumplimiento para combatir la venta ilegal de productos de cannabis y productos de nicotina y vapeo no regulados y no probados en tiendas de fumo y vapeo, tiendas de conveniencia y gasolineras.
El proyecto de ley autorizaría al comisionado de protección al consumidor a imponer una sanción civil de hasta 5.000 dólares por cada producto de vapor relacionado con nicotina vendido en violación de la ley de registro de distribuidores, así como por cualquier sustancia controlada o cannabis vendido, ofrecido a la venta o comercializado por un vendedor en violación de la ley estatal. Además, requeriría que estos productos sean considerados una molestia común y sujetos a incautación por parte de la policía.
Además, la legislación ampliaría el número de propietarios individuales que deben proporcionar su información de contacto y una verificación de antecedentes de terceros como parte de la solicitud de un concesionario para incluir a cualquier persona con al menos un 5% de derechos de propiedad o participación. La ley actual establece el umbral en el 10%. El proyecto de ley también ampliaría la información que los solicitantes deben proporcionar para incluir una certificación de que los productos relacionados con la nicotina o los productos de vapor que venden cumplen con las leyes federales y estatales.
El proyecto de ley ampliaría la prohibición de resolicitud de un año a cualquier persona con un interés financiero en el distribuidor de cigarrillos electrónicos y prohibiría a cualquier persona cuyo registro de vendedor haya sido revocado tener un interés financiero en otro solicitante durante un año después de la fecha de revocación.
