NORWALK..- Organizaciones comunitarias, líderes religiosos y representantes locales de Norwalk solicitaron al gobernador de Connecticut, Ned Lamont, que destine 25 millones de dólares para asistencia legal y ayuda de emergencia para familias afectadas por las detenciones migratorias, ante el aumento de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); así como un registro de las detenciones por parte de la Policía Estatal.
La petición fue presentada mediante una carta enviada el 8 de octubre por la coalición Good Trouble Indivisible Norwalk, respaldada por decenas de organizaciones y cientos de personas, entre ellas integrantes del Concejo Municipal de Norwalk, miembros de la Junta de Educación y líderes religiosos.
Según un informe a los medios, Travis Hardy, integrante del comité directivo de la organización y uno de los autores de la carta, manifestó que el grupo aún no había recibido una respuesta de la oficina del gobernador.
Los promotores solicitaron una reunión con Lamont para discutir las medidas propuestas y buscar soluciones para las familias que enfrentan dificultades económicas y legales como consecuencia de las detenciones.
La primera demanda consiste en destinar 25 millones de dólares del Fondo estatal de Respuesta a los Recortes Federales para financiar servicios legales y asistencia de emergencia. La coalición sostiene que cuando una persona detenida es el principal sostén económico del hogar, su ausencia puede dejar a la familia sin recursos para pagar el alquiler, comprar alimentos y cubrir las necesidades de sus hijos.
Los activistas proponen que los fondos sean canalizados mediante organizaciones comunitarias que ya trabajan con la población inmigrante y mantienen relaciones de confianza con las familias.
La segunda petición plantea establecer un sistema estatal para registrar incidentes relacionados con las operaciones de ICE. La propuesta busca recopilar información sobre detenciones y posibles infracciones de las leyes estatales, con el propósito de facilitar su seguimiento por las autoridades correspondientes.
Como tercera medida, los firmantes solicitan que la Policía Estatal documente presuntas violaciones legales cometidas por agentes del orden, incluidos los federales, y que los registros sean remitidos a las autoridades estatales competentes.
La carta también pide una auditoría para determinar si los datos recopilados mediante lectores automáticos de matrículas vehiculares han sido utilizados con fines migratorios, una práctica restringida por la legislación estatal.
Los activistas sostienen que Connecticut ha aprobado disposiciones para establecer límites y mecanismos de supervisión sobre determinadas actuaciones de agentes federales, pero cuestionan si esas protecciones se están aplicando efectivamente.
Entre los asuntos señalados figuran las normas sobre el uso de máscaras y la identificación de agentes federales, así como las restricciones a las detenciones en determinados lugares protegidos.
La carta también hace referencia a un operativo migratorio realizado el 23 de septiembre en el tribunal de Meriden, que generó cuestionamientos sobre el uso de una orden administrativa y la actuación de los agentes. Las circunstancias y la posible aplicación de las leyes estatales deben distinguirse de cualquier determinación judicial definitiva.
La coalición considera que contar con mecanismos de documentación y supervisión permitiría identificar posibles infracciones y determinar qué autoridades deben intervenir.
Al cierre de la información publicada en varios medios locales de Norwalk, la coalición no había recibido respuesta de la oficina de Lamont. Hardy indicó que el grupo estaba dispuesto a reunirse con la administración estatal para explicar sus propuestas.
La iniciativa abre un debate sobre la disponibilidad de asistencia legal para inmigrantes, el apoyo económico a sus familias y la aplicación de las protecciones establecidas por Connecticut frente a determinadas actuaciones federales.
