NORWALK.- El Senado de Connecticut aprobó a inicios de esta semana el proyecto de ley S.B. N.º 397, con nuevas y amplias restricciones para los agentes federales de inmigración que servirá, en caso de que la Casa de Representantes (House Representative) pasa el proyecto y el Gobernador Lamont firme como ley, poner freno a los agentes de ICE; aunque sus retractores republicanos dicen que obstaculizará la labor de la policía estatal y local.
La legislación aprobada por votación estrictamente partidista en el Senado de Connecticut esta semana obligaría a los agentes federales de inmigración a someterse a nuevas y rigurosas restricciones.
Después de que agentes federales de inmigración dispararan y mataran a dos manifestantes en Minneapolis, algunos legisladores de Connecticut se comprometieron a impedir que algo así ocurra en este estado.
“Hemos visto a ciudadanos estadounidenses recibir disparos mortales por defender sus derechos. No sé si alguna vez se había dado una situación como esta en este edificio: tener que aprobar una ley para proteger a los residentes de Connecticut de su propio gobierno federal”, “, declaró el líder de la mayoría en el Senado estatal, Bob Duff (D-Norwalk).
Mientras que el Senador Martin Looney de New Haven dijo: “Los agentes de ICE han estado actuando como vigilantes, tanto en Connecticut como en otros lugares”, afirmó el presidente del Senado estatal”.
Según el proyecto de ley, los “espacios protegidos” —tales como parques infantiles, escuelas, iglesias y hospitales— quedarían fuera del alcance de los agentes, a menos que estos cuenten con una orden judicial penal firmada por un juez. La semana pasada, ICE detuvo a un estudiante de último año de la Escuela Secundaria de Cheshire basándose únicamente en una orden de detención administrativa; un juez federal dictaminó posteriormente que dicha orden se fundamentaba en información incorrecta.
El proyecto de ley prohíbe a las fuerzas del orden cubrirse el rostro —salvo en circunstancias muy específicas— y exige a los agentes portar su placa de identificación. Si los agentes federales hicieran uso de fuerza letal, las autoridades estatales tendrían acceso a las escenas del crimen y a las pruebas recabadas. En el estado de Minnesota, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional impidieron el acceso a los investigadores estatales.
Según los términos del proyecto de ley, la policía local y estatal no podría interferir directamente con las autoridades federales. En su lugar, los agentes de inmigración que infrinjan las normas podrían enfrentarse a demandas judiciales, o incluso a cargos por delitos menores de Clase D, los cuales conllevan penas de hasta 250 dólares de multa y 30 días de prisión.
Los jueces estatales de Connecticut también podrían emitir órdenes judiciales de emergencia, aunque no está claro si las autoridades federales encargadas de hacer cumplir la ley acatarían dichas órdenes. Por último, la policía no podría utilizar lectores de matrículas para fines de control migratorio. Los republicanos argumentaron que estados como Connecticut no pueden dictarle al gobierno federal cómo debe operar.
“Cuando se trata de la ley federal y de que las agencias federales cumplan con su deber, ejecuten sus acciones y hagan aquello que el Congreso les ha encomendado, los estados no pueden promulgar leyes que menoscaben esa facultad. Sin duda alguna, apostaría lo que fuera a que, tan pronto como sea impugnada ante los tribunales federales, esta ley será anulada”, afirmó el senador estatal republicano, John Kissel.
Otros argumentaron que las nuevas normas solo obstaculizarán la labor de la policía estatal y local. “Esto no es más que un proyecto de ley contra la policía”, declaró el senador estatal Stephen Harding, de Brookfield, líder de la bancada republicana en el Senado de Connecticut.
Connecticut ya había prohibido los arrestos en las inmediaciones de los tribunales estatales el pasado mes de noviembre. Desde entonces, las detenciones por motivos migratorios en dichos lugares han disminuido drásticamente. La nueva ley se promulgó después de que agentes federales detuvieran a dos hombres dentro del estacionamiento del tribunal de Stamford.
DEMANDA JUDICIAL CONTRA LAS POLÍTICAS SANTUARIO
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Connecticut este lunes a raíz de sus “políticas santuario”. La demanda sostiene que la Ley de Confianza (Trust Act) —la cual limita las circunstancias en las que la policía puede cooperar con las autoridades de control migratorio es inconstitucional.
Durante años, las comunidades de Connecticut han pagado el precio de estas políticas santuario desacertadas, declaró el fiscal general adjunto Brett Shumate. «Esta demanda busca poner fin a semejante desafío abierto a la ley federal.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, prometió defenderse ante la demanda. El pueblo soberano de Connecticut ha ejercido su derecho a aprobar leyes estatales —como la Ley de Confianza (Trust Act)— que priorizan la seguridad pública y garantizan que todas las personas puedan confiar y depender de las fuerzas del orden para mantenernos a salvo», declaró Tong en un comunicado. “Connecticut no es un estado “santuario”, signifique lo que signifique eso. Este término carece de sentido y no tiene fundamento alguno en la legislación de Connecticut.
A continuación, el proyecto de ley pasará a la Cámara de Representantes de Connecticut, donde se prevé que sea aprobado. La iniciativa va más allá de la legislación propuesta por el gobernador Ned Lamont, este le brinda su respaldo.
“En un momento en que las comunidades de todo el país están planteando serias preocupaciones sobre las prácticas federales de aplicación de las leyes de inmigración, este proyecto de ley deja claro que Connecticut no tolerará acciones que socaven la confianza, la seguridad pública o el acceso a instituciones esenciales como las escuelas, los tribunales y los centros de atención», declaró Cathryn Vaulman, portavoz de Lamont.
