Por Ken Dixon
Tres de los trabajadores más antiguos de un restaurante McDonald’s en la Interestatal 95 en Darien están demandando a la compañía luego de que fueron despedidos por la pandemia de coronavirus, y luego no los volvieron a contratar a pesar de una nueva ley estatal que requiere el despido de los empleados por antigüedad.
Se cree que es la primera demanda en virtud de un estatuto estatal que entró en vigor el 13 de julio, que se aplica a los despidos en ciertas industrias durante la emergencia pandémica.
Los trabajadores, con 53 años de servicio combinados, dicen que fueron despedidos el año pasado y que Michell Enterprises, LLC, con sede en Windsor Locks y propietaria de los restaurantes McDonald’s en Connecticut, Massachusetts y Nueva Jersey, no les ofreció su trabajo.
En una denuncia presentada en la Corte Superior del estado, con la ayuda de un sindicato que está tratando de organizar a los trabajadores de comida rápida en las plazas de servicio en las carreteras de Connecticut, los tres piden salarios y beneficios atrasados, así como daños punitivos y costos legales.
“No recibimos una llamada telefónica, no recibimos nada”, dijo Mario Franco de Stamford, un empleado de 26 años de la I-95 McDonald’s, a través de un intérprete fuera del Tribunal Superior en Hartford durante una conferencia de prensa matutina y mitin el miércoles, liderado por el sindicato SEIU 32BJ.
“Me podría pasar a mí y no quiero que le pase a nadie más”, dijo Franco, quien ganaba $ 15.15 la hora luego de un acuerdo entre los dueños del restaurante y el Departamento de Trabajo del estado cuando él, Pilas Mestanza y Rosa Franco, también de Stamford, fue despedido. Mario y Rosa Franco no son parientes.
En total, ocho trabajadores experimentados no fueron retirados, dijeron Franco y los dirigentes sindicales. La demanda alega que los trabajadores fueron despedidos en octubre de 2020 y que Michell contrató a otras personas en septiembre de 2021.
Michell Enterprises no devolvió las llamadas para hacer comentarios, y sus representantes legales el miércoles no habían respondido a la presentación de la demanda. El presidente de la empresa es George R. Michell de New Canaan, de acuerdo con los registros estatales de empresas. Su directora financiera, Linda Cukurs de Chicago, tampoco respondió una solicitud de comentarios.
Rochelle Palache, vicepresidenta de SEIU 32BJ y directora del distrito de Connecticut, dijo que lo más probable es que los tres demandantes no fueran contratados nuevamente debido a su apoyo al sindicato. Mario Franco y Rosa Franco estaban en una columna de Hearst CTInsider de 2019 sobre la campaña sindical. Las represalias por actividades sindicales están prohibidas por las leyes estatales y federales.
La ley de destitución, que entró en vigor el 13 de julio cuando fue firmada por el gobernador Ned Lamont, fue idea de dos de los legisladores más liberales de la Asamblea General en cuestiones laborales: la representante estatal Robyn Porter de New Haven y la senadora Julie Kushner de Danbury, copresidenta demócrata del Comité de Empleados Públicos y Laborales.
La ley estuvo a punto de fallar la primavera pasada. Después de que Kushner lideró su paso por el Senado, los grupos empresariales, incluidos los restauradores estatales y los cabilderos empresariales, se quejaron de que aumentaría los costos ya que la pandemia aún golpeaba la economía estatal. Entonces, para su aprobación en la Cámara, Porter acordó establecer un límite de tiempo para la efectividad del proyecto de ley. Porter obtuvo la aprobación de la Cámara de Representantes después de la adición de una fecha para rescindir (expiración) la ley en mayo de 2022.
La enmienda significó que el Senado tuvo que actuar nuevamente sobre la legislación. Pasó el 9 de junio, último día de la sesión legislativa. Porter dijo que estuvo “muy cerca” de fallar en los últimos días de la Asamblea General de 2021. Cubre a los trabajadores de las industrias de servicios de alojamiento, alimentación y construcción.
Kushner, en una entrevista junto con Porter después de la manifestación de Hartford, recordó que la idea de la ley comenzó en un evento sindical para trabajadores despedidos durante la pandemia en Darien Service Plaza en dirección norte.
“Los acompañamos al interior y les preguntamos a los empleadores si los volverían a contratar y no tuvieron respuesta para nosotros”, dijo Kushner. Luego, ella y Porter descubrieron que había legislación en otras partes del país que podría obligar a las empresas a retirar a los empleados veteranos.
California y Nevada tienen leyes similares para proteger a los trabajadores. Una ordenanza idéntica se aprobó a nivel local en New Haven el año pasado. “Eso es lo que realmente lo hizo personal para mí”, dijo Porter. “No había ninguna razón por la que no pudiéramos hacer esto a nivel estatal y cuidar de todos los trabajadores. Sentar un precedente.”
Nicole Rothgeb, la abogada que maneja el caso de los trabajadores, dijo que según la ley, los empleadores con al menos 15 empleados que despidan trabajadores durante la pandemia deben darles la oportunidad de ser recontratados en función de su número de años de servicio.
“No hay ningún requisito de mala motivación o motivación desfavorable, draconiana que socave que un empleado tiene que demostrar”, dijo Rothgeb. “Es simplemente, esto es lo que la ley requiere que el empleador haga y si no lo hace, entonces existe la responsabilidad. No se trata de mostrar una motivación oculta “.
Rothgeb cree que es el primer caso que involucra la nueva ley.
Algunos de los trabajadores de McDonald’s también tienen casos pendientes ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales y el Departamento de Trabajo del estado, incluidas disputas sobre intentos de sindicalización; y una disputa sobre si los trabajadores tienen derecho a un “salario estándar” más alto porque las plazas de servicio están en propiedad estatal.
El excomisionado de Trabajo del estado, Kurt Westby, ordenó a Michell que pagara casi $ 870,000 en salarios atrasados a 264 empleados de McDonald’s en las ubicaciones de Michell en el condado de Fairfield, en septiembre de 2020. Westby, quien se jubiló en junio, anteriormente fue director de SEIU 32BJ en Connecticut.
Kushner, un líder sindical regional retirado que fue elegido para el Senado en 2018, y Porter, un miembro de la Cámara por siete años, dijeron que les gustaría revisar la ley el próximo año y posiblemente alargar el período de su actividad más allá de mayo de 2022. .
Porter, durante las declaraciones a la multitud, dijo que Michell Enterprises ha estado participando en actividades para acabar con los sindicatos en un momento en que el Fondo Fiduciario de Desempleo del estado ayudó a las empresas y a los trabajadores a mantenerse a flote en el terrible clima empresarial de la pandemia.
“Les dimos alivio”, dijo Porter. “Entonces, ¿dónde está el alivio para los trabajadores que se han comprometido y dedicado sus vidas como Mario, a una empresa que está ganando millones? ¿Dónde está el goteo? No hay goteo, y es por eso que esta legislación y el trabajo que hacemos en la Cámara estatal en nombre de este movimiento sindical es de vital importancia. Los trabajadores esenciales importan. No hay ganancias sin la gente “.