Por Juan Daniel Brito
Cuando Hartford y otros centros urbanos de Connecticut confrontan un aumento de la delincuencia y crímenes en las calles y vecindarios donde residen hispanos y afroamericanos, además de personas en los suburbios afectados por los robos de automóviles; la legislatura aprueba una ley que autoriza el uso recreativo de la marihuana, y legisladores y senadores parecieran miran para el lado cuando se les pide que decidan algo acerca de la creciente acción criminal de jóvenes delincuentes, clasificados como “menores de edad.”
Un menor de edad para los efectos penales es un individuo menor de 18 años que no está emancipado de sus padres y la ley le otorga derechos especiales en casos del cometido de delitos y crímenes.
Sin embargo, salvo circunstancias muy especiales, ya a los 13 años, los niños y jóvenes debieran saben exactamente lo que es el bien y el mal porque asumiendo que hubo conocimientos básicos de ética transmitidos en el hogar, congregaciones religiosas y escuelas donde se impone la disciplina para permitir la convivencia, en una sociedad civilizada se debiera conocer y practicar la antigua llamada “ley del oro,” definida como “no hacer a otras personas lo que no quisieran que se hiciera a ti o a tu familia.” Simple.
Al parecer esta importante idea se ha ido rezagando en importantes sectores de nuestra sociedad debido a los efectos de redes sociales que promueven diariamente la violencia, y sectores geográficos donde no existe ni Dios ni Ley, funesto fenómeno que surge cuando existen estructuras armadas ilegales (adquisición de armas en el mercado negro), economías ilegales (por ejemplo, el tráfico humano y de drogas), o una cantidad creciente de homicidios y delitos en contra de terceros.
Así se sienten por ejemplo los vecinos del área Norte de Hartford con una mayoritaria población afroamericana y sectores de la calle Park, Frog Hollow, la calle Sisson, y las avenidas Wethersfield y Washington, entre otras. Pero agreguemos ahora pueblos como West Hartford, Glastonbury, Bloomfield, Newington y Wethersfield donde han aumentado los robos de automóviles y daños por parte de terceros a la propiedad.
El concepto legal de minoría de edad es ahora algo discutible porque si un delincuente juvenil es capaz de planear robos de neumáticos de automóviles, vandalizar carros para robárselos, activar el motor de partida, y conducir el vehículo, tiene las herramientas mentales para optar entre ser un buen ciudadano o cometer malas acciones.
En el contexto del homicidio número 21 en Hartford cuando recién comienza el verano, debiera ser una luz roja para las autoridades, y lo cometido por un joven criminal de 16 años es digno de analizar.
El hecho ocurrió en West Hartford alrededor de las 2:30 de la tarde de este pasado martes y una madre en estado de pánico informa a las autoridades que su automóvil en cuyo interior estaba un niño de dos años había sido robado desde un taller mecánico. La policía logra localizar el vehículo y utilizando un instrumento para desinflar uno de sus neumáticos retarda la velocidad de este. En manos del delincuente éste choca el vehículo, sale del coche y se da a la fuga. El niño fue encontrado sano y salvo frente a una pizzería en la avenida New Britain a unas seis millas del lugar del robo, expuesto a algún accidente o secuestro.
El menor de edad con un niño en el interior del coche robado y perseguido por la policía lo expuso a las consecuencias de un choque mayor cuando trataba de escabullirse. Al menos algo de sentido del juicio le llevó a abandonar al niño de dos años frente a una pizzería donde también le pone en peligro de secuestro o accidente.
¿Consecuencias? El vehículo sufrió daños que deberá pagar la compañía de seguro de la dueña con el consiguiente aumento del premium y la necesidad de alquilar un vehículo para que esta se pueda movilizar. La progenitora del niño ha sufrido un duro trauma que seguramente requerirá terapia, sufrirá de ansiedad y sensación de pánico.
¿Como actuó el sistema judicial?
De acuerdo al representante estatal demócrata Steven Stafstrom el “juvenil” fue aprehendido por los agentes de la ley, y el departamento de la policía investigó los antecedentes penales del joven sometiendo rápidamente la petición de arrestarlo. Después de algunas horas se logra contactar a un juez quien autorizó su detención.
Sin embargo y de acuerdo a los estatutos de Connecticut, un menor no puede estar más de seis horas bajo detención y la policía tiene la obligación de entregarlo a la custodia de sus padres o persona responsable. Debido a que el acto criminal afectó y puso en peligro a un niño de dos años, desconocemos el resto del procedimiento penal.
En la legislatura representantes republicanos y algunos demócratas han pedido que se revise la ley para incluir cambios tales como permitir que un juez declare que el juvenil menor de edad esté poniendo en riesgo la seguridad pública después de un segundo acto delictual y no del tercero como se rige en la actualidad.
Otro de los cambios es eliminar lo que ahora es un lapso de detención para menores delincuentes de solamente seis horas sin una orden judicial que exprese lo contrario, es decir extendiendo la detención y no entregándolo a sus padres o encargados. Finalmente, que después de un segundo robo de carro, el joven delincuente sea obligado a llevar en su pierna un monitor que señale sus movimientos.
Otro de los cambios sugeridos es permitir que la policía pueda perseguir al conductor que conduzca bajo ciertas circunstancias un carro robado.
De todas estas propuestas la legislatura solamente aprobó una para que se aumente las penas para adultos que obliguen a juveniles para cometer crímenes tales como robar carros.
Vale la pena recordar que, en el año 2020, hubo un aumento notorio del robo de automóviles en un 19.5%, lo cual es semejante a la tendencia nacional durante la pandemia y ahora el sentimiento de impotencia de mi barrio “Sin Dios ni Ley” puede escucharse en el Norte de nuestra ciudad, las áreas latinas, y también los suburbios.
Escuchamos esta preocupante expresión en una familia trabajadora que se mudó a la Avenida Sisson buscando un lugar más tranquilo para vivir con sus hijos donde no hubiese un abierto tráfico de drogas y de prostitución. A pocas semanas de mudarse a un lugar “tranquilo,” sucedió el tiroteo del pasado seis de junio que costó la vida a una dueña de casa que cocinaba en su hogar.
En los vecindarios hay temor porque los delincuentes menores y mayores de edad tienen armas y continúan desarrollando una economía ilegal.
¿Será que muchos legisladores están afectados por el llamado síndrome NIMBY (not in my back yard) o “no en mi patio trasero” y se han tornado insensibles ante lo anteriormente expuesto? Vayan a la calle Vine en el norte de la ciudad o a la calle Sisson para enterarse de como se siente la ciudadanía en un ambiente Sin Dios ni Ley.
El peligro de este sentimiento de impotencia puede llevar como en el caso de la ciudad de New Britain y Glastonbury a que el ciudadano común adquiera armas y tal como sucedió en los pueblos del Oeste de los Estados Unidos en el siglo diecinueve, prime la ley que imponga el que tiene mejor puntería y rapidez en el uso del revolver para matar a sus adversarios.