Por Dereen Shirnekhi
NEW HAVEN.- El martes se suspendió el caso de desahucio de una inquilina de un nuevo complejo de aparta-mentos en West River, mientras que los casos de desahucio de dos de sus vecinos se aplazaron hasta el mes que viene.
Estas viviendas son solo tres de las 22 del complejo Curtis Cofield II Estates, que tiene 11 edifi-cios de 56 unidades, equipados con electricidad, delimitado por Legion Avenue, Ella T. Grasso Boulevard, Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard y Tyler Street. Es propiedad de una filial de la promotora de viviendas económicas NHP Foundation, de Nueva York, y administrada por Hall-Keen Management, de Massachusetts.
La institución ha estado vinculada a demandas de desalojo en los últimos meses, debido a una serie de denuncias por impago del alquiler sometidas al tribunal de vivienda. Según los registros judiciales, algunos de los inquilinos de Curtis Cofield bajo demandas de desalojos alegan como causa, falta de comunicación con el propietario.
La compañía que administra la propiedad dice que hasta ahora no han echado a nadie de su casa. Afirman que no tienen intención de desalojar a ninguno de estos residentes, aunque hayan presentado estas demandas.
“Fue muy agobiante”, dijo una inquilina, que se mudó a su apartamento en abril y cuyo caso de desalojo fue retirado. “No podía sentirme cómoda pensando que no tendría un hogar. “Todo es-tán angustiados y se preguntan: “¿Dónde vamos a vivir?””.
Funcionarios municipales, estatales y federales, junto con vecinos de West River, celebraron en junio de 2025, la inauguración de las nuevas viviendas, seis décadas después de la demolición por las excavadoras de Urban Renewal del barrio de Oak Street, y casi tres décadas después que el difunto reverendo Curtis Cofield II luchara por reconstruir viviendas allí. Los inquilinos comen-zaron a mudarse a los nuevos apartamentos en abril de 2025.
Cuarenta y cuatro de los apartamentos se reservan para inquilinos cuyos ingresos no superen el 60 % de la renta media de la zona (AMI), loque actualmente equivale a 55 740 dólares para una familia de dos miembros. Catorce de esos apartamentos son también “viviendas de apoyo”, administradas en colaboración con Columbus House para personas sin hogar. los 12 apartamen-tos quedan reservados para inquilinos cuyos ingresos no superen el 100 % del AMI.
La base de datos del tribunal estatal muestra que actualmente hay 18 casos distintos de desalo-jo que han sido presentados por West River Housing Company LLC, una entidad afiliada a la NHP Foundation, que es la propietaria legal del complejo de apartamentos Curtis Cofield. Según los registros del tribunal de vivienda, el propietario en realidad ha presentado un total de 22 demandas de desalojo desde diciembre.
Una vista del interior del estacionamiento.
Curtis Cofield II Estates, tal como se ven desde Legion Avenue.
“Se anunciaba como vivienda asequible», dijo Shelley White, abogada de la New Haven Legal Assistance Association (NHLAA), al señalar que el proyecto forma parte del programa de Crédi-tos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC, por sus siglas en inglés). White destacó el “buen trabajo” de la NHP Foundation y añadió: ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación?”.
White y sus colegas de la NHLAA representan a unos diez inquilinos de Curtis Cofield. Ella prevé que ese número seguirá aumentando.
El administrador de la propiedad: “El objetivo siempre es la resolución y la estabilidad de la vivienda, no el desplazar a nadie”.
White dijo que hay 14 cupones de la Sección 8 basados en el proyecto (Project-Based Vouchers, PBVs) asociados a la propiedad. Señaló que a muchas de las personas con PBVs se les dijo ini-cialmente que su alquiler sería de $0 cuando se mudaron.
“Tenía cierto sentido porque venían de refugios y pensaban que este era un programa para ayu-darlos a volver a recuperarse”, explicó.
Luego, varios inquilinos dijeron que se les pidió firmar nuevos contratos de alquiler que fijaban el alquiler en el 30 % de sus ingresos. White dijo que el alquiler se aplicó de manera retroactiva para cubrir meses anteriores.
“Responsabilizaron al inquilino para pagar ese alquiler atrasado”, dijo White, “y no era su res-ponsabilidad”.
En declaración enviada por correo electrónico al Independent, un representante de la empresa administradora del Curtis Cofield, HallKeen, disintió.
“Los ajustes retroactivos del alquiler están permitidos bajo las regulaciones de vivienda asequi-ble y de los programas de bonos. Al mudarse, todos los residentes firman un contrato de alquiler precisando que el alquiler vence el primer día de cada mes y que son responsables de su parte desde la fecha de ocupación, independientemente del estado del subsidio”, afirmó la empresa.
La gran mayoría de los inquilinos con los que White y sus colegas de asistencia legal han habla-do no están recibiendo alquileres subsidiados, dijo White. Añadió que no sabe de nadie que in-tencionalmente no pague el alquiler.
“A algunas personas que se mudaron, el propietario les dijo que podían esperar un mes” para pagar el alquiler, “pero después les dijeron que se habían atrasado con el pago del mes”, dijo White. “Parece que hubo muchos errores por parte de la administración y muchas correcciones que no eran legalmente correctas”.
Muchos casos se han pospuesto hasta finales de enero y febrero, lo que, según White, es un in-tento por intentar “averiguar qué pasa aquí”.
HallKeen insistió en que no hay “ningún desalojo” pendiente en Curtis Cofield, a pesar de los casos de desalojo activos en el tribunal local de vivienda.
“Se emitieron varios Avisos de desalojo, y varios casos tienen fechas judiciales pendientes rela-cionadas con el impago del alquiler. Un Aviso de desalojo es una notificación legal formal exigi-da por la ley de vivienda y el cumplimiento con la regulación; no es un desalojo”, escribió un portavoz de la empresa por correo electrónico.
«Antes de emitir cualquier Aviso de desalojo, la administración hace todos esfuerzos para traba-jar con los residentes a fin de resolver los saldos pendientes. Esto incluye contacto directo, ne-gociaciones sobre pagos y coordinación con socios de subvenciones y apoyo. Las notificaciones legales solo se utilizan cuando es necesario para mantener los plazos procesales y cumplir con las regulaciones.
“Históricamente, la mayoría de este tipo de solicitudes no implican que los residentes pierdan su vivienda. Muchos casos pueden resolverse mediante planes de pago. El objetivo siempre es la resolución y la estabilidad de la vivienda, no el desalojo”.
Aun así, 22 hogares siguen luchando contra las órdenes de desalojos en los tribunales de vivien-da o han conseguido que se retiren sus casos.
HallKeen confirmó que, hasta el lunes, ningún inquilino de Curtis Cofield había sido desalojado.
Tampoco hubo desalojos el martes. “Cuando no se resuelve la falta de pago del alquiler, puede ser necesario iniciar procedimientos legales formales para garantizar el cumplimiento del con-trato de alquiler, la legislación de Connecticut y los requisitos de vivienda justa. Este proceso legal establece una vía para la resolución”, dijo un representante de HallKeen en una declara-ción posterior. “HallKeen siempre está dispuesta a participar en mediaciones para alcanzar acuerdos de pago aprobados por los tribunales. Prevemos que la mayoría de estos casos se re-solverán antes de que se emita una orden de ejecución (Writ of Execution), o desalojo”.
White dijo que cree que el propietario no quiere desalojar a los inquilinos, sino simplemente que se pague el alquiler. Pero, aun así, “No es necesario ir al tribunal de vivienda y presentar una demanda de Desalojo para solicitar un plan de pago”, afirmó. “Es como soltarle un león a un gato”.
Algunos de los inquilinos de Curtis Cofield entrevistados por el Independent para este reportaje atribuyeron los múltiples contratos de arrendamiento y la confusión con los pagos al hecho de que la empresa ha tenido varios administradores de la propiedad desde que inició sus activida-des.
“Como en cualquier empresa, pueden producirse cambios de personal y estos pueden estar fue-ra del control del empleador”, dijo HallKeen. La empresa señaló que, desde diciembre de 2024, se han contratado dos administradores permanentes de la propiedad, y que hasta la fecha solo ha habido la salida de un administrador. “Durante el período de transición, mientras se contra-taba e incorporaba a un administrador con experiencia, HallKeen asignó temporalmente a la propiedad a un gerente sénior de otra comunidad de HallKeen y al Director de Relaciones con los Residentes de la sede central de HallKeen para garantizar la continuidad de las operaciones y el apoyo a los residentes”.
Inquilina: “Si tuviera que dejar este apartamento, mis hijos y yo terminaríamos viviendo en mi carro”
Los inquilinos de Curtis Cofield que enfrentaron o siguen enfrentando una demanda de desalojo recibieron un aviso de desocupación (notice to quit possession) el 21 de octubre. Cada aviso, por falta de pago del alquiler, indicaba que el inquilino debía desocupar su apartamento antes del 25 de noviembre. El 2 de diciembre, West River Housing Company LLC presentó una demanda de desalojo contra 22 de ellos.
M, una inquilina que pidió ser identificada solo por la inicial de su nombre para este reportaje, se mudó a Curtis Cofield II Estates en abril de 2025. Cuando firmó su primer contrato, dijo que se suponía que debía pagar$0 de alquiler, ya que no tenía ingresos. Luego, le pidieron que fir-mara un nuevo contrato. No se dio cuenta de que ese nuevo contrato fijaba un pago mensual de $226.
“Ni siquiera sabía que tenía alquiler hasta que me enteré, el día después de mi cumpleaños, de que debía $1,000 en alquiler atrasado”, le dijo al Independent.
M vive en un apartamento de dos habitaciones con sus hijos de 1 y 6 años. Antes había estado en situación de sin hogar: ella y sus hijos vivían con su madre y otras personas, “de casa en ca-sa”, antes de poder conseguir un lugar en Curtis Cofield.
Aunque actualmente no trabaja, M pudo reunir algo de dinero para pagar el alquiler atrasado. Ahora, la demanda de desalojo fue retirada.
Otra inquilina, que pidió permanecer en el anonimato, aún enfrenta un posible desalojo. Tiene cita en el tribunal en febrero y está representada por White y la NHLAA.
Dijo que trabaja en el distrito escolar de Hamden, y que durante el verano tuvo dificultades para pagar el alquiler. Se atrasó en los pagos de agosto y septiembre. Tiene 28 años, vive en una uni-dad asequible con su hijo de 3 años y no tiene un bono. Su alquiler mensual es de $1,306.
“He estado pagando lo que puedo” para ponerme al día, dijo. Dijo que colocaron avisos en su puerta y que había un programa para ayudar a los inquilinos a administrar su presupuesto. Espe-raba recibir algún tipo de ayuda financiera. Cuando fue a la oficina a preguntar qué enfrentaría en el tribunal, dijo que una administradora de la propiedad le había dicho que el propietario no quería desalojar a todos.
“Estoy 100 por ciento preocupada porque no puedo basarme en lo que ella está diciendo”, dijo la inquilina. Quiere quedarse en su apartamento actual. “Estoy cómoda. Mi hijo está cómodo”.
Una tercera inquilina, que también prefirió permanecer anónima, vive con sus dos hijos en un apartamento de dos habitaciones en Curtis Cofield. Su alquiler es de $738, y se mudaron a fina-les de junio. Dijo que nunca había dejado de pagar, excepto en julio. Ella dijo que un adminis-trador de la propiedad le dijo que podía omitir el pago y solo pagar el alquiler de agosto. Al fi-nal, también firmó dos contratos de alquiler: el primero no tenía alquiler proporcional y el se-gundo sí.
Había estado añadiendo entre $100 y $150 a su alquiler mensual para intentar pagar lo que de-bía. Le entregaron el aviso de desocupación en octubre, y luego recibió otra carta indicándole que debía presentarse ante el tribunal.
Dijo que, antes de encontrar un lugar en Curtis Cofield, había estado sin hogar desde 2016. “Me dijeron que les debía $1,000. Estoy bregando para pagar el alquiler que pago ahora. Es mucho. Estaba estresada, lloraba todos los días, pensando que tendría que buscar otro albergue donde quedarme” dijo.
Consiguió otro trabajo y pagó lo que debía unos días antes de la fecha de la cita en el juzgado, el 20 de enero. Entonces, el propietario retiró la orden de desalojo.
“Me pagan semanalmente. El dinero que gano lo ahorro para pagar mi alquiler”, dijo. “No tengo familia de la que pueda depender. Toda mi familia está pasando por lo mismo que yo pasé an-tes. No tengo a dónde más ir. “Si tuviera que dejar este apartamento, mis hijos y yo termina-ríamos viviendo en mi carro”.
Le gusta su apartamento y está decidida a quedarse. “Lo he disfrutado. He pasado bastante tiempo en situación de sin hogar. Tener un lugar donde vivir significó mucho para mí. Por eso trataba de no dejar de pagar”.
