STAMFORD.- El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito del país dictaminó el 2 de julio, con una votación de 2 a 1, que los inmigrantes indocumentados debían tener una audiencia para fijar la fianza en un plazo de 90 días y no de forma ilimitada como se estaba tratando, aunque uno de los dos jueces opinó que 30 días sería un plazo adecuado, sin embargo, el juez disidente afirmó que no imponer fianza era apropiado, calificando la política de Trump de “constitucionalmente sólida”.
Trump ha enfrentado una amplia rebelión entre los jueces federales, incluso los nombrados por él mismo; muchos liberaron a presos por motivos de inmigración y calificaron la política de inconstitucional. Otros tribunales de apelación también la han anulado en un conflicto que probablemente será examinado por la Corte Suprema de Estados Unidos en octubre.
El fallo de la semana pasada afecta a tres de los estados con algunos de los mayores centros de detención: Luisiana, Misisipi y Texas. Los inmigrantes de todo el país suelen ser trasladados a esos estados.
“Dado que el ICE traslada a las personas que ha detenido con tanta rapidez y frecuencia, aislándolas de sus abogados, familias y redes de apoyo, muchos del área triestatal se encuentran recluidos en centros de detención en estos estados”, dijo Reed Dunlea, portavoz de la Coalición de Inmigración de Nueva York.
El Consejo Estadounidense de Inmigración, que era parte en el caso, señaló que el caso giraba en torno a tres residentes de Texas de larga data, sin antecedentes penales y con hijos ciudadanos estadounidenses, todos detenidos en controles de tráfico.
La decisión “confirma que los derechos constitucionales no desaparecen simplemente porque alguien esté inmerso en un proceso de inmigración”, declaró Rebecca Cassier, abogada del consejo que intervino en el caso, en un comunicado.
El Departamento de Seguridad Nacional, en un comunicado dijo que no está de acuerdo con la decisión y espera la revisión de la Corte Suprema: “El DHS discrepa firmemente del panel del Quinto Circuito y confía en su posición legal con respecto a la detención obligatoria”.
Se trata de una revocación parcial del fallo del mismo tribunal de apelaciones de febrero que con luz verde detención ilimitada para algunos inmigrantes en esos estados a pesar de los conflictos resoluciones para otros estados que declararon inconstitucional la política. Hasta el momento, solo el Octavo Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos ha ratificado la política de detención, que abarca centros en siete estados: Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur.
Un tribunal federal en California abatido La política de detención obligatoria a nivel nacional fue objeto de una demanda colectiva. El fallo fue suspendido en marzo a la espera de la apelación, pero sigue vigente en parte de California y ha sido citado con frecuencia por jueces de otros estados para liberar a presos por motivos de inmigración.
La población detenida de inmigrantes repuntó en enero, la cifra alcanzó un máximo de más de 70,000 personas. En abril, descendió a unas 60,000, ya que se detuvo a menos inmigrantes sin antecedentes penales a raíz de la controversia y las protestas por la aplicación de la ley en Minnesota y otros lugares.
Hay algunos indicios de que se está deteniendo a menos personas que no son delincuentes, incluso cuando los arrestos han aumentado. aumentado En los últimos días, en un intento de la administración Trump por duplicar el número de arrestos a 2,000 por día. comparte El porcentaje de detenciones por motivos de inmigración que derivaron en internamiento disminuyó del 38 por ciento del año pasado al 17 por ciento entre marzo y mayo.
Menos del 30 por ciento de los inmigrantes detenidos en abril tenían antecedentes penales, incluyendo infracciones de tránsito y delitos migratorios. Los demás solo tenían violaciones migratorias o cargos penales pendientes.
