Por Adele Haeg
NEW HAVEN.- La Junta de Revisión Civil (Civilian Review Board, CRB) votó por la suspensión del envío de nuevas denuncias civiles por presunta mala conducta policial a un investigador externo, luego que al menos un agente local de la policía se negara cumplir con las solicitudes de información del investigador, acogiéndose al contrato colectivo del sindicato policial.
La integrante de la CRB, Jean Jenkins, afirmó que el sindicato de la policía estaba “obstaculizando” las investigaciones de la CRB, al aconsejar a los agentes que no colaboraran con el organismo. Suspender ciertos casos que podrían investigarse es “perjudicar”» a los habitantes de New Haven, afirmó.
Kia Roberts, de Triangle Investigations, contratada por la CRB en marzo, criticó la decisión de la junta durante la reunión del lunes. Dijo que le parecía “un error suspender todo el proceso”.
“Aparte de desalentar la confianza del público en el proceso, no veo para qué más sirve esta demora”, agregó.
La discusión, el debate, la votación y las críticas tuvieron lugar el lunes durante la más reciente reunión mensual de la CRB, realizada de manera virtual y presencial en el Ayuntamiento (City Hall).
La CRB es un organismo independiente de supervisión policial que revisa e investiga las denuncias presentadas por civiles contra el Departamento de Policía de New Haven (NHPD) y puede proponer recomendaciones, tanto a los agentes como al jefe de policía en lo relativo a la conducta policial.
Antes de la votación del lunes, el miembro de la CRB y concejal de Fair Haven, Frank Redente, sostuvo que la CRB debería esperar a que se resolviera un “obstáculo de procedimiento” entre la ciudad y el sindicato de la policía, antes de someter más casos a Triangle Investigations. Redente también propuso que la junta esperara hasta que se celebrara una reunión entre el sindicato policial y la abogada de la CRB, Catherine LaMarr, o mejor aún, hasta la renegociación del contrato colectivo prevista para 2028.
Incluso después de la votación del lunes, los miembros de la CRB pueden seguir investigando por sí mismos las denuncias de mala conducta policial. Sin embargo, como señaló la presidenta de la CRB, AnneMarie Rivera-Berrios, un investigador externo dispone de mejores condiciones para realizar una revisión más “exhaustiva” de la que puede hacer la CRB.
El abogado del sindicato de la policía de la ciudad, Marshall Segar, no respondió a las solicitudes de comentarios antes del cierre de esta edición.
Los integrantes de la CRB Kimbro, Sam Fawcett y Ebony Bowden-Moore votaron a favor de la moción de Redente de suspender el envío de casos a Roberts. Rivera-Berrios y Jenkins se abstuvieron.
Redente dijo que la junta debía “garantizar que todo se haga de manera integral, por el bien de las personas que solicitan las investigaciones, de los agentes involucrados, de la investigadora y de nosotros”. También le preocupaba que una investigadora “sobrecargada”, con más casos asignados de los que puede revisar, no pudiera examinar minuciosamente las denuncias. Roberts respondió a la junta que tiene la capacidad necesaria para enfrentar la carga de trabajo que se le ha asignado.
“Ambas partes están trabajando en común para definir la forma que tomará el proceso”, declaró el jefe del Departamento de Policía de New Haven, David Zannelli, en una entrevista concedida el miércoles al Independent, con relación al procedimiento necesario para solicitar información a los agentes. Indicó que tenía conocimiento de que, al menos un agente había cumplido “voluntariamente” con las solicitudes de información de la CRB y añadió que el departamento de policía se había reunido con el sindicato y con la CRB, para discutir el procedimiento de citaciones. A ese propósito, “hay una reunión pendiente”, afirmó.
Rivera-Berrios explicó que, aun sin la participación de la investigadora en los casos, la CRB puede seguir proponiendo recomendaciones al departamento de policía a partir de sus propias conclusiones. “Pero si se revisa la información sobre la revisión de casos, se observará que algunos miembros no revisan los casos”, afirmó Rivera-Berrios.
Según Rivera-Berrios, entre marzo y julio, Redente no revisó ningún caso; Kimbro revisó casos únicamente en abril y mayo; Jenkins revisó todos los casos en abril, mayo, junio y julio; Bowden-Moore solo revisó casos en julio; mientras que Rivera-Berrios y Fawcett revisaron todos los casos.
Mediante una ordenanza municipal, la CRB tiene la potestad de investigar de manera independiente las denuncias presentadas por civiles contra agentes de policía, una facultad que no tiene ningún otro organismo de supervisión policial en New Haven. En 2019, los concejales aprobaron otorgar a la CRB la facultad de convocar, mediante citación, a los agentes de policía durante el curso de sus investigaciones, aunque, según Rivera-Berrios, hasta este año nunca se había hecho.
Al revisar los casos para formular recomendaciones al jefe de policía, los miembros de la CRB pueden consultar la misma documentación que la investigadora. Algunos integrantes votaron en marzo a favor de contratar a Roberts, al considerar que sería beneficioso, tanto para la CRB como para el departamento de policía, poder contar con una investigadora profesional dedicada a las denuncias civiles, ya que la CRB no siempre dispone de los recursos necesarios para investigarlas de manera exhaustiva.
Según las disposiciones del contrato colectivo del sindicato policial, el sindicato ha aconsejado a los agentes que no respondan a las solicitudes de información de la CRB. Redente insistió en que la CRB debió haberse ocupado de este asunto antes de contratar a una investigadora independiente.
“Los agentes se presentan ante Asuntos Internos (Internal Affairs, IA) contando con representación sindical. Es evidente que no van a acudir a hablar con una investigadora privada”, dijo Redente. Agregó que la CRB debería recurrir a la investigadora únicamente cuando “sea necesaria una investigación complementaria”.
Frank Redente, concejal de Fair Haven: “Creo que no es sensato malgastar el dinero de los contribuyentes en investigaciones que no llevan a ninguna parte, simplemente por el hecho de investigar”
El actual contrato colectivo del sindicato policial vence el 30 de junio de 2028. Redente afirmó que el desacuerdo entre la ciudad y el sindicato sobre el papel de la investigadora “debería ser uno de los objetivos de la próxima ronda de negociaciones” cuando vuelva a negociarse el contrato dentro de dos años. “No se puede forzar una solución ahora. Hay que tener paciencia y actuar con prudencia en la forma en que hacemos las cosas”.
La junta de revisión civil de Hartford también tiene bloqueadas sus solicitudes de citaciones por funcionarios municipales y representantes del sindicato policial, informó CT Public el mes pasado. Tal como ocurrió con la CRB de New Haven en 2019, la Junta de Revisión Civil de la Policía de Hartford recibió de la ciudad la autoridad para emitir citaciones en 2020. Desde la muerte de George Floyd a manos de agentes de la policía de Minneapolis, muchas comunidades han promovido la creación de organismos independientes de supervisión de sus respectivos departamentos de policía.
“Cuando se redactaron las ordenanzas relativas a la CRB y cuando tomamos la decisión de contratar a una investigadora, debimos asegurarnos de que todo estuviera debidamente establecido”, dijo Redente después de la reunión. “Confirmemos que todo esté en orden antes de seguir adelante y hacer algo”.
Kimbro manifiesta “serias preocupaciones” por la exactitud de las actas de las reuniones
También durante la reunión del lunes, Kimbro presentó por escrito una solicitud para que se revisaran y corrigieran las actas de la reunión de la CRB correspondiente a abril. Según esas actas, que fueron aprobadas por la junta y publicadas este mes, Kimbro había manifestado que le “preocupaba que se estuvieran utilizando fondos públicos en un caso en el que la persona involucrada no pertenecía a la comunidad negra”.
En su declaración ante la junta la noche del lunes, Kimbro afirmó que tenía “serias preocupaciones” con la exactitud de las actas, rechazó la afirmación que se le atribuía en ese documento y sostuvo que información proveniente de una reunión privada de los miembros de la CRB, una sesión ejecutiva, había sido incluida indebidamente en las actas. Kimbro solicitó que la junta “revise las actas, corrija todas las inexactitudes fácticas, restituya el contexto omitido y determine si el contenido correspondiente a la sesión ejecutiva debe ser eliminado del registro público”.
Al referirse a la discusión sobre una denuncia que quedó consignada en las actas de abril, Kimbro explicó que su “verdadera preocupación era si esta denuncia en particular era parte de las atribuciones de la CRB, especialmente porque, según se informó, el denunciante no había cooperado durante parte de la investigación. Mi posterior referencia a las denuncias presentadas dentro de la comunidad negra tenía únicamente el propósito de destacar que existen muchas otras denuncias ciudadanas que también merecen igualmente un nivel riguroso de atención”.
La CRB revisará datos sobre raza en arrestos y uso de la fuerza
Antes de la reunión del lunes, Rivera-Berrios se reunió con el teniente Chris Alvarado, jefe de Asuntos Internos (Internal Affairs, IA), y con el capitán Brendan Borer, quien recientemente dejó la Oficina de Detectives para incorporarse a Asuntos Internos, para solicitarles que comenzaran a incluir datos sobre la raza en los informes mensuales de arrestos y uso de la fuerza.
La presidenta de la CRB, AnneMarie Rivera-Berrios, en la reunión del lunes. Se abstuvo de votar sobre si se debía interrumpir el envío de quejas a un investigador externo.
“Queríamos saber si el departamento de policía lleva un registro de datos relacionados con la raza”, explicó Rivera-Berrios. “Nos dijeron que sí, por lo que solicitamos que se incluyeran en nuestros informes mensuales”.
“Es una práctica común”, afirmó Redente después de la reunión. Hasta ahora, la CRB no había revisado datos relacionados con la raza en los arrestos ni en los incidentes de uso de la fuerza.
A partir de agosto, la CRB examinará la raza de los civiles arrestados e involucrados en incidentes de uso de la fuerza, junto con otros datos que ya revisa, como el despliegue de pistolas Taser, la exhibición de armas de fuego y el empleo de macanas policiales.
