“¡Manténgase alejado de Connecticut!”, dice William Tong, fiscal del Estado a Trump
BRIDGEPORT. La organización Make the Road States expresó su rechazo a la demanda presentada por la administración del presidente Donald Trump contra Connecticut, New York y Vermont, estados que permiten que estudiantes indocumentados tengan acceso a tarifas de matrícula universitaria estatal (in-state tuition) para cursar estudios superiores.
La demanda busca cuestionar las leyes estatales que permiten a determinados estudiantes inmigrantes pagar la misma matrícula que los residentes del estado, en lugar de las tarifas más elevadas que generalmente se aplican a estudiantes de fuera del estado.
Make the Road States, organización que cuenta con más de 70.000 miembros en estados como Nueva York y Connecticut, señaló que cientos de jóvenes integrantes de su organización podrían verse afectados si se eliminan los beneficios de matrícula estatal y las opciones de ayuda financiera para estudiantes inmigrantes.
En una declaración conjunta, Yaritza Méndez, subdirectora de Make the Road New York, y Wendy Cárdenas, directora ejecutiva de Make the Road Connecticut, afirmaron que los jóvenes inmigrantes han trabajado durante años para defender su derecho a acceder a la educación superior.
“Los jóvenes inmigrantes de nuestros estados lucharon arduamente para obtener el derecho a acceder a la educación superior y poner fin a la discriminación contra los estudiantes basada en el lugar donde nacieron”, señalaron.
“Las campañas por la matrícula estatal y la ayuda financiera fueron el lugar donde comenzamos como organizadores y donde construimos nuestros movimientos juveniles”, afirmaron.
“No vamos a retroceder. Estamos preparados para organizarnos y defender el derecho a la educación, así como para detener los ataques contra nuestras familias y nuestras comunidades”, concluyeron.
LA DEMANDA DE TRUMP Y LA RESPUESTA DEL ESTADO DE CONNECTICUT
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el lunes una demanda contra Connecticut por las leyes estatales que otorgan matrícula estatal y asistencia financiera a estudiantes inmigrantes indocumentados. En la querella se argumentó que las leyes de Connecticut otorgan injustamente beneficios como matrículas más bajas y becas a estudiantes sin estatus legal, mientras que niegan los mismos beneficios a los ciudadanos estadounidenses que viven fuera del estado y también argumentó que las leyes violan estatutos federales y fomentan la inmigración ilegal al país.
“Este Departamento de Justicia no tolerará que los estudiantes estadounidenses sean tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país”, declaró el fiscal general Adjunto Brett A. Shumate, de la División Civil del Departamento de Justicia.
En respuesta a la demanda, el fiscal general de Connecticut, William Tong, quien votó a favor de la ley de matrícula estatal en 2011 cuando era legislador estatal, dijo: “Manténgase alejado de Connecticut. Connecticut ofrece matrícula estatal y ayuda financiera a todos los estudiantes elegibles de Connecticut porque todos los niños merecen la oportunidad de aprender, progresar y alcanzar sus sueños. Donald Trump no dirige la UConn ni ninguna de nuestras universidades estatales, y no vamos a permitir que empiece a hacerlo”.
El gobernador Lamont también defendió las políticas del estado, diciendo en un comunicado: “Los niños que crecen en Connecticut y se gradúan de las escuelas públicas de Connecticut deberían permitirse ir a la universidad aquí, incluidos aquellos que han solicitado la residencia legal. Estamos convirtiendo a Connecticut en la tierra de las oportunidades y la educación, y no aceptaremos sus intentos de revertir el progreso”, dijo Lamont.
Connecticut ofreció por primera vez beneficios de matrícula estatal a estudiantes indocumentados bajo la ley estatal de 2011, que les exigía haber asistido a la escuela secundaria en Connecticut durante cuatro años y haber obtenido un diploma. Posteriormente, el estado redujo el requisito de asistencia a la escuela secundaria a dos años en 2015.
En el 2018 Connecticut aprobó otra ley que permite a los estudiantes sin estatus legal permanente solicitar y recibir ayuda institucional en colegios y universidades públicas.
La demanda también impugna otras leyes estatales relacionadas con la ayuda financiera en el Connecticut State Community College, las becas Roberta B. Willis basadas en la necesidad y el programa estatal de reembolso de préstamos estudiantiles.
