STAMFORD. Mientras miles de familias inmigrantes viven bajo la incertidumbre de las políticas migratorias y el temor a las deportaciones, las cifras tributarias revelan una realidad económica que no puede ignorarse: los inmigrantes indocumentados pagaron aproximadamente 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales durante 2022. En Connecticut aportaron 406,4 millones de dólares en impuestos estatales y locales.
Mientras millones de trabajadores inmigrantes contribuyen a las finanzas públicas, una propuesta federal busca incorporar preguntas sobre ciudadanía y autorización de trabajo en las declaraciones de impuestos.
La cifra, calculada por el Instituto de Tributación y Política Económica (ITEP), vuelve a colocar en el centro del debate nacional la contribución de millones de personas que trabajan, consumen bienes y servicios y pagan impuestos en Estados Unidos, aunque carezcan de un estatus migratorio regular.
Ahora, una propuesta de la Administración del presidente Donald Trump para incorporar preguntas sobre ciudadanía y autorización de trabajo en el formulario federal de impuestos 1040 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) abre un nuevo frente de preocupación para las comunidades inmigrantes.
La iniciativa plantea interrogantes sobre la privacidad de los contribuyentes, el uso de la información fiscal y las posibles consecuencias para las familias que cumplen con sus obligaciones tributarias, pero temen que sus datos puedan tener implicaciones migratorias.
La discusión tiene una importancia particular para Connecticut, donde, según ITEP, los inmigrantes indocumentados aportaron 406,4 millones de dólares en impuestos estatales y locales. De esa cantidad, aproximadamente 140,4 millones correspondieron a impuestos sobre las ventas y el consumo; 146,8 millones a impuestos relacionados con la propiedad; y 117,9 millones a impuestos sobre los ingresos personales y empresariales.
Estas contribuciones se producen de distintas maneras. Los trabajadores pagan impuestos sobre determinados ingresos y productos que compran. Los propietarios pueden pagar directamente impuestos sobre sus propiedades, mientras que los inquilinos pueden asumir parte de esa carga de manera indirecta mediante el alquiler.
En otras palabras, la contribución tributaria no depende exclusivamente de que una persona tenga ciudadanía estadounidense o residencia permanente. Los impuestos sobre el consumo y otros gravámenes también forman parte de la vida económica de quienes carecen de estatus migratorio regular.
El informe estima, además, que los inmigrantes indocumentados aportaron 25.700 millones de dólares al Seguro Social, 6.400 millones a Medicare y 1.800 millones a los impuestos del seguro de desempleo durante 2022.
En conjunto, estas contribuciones relacionadas con los sistemas de protección social sumaron 33.900 millones de dólares. Sin embargo, pagar impuestos no garantiza el derecho a recibir todos los beneficios financiados por esos programas. La elegibilidad depende de las leyes aplicables, la situación migratoria y los requisitos específicos de cada prestación.
Según cifras citadas por Associated Press, las declaraciones presentadas con ITIN generaron 14.400 millones de dólares en impuestos sobre los ingresos y otros 6.500 millones en impuestos al Seguro Social y Medicare.
Uno de los aspectos más importantes de esta discusión es que cumplir obligaciones tributarias no concede automáticamente derechos migratorios. Los inmigrantes indocumentados pueden pagar impuestos federales, estatales y locales sin tener acceso a todos los créditos fiscales o beneficios públicos disponibles para ciudadanos y determinadas categorías de residentes.
Las reglas varían según el programa. Algunos créditos tributarios tienen requisitos específicos de ciudadanía, residencia, número de identificación o autorización laboral. Los beneficios del Seguro Social y Medicare también están sujetos a condiciones particulares.
Los 406,4 millones de dólares estimados en contribuciones estatales y locales muestran que los impuestos pagados por inmigrantes indocumentados forman parte de la actividad económica del estado. A escala nacional, los 96.700 millones de dólares sitúan esta contribución en una dimensión que merece ser considerada en cualquier análisis sobre política fiscal y migratoria.
En un país donde millones de personas participan en la economía y pagan impuestos mientras enfrentan restricciones migratorias, la discusión sobre quién debe proporcionar información al IRS y cómo puede utilizarse esa información tendrá consecuencias que van mucho más allá de los formularios fiscales.
Para los contribuyentes, la recomendación es mantenerse informados mediante las instrucciones oficiales del IRS y consultar a un profesional tributario cualificado antes de tomar decisiones sobre la presentación de sus declaraciones.
Fuentes: Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), Tax Payments by Undocumented Immigrants ; Associated Press, del 1 de octubre de 2026 sobre el borrador del formulario federal 1040; Mendoza Law Firm, análisis comparativo basado en datos de ITEP.
