Por Brandon Cortes
NEW HAVEN.- Más de cinco años después que muriera por suicidio el bombero de New Haven William McMillian, todavía no se ha podNEWido encontrar un formulario policial que precisaba lo que los agentes sabían sobre él la mañana de su arresto, pero que luego lo dejaron en libertad.
La desaparición de ese formulario, llamado Protocolo de Evaluación de Letalidad (LAP, por sus siglas en inglés), hizo que un juez determinara que un jurado podría “considerar” que el documento fue voluntariamente escondido o destruido.
El juez del Tribunal Superior estatal Matthew E. Frechette, emitió ese fallo el 2 de noviembre, al rechazar las mociones presentadas por la Ciudad de New Haven y tres agentes de policía, para desestimar una demanda por muerte por negligencia presentada en octubre de 2022 por Angela Ruffin, madre de McMillian, en nombre de los herederos de su hijo.
Los herederos de McMillian reclaman una indemnización de 2,5 millones de dólares a la ciudad, argumentando que la policía debió haber detenido a William McMillian y comprobar si poseía un arma de fuego en mayo de 2021.
En aquella ocasión, McMillian supuestamente entró por la fuerza en la vivienda de su expareja y fue arrestado por agentes de la policía municipal. En lugar de detenerlo y verificar si tenía armas de fuego, los agentes le entregaron una citación en la que se comprometía a comparecer ante el tribunal. McMillian murió por suicidio varias horas después.
En su fallo del 2 de noviembre, Frechette escribió que existen “pruebas concluyentes” que conducirían a un jurado a concluir que los demandados incumplieron sus deberes administrativos obligatorios, establecidos por las leyes estatales y las normas del departamento de policía. “Ambas disposiciones exigían que los demandados arrestaran a McMillian”.
El fallo judicial no determina que la ciudad ni los agentes sean responsables. Lo que significa es que puede haber juicio que, según los abogados de la familia, está previsto para mayo de 2027.
El portavoz de la ciudad, Lenny Speiller, dijo que la ciudad “ha aceptado someter el caso a un proceso de mediación ante un juez, en un esfuerzo de buena fe por intentar resolver el asunto de manera justa y adecuada”.
“Hicieron las cosas a medias y perdieron evidencia fundamental”, declaró Bert McDowell Jr., uno de los abogados de la familia, refiriéndose a la manera en que la ciudad y la policía manejaron el caso.
“¿Dónde está el formulario LAP?”, preguntó el jurista, en alusión al Protocolo de Evaluación de Letalidad (LAP), un medio de evaluación que utilizan los agentes en casos de violencia doméstica. para determinar si una víctima corre un alto riesgo. “Esa es la pregunta que no pueden responder”.
McMillian, nativo de New Haven y residente de Hamden, tenía 27 años cuando murió el 6 de mayo de 2021.
A su funeral una semana después, en la iglesia Bethel AME, en Goffe Street, asistieron cientos de personas, muchas de ellas en uniforme.
Según el fallo del juez del 2 de noviembre, McMillian entró por una ventana en la vivienda de su expareja a primera hora del día, en mayo de 2021, pocos días después de que ambos terminaran su relación. Ella le ordenó que se marchara, pero él intentó volver a entrar por otra ventana. Entonces, llamó al 911.
Cuando llegaron las agentes Yalexa Melendez y Marlena Ofiara, ya McMillian se había marchado.
La expareja les dijo a las dos agentes que McMillian estaba bajo los efectos del alcohol, que desde la ruptura actuaba de manera errática y amenazante, y que poseía varias armas de fuego. También manifestó que temía sufrir “represalias” por haber llamado a la policía.
Melendez llamó a la sargento Jasmine Sanders para que le orientara. A su vez, Sanders se comunicó con el sargento Louis DeCrescenzo, supervisor de turno. Tras esa conversación, Sanders le indicó a Melendez que no detuviera a McMillian y que, en cambio, le entregara citaciones por delitos menores de allanamiento de vivienda y alteración del orden público.
Ofiara completó un formulario LAP. Luego, las agentes se dirigieron al domicilio de McMillian y le entregaron las citaciones. No comprobaron si tenía armas de fuego ni se las incautaron.
Más tarde ese mismo día, McMillian se suicidó.
La ley de Connecticut establece que, cuando un agente determina que se ha cometido un delito de violencia familiar, “dicho agente deberá arrestar a la persona sospechosa de haberlo cometido”.
Las normas del Departamento de Policía de New Haven prohíben entregar citaciones en casos de violencia doméstica y exigen que los agentes comprueben si hay armas de fuego.
Inmediatamente después de la muerte de McMillian, la entonces jefa interina de la Policía, Renee Dominguez, ordenó una investigación de Asuntos Internos. En un informe terminado el 10 de septiembre de 2021, que Frechette calificó de “sumamente crítico”, el sargento Christopher Fennessy determinó que las agentes habían violado la ley estatal y las órdenes del departamento que exigían el arresto de McMillian. Según el fallo, algunos de los agentes recibieron sanciones disciplinarias.
Sanders fue suspendida por 16 días, en lugar de los seis meses que Dominguez había recomendado. A la agente Melendez se le impuso una suspensión de diez días, que debía cumplir dentro de los seis meses siguientes a su notificación.
Tanto el sargento DeCrescenzo como la agente Ofiara, no fueron sancionados, ya que la investigación de Asuntos Internos concluyó que no habían cometido ninguna irregularidad.
Según las declaraciones de los propios oficiales, citadas en la sentencia, esa mañana hubo una divergencia. Meléndez declaró que quería detener a McMillian. “Quería arrestarlo y dejarlo preso”, afirmó. Ella dijo a Asuntos Internos, que no lo hizo porque Sanders es “mi sargento y yo seguía órdenes, aunque debí haber averiguado lo de las armas”.
Ofiara declaró a los investigadores que “los cargos no eran lo suficientemente graves para alguien que entra por la fuerza en una casa” y que sabía que el reglamento del departamento exigía una revisión de armas de fuego.
Sanders declaró a los investigadores: “De haber sido por mí, personalmente, lo habría arrestado, pero la orden vino de” DeCrescenzo.
Sanders dijo que le informó a DeCrescenzo que McMillian había entrado por una ventana y que era bombero. Según ella, DeCrescenzo respondió: “Nos toca ocupamos de lo que tenemos que ocuparnos y hacemos lo que podemos para ayudar… El allanamiento está bien… En realidad, no se trata de una invasión de domicilio”.
DeCrescenzo ofreció una versión diferente de los hechos a Asuntos Internos. Dijo que Sanders le había informado que McMillian no había entrado en la vivienda, sino que estaba golpeando las ventanas y las puertas. El informe de Asuntos Internos concluyó que la afirmación de Sanders sobre la orden que había recibido de DeCrescenzo contradecía la declaración de este último. También señaló que las imágenes de las cámaras corporales “sugerían que la sargento Sanders podría haber conocido a McMillian antes de este incidente”.
DeCrescenzo no está incluido en la demanda. McDowell se negó a explicar por qué.
Sanders reconoció ante los investigadores la gravedad de este tipo de llamadas.
“Especialmente en los casos de violencia doméstica, cuando intervienen armas de fuego, se trata de algo muy importante que no tomamos a la ligera. La gente tiene acceso a armas de fuego y, cuando hay emociones involucradas, uno no sabe lo que puede pasar”, afirmó.
Se supone que los formularios LAP deben ser devueltos a la estación de policía. Fennessy escribió que no había podido localizar el formulario LAP en el sistema de registros del departamento y que este “nunca fue escaneado ni agregado al registro electrónico”.
El detective encargado de los formularios, John Folch, tampoco pudo encontrarlo.
Al preguntársele el lunes si el formulario había aparecido, Speiller respondió que “no ha sido localizado”. Fennessy concluyó que “el formulario LAP nunca fue devuelto a la División de Patrullas”.
“El jurado podría utilizar la desaparición del formulario LAP para concluir que fue ocultado o destruido deliberadamente con el fin de encubrir pruebas de la negligencia de los demandados, ya que el documento estuvo por última vez en poder de estos”, escribió Frechette.
En documentos presentados ante el tribunal, la ciudad y los agentes argumentaron que la muerte de McMillian fue un acto intencional, que rompió el vínculo de responsabilidad de la ciudad y del departamento de policía. El juez no estuvo de acuerdo y citó el testimonio del psiquiatra experto de la familia del difunto, quien sostuvo que McMillian atravesaba una crisis aguda y que no habría muerto si se le hubiera dado tiempo para “calmarse”.
Speiller declaró en un comunicado, “La muerte del bombero McMillian, así como los acontecimientos que la precedieron, fueron una tragedia, y el Departamento de Bomberos de New Haven continúa lamentando su pérdida. La ciudad seguirá participando de buena fe en el proceso judicial y trabajando para alcanzar una solución adecuada a este asunto”.
Según el agente Christian Bruckhart, Sanders, DeCrescenzo y Ofiara siguen trabajando en el departamento. Señaló que Melendez, por motivos personales, renunció voluntariamente de su puesto en la policía. Sanders y su abogado no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En un comunicado conjunto, McDowell y el abogado Ron Etemi dijeron que la familia de McMillian “acudió a nosotros en busca de que el Departamento de Policía de New Haven rindiera cuentas. El departamento se negó a asumir su responsabilidad”. Ambos describieron a McMillian como “un padre, hijo y amigo muy querido”.
“Creemos que, si el Departamento de Policía de New Haven hubiera hecho su trabajo aquella noche, el señor McMillian estaría hoy junto a su querida familia”, afirmó McDowell.
Este fallo se produce mientras la ciudad ha aceptado pagar, o ha sido obligada a pagar, decenas de millones de dólares en los últimos años, a raíz de otras demandas relacionadas con casos de abusos por parte de la policía de New Haven.