Transparencia es sinónimo de nítido, límpido, impoluto e inmaculado y esta palabra aplicada a los negocios públicos sirve para proteger las garantías de las personas haciendo imprescindible que las acciones de un gobierno queden sujetas a escrutinio público, como base fundamental para la construcción de una cultura de claridad y lucidez.
Una forma de formalizar un acuerdo de transparencia en instituciones y en este caso del Departamento de la Policía, fue el decreto de consentimiento que se logra cuando en 1969 en el periodo de la lucha por los derechos civiles varios residentes de Hartford demandaron en Corte acusando a oficiales de la policía de llevar a cabo “numerosos actos de violencia, intimidación y humillación en contra de ciudadanos en base a su origen étnico y raza.”
De ese modo se estableció un Decreto de Consentimiento donde ambas partes, la policía y los residentes establecieron cláusulas de protección para la población y el freno a los arrebatos de brutalidad llevados a cabo por los uniformados.
Sin embargo, los documentos se firman, pasaban algunos años y los uniformados volvían a apalear a huelguistas que intentaban evitar la entrada de personas contratadas para reemplazarles. Inclusive fui conminado por un sujeto uniformado que viendo mi cámara fotográfica y mi identificación de prensa me espetó en la cara que me daba “cinco minutos para desaparecer del área donde apaleaban a los manifestantes.”
Así con altibajos y otros actos de brutalidad de la policía fue necesario recordarles a los alcaldes de turno y a los asambleístas municipales la existencia del Decreto con manifestaciones públicas cuyos líderes fueron Eugenio Caro y otros activistas de la década de los 70’ y 80,’ Se producían aún escenas de macanazos en contra de adultos y jóvenes que incluía la brutal técnica de arrojar entre dos uniformados usualmente de la raza blanca, a adolescentes en contra de paredes de concreto.
Mi intento de defenderles cuando era trabajador social para Hartford Neighborhood Centers, me valió otra amenaza para que “desapareciera,” pero al menos los arrestaron y pude comunicarme con sus familia y solicitar que se les sacara de la cárcel esa misma noche porque eran menores.
Con sus deficiencias y altibajos, el decreto de consentimiento y los lideres de la comunidad pusieron sobre el tapete de la discusión la insuficiencia de policías que representaran a una comunidad con una mayoría de residentes hispanos y de la raza afroamericana, ciudadanos con todos los requisitos de la ley.
Este decreto protector se desvaneció este año cuando un juez de cuyo nombre no deseo acordarme, determinó que “quienes deseaban la continuación de esta protección legal no habían mostrado suficientes pruebas de que el Departamento de la Policía de Hartford hubiese violado el acuerdo contractual.”
Por este motivo la asamblea municipal aprobó una moción que exige una mayor transparencia y responsabilidad por parte del Departamento de la Policía en un esfuerzo para restaurar lo estipulado en el pasado por las guías y orientaciones que rigen la relación policía y ciudadanos.
Uno de los puntos más importantes de la resolución presentada por Thomas “TJ” Clarke III líder de la mayoría en el Concilio es que se considere la realidad racial y étnica de Hartford al momento de reclutar a los agentes del orden y que la información referente a la composición de la fuerza uniformada sea accesible a los ciudadanos.
“Queremos informes semestrales del proceso de reclutamiento y el consejero Legal de Hartford y Jason Thody, jefe de la Policía de la ciudad capital tienen sesenta días para explicar donde está el Departamento con respecto al difunto Decreto de Consentimiento que expiró este año,” dijo Thody.
Parte de la estrategia de vigilancia y transparencia es fortalecer el Directorio Civil de Revisión de los Actos de la Uniformada y un compromiso de que los reclutamiento de nuevos agentes de la ley representen a una población con mayoría de ciudadanos latinos o hispanos.
En la actualidad Hartford tiene 1,016,000 habitantes y en 2022 hubo un aumento del 0.59%. En cuanto a la representación racial y étnica hay un 45.5% de LATINOS o personas de origen hispano, un 34.1 de residentes afroamericanos, un 14.7 de ciudadanos de la raza blanca, y un 2.6% de asiáticos.
Con respecto a los Decretos de Consentimiento es triste recordar el que se logró para proveer educación en otras lenguas a estudiantes de distintos países y que también feneció sin pena ni gloria ni reclamos afectando a la población bilingüe y bicultural. Era ese un esfuerzo para apoyar a los estudiantes que estudiaban inglés como segundo idioma y los recursos se fueron también desvaneciendo. Tenemos copias de este progreso también desvanecido por los altibajos políticos de la ciudad capital.
