Para mucha gente en nuestra comunidad, hay pocas cosas que den más miedo que ir al médico. Tememos la enfermedad, ciertamente; la salud siempre preocupa. Pero aparte de nuestras potenciales dolencias, una visita a la consulta muchas veces incluye una pregunta implícita: ¿Cuánto dinero nos va a costar?
A pesar de que la Affordable Care Act, la reforma de la sanidad de Obama, ha reducido el coste y mejorado el acceso a seguros médicos en el estado, hay mucha, demasiada gente que no tiene cobertura de ningún tipo. Ya antes de la pandemia, uno de cada cinco latinos en nuestro estado carecían de seguro de salud en Connecticut. El porcentaje es aún mayor para inmigrantes indocumentados; la mitad de ellos no tienen cobertura alguna. Para todos ellos, ver al doctor o una visita a urgencias equivale una factura que puede ser de miles de dólares, incluso para una dolencia menor.
Esta falta de acceso al sistema de salud tiene consecuencias muy graves en nuestra comunidad. El retrasar una visita al médico puede hacer que una enfermedad más o menos leve se complique hasta convertirse en muy grave. Aquellos que sufren dolencias crónicas, como asma y diabetes, pueden acabar racionando los medicamentos que las mantienen bajo control, poniéndoles en riesgo. Una mujer embarazada puede acabar teniendo problemas durante el parto que podrían ser evitados con una visita al médico durante la gestación. Esto lo vemos en los datos: los latinos en Connecticut vivimos menos años, sufrimos más enfermedades crónicas, y así hasta abarcar prácticamente cualquier indicador de salud imaginable.
Por supuesto, el tener seguro médico no basta para evitar sufrir casi las mismas ansiedades. Muchos de los planes disponibles en el mercado u ofrecidos por empleadores exigen dispendios considerables ante cualquier emergencia médica, con copagos, redes, formularios y franquicias casi ininteligibles incluso para expertos. Incluso teniendo cobertura, un tratamiento puede acabar costando miles de dólares. Los latinos, de nuevo, tenemos una probabilidad más elevada de estar infra-asegurados, y con ello, tenemos también mayor tendencia a retrasar esas visitas al médico o tratamientos preventivos que pueden salvar vidas.
A estas alturas, es obvio que necesitamos una alternativa. Nuestro sistema de salud se ha mostrado incapaz de ofrecer cobertura médica asequible, fiable y de buena calidad. Es imprescindible que sacar adelante medidas que expandan el acceso de nuestra comunidad a servicios de salud.
Estas reformas deben cubrir dos áreas importantes. Primero, es necesario que el estado ofrezca una alternativa asequible, fiable, y de buena calidad a estos planes de seguros privados basura que cobran mucho y no cubren nada. Uno de los problemas a los que se enfrentan muchos pequeños negocios es que las aseguradoras no quieren ofrecerles nada parecido a un seguro con buena cobertura, porque creen que es demasiado arriesgado. La alternativa es que el estado sea quien lo haga, permitiendo a pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro poder contratar un plan público. S.B. 842, una propuesta que está siendo debatida en Hartford, ofrecería precisamente esta opción, una public option que daría acceso a miles de trabajadoras y empresas a la clase de seguro médico del que no tienen que preocuparse, y hacerlo a un coste razonable.
El segundo paso es extender la cobertura médica a inmigrantes, sin excepciones. Si algo hemos aprendido durante la pandemia es que las enfermedades no entienden de pasaporte o color de piel. A pesar de pagar más de $120 millones al año en impuestos, los inmigrantes no tienen acceso a seguros públicos como HUSKY o pueden contratar una póliza a través de Access Health CT.
Los legisladores, afortunadamente, parecen haber entendido lo profundamente injusto e inmoral de esta situación. S.B. 842, la ley a la que me he referido antes, permitiría a inmigrantes sin papeles contratar seguros en el mercado regulado. Otras dos propuestas de ley, S.B. 956 y H.B. 6334, abrirán HUSKY, el seguro público para familias y personas con pocos ingresos, a todos los residentes del estado, sin preguntar su nacionalidad.
Estas leyes, sin duda, reducirían de forma considerable el porcentaje de latinos sin acceso a cobertura médica en el estado. Estas leyes salvarían vidas. Es hora de que los legisladores en Hartford tomen nota.