Nuestro estado necesita, por encima de todo, dos cosas. Primero, una economía sólida que cree puestos de trabajo para todos. Segundo, asegurarnos de que ese crecimiento económico alcance a todo el mundo, sin dejar nadie atrás.
Por desgracia, la economía de Connecticut no ha producido esta clase de resultados. El patrón habitual en nuestro estado es que no sólo nuestras recesiones son más profundas que en el resto del país, sino que además la recuperación es más lenta. Cuando la economía vuelve a crecer lo hace tarde, mal y a rastras, y a menudo los salarios apenas llegan a alcanzar las cifras anteriores a la última crisis cuando sufrimos una nueva recesión.
Los datos son claros. Connecticut Voices for Children publica cada año un estudio sobre el estado del mercado de trabajo en el estado. En su último informe antes de la pandemia, señalaban que, para las familias trabajadoras con menos ingresos, sus sueldos en 2017, ajustados por la inflación, eran aún inferiores a los del 2007. Mirando atrás, el sueldo mediano en el estado es esencialmente el mismo que a finales de los noventa. Las familias trabajadoras en este estado no han visto su prosperidad mejorar en absoluto.
La buena noticia, sin embargo, es que esta tendencia parece estar empezando a romperse esta vez. Voices, en su informe más reciente, señala que por primera vez en cuatro décadas los salarios de las familias de clase trabajadora y clase media en el estado están subiendo más deprisa que el de las clases altas. Aunque las diferencias raciales y de genero siguen siendo pronunciadas, incluso tras ajustar por nivel educativo, edad y experiencia, la desigualdad ahí también está empezando a cerrarse.
El motivo ha sido, sobre todo, políticas públicas. Connecticut subió el salario mínimo de forma significativa el 2019, y eso ha repercutido en los ingresos de todos los trabajadores. El estado también ha aprobado una serie de medidas que protegen los derechos de los asalariados, desde la ley de bajas por enfermedad y motivos familiares a proteger derechos sindicales. Esto, sumado a una mano de obra más exigente tras la pandemia, ha dado más poder de negociación a los trabajadores – y mejores salarios.
Si todas estas medidas legislativas han hecho que los empresarios traten con más respeto a sus trabajadores, es indudable que podemos hacer más. Connecticut puede aprobar legislación sobre horarios estables, limitar el abuso de cláusulas que limitan la competencia y aumentar el número de trabajadores que forman parte de sindicatos. También pueden dar mejor acceso a guarderías, dando más flexibilidad a los trabajadores.
Aparte de los salarios, el otro problema de Connecticut al salir de cada crisis es que no creamos empleo. En el estado hoy tenemos el mismo número de puestos de trabajo que en 1989. El problema, en este caso, no es tanto de empresas sino de mano de obra, ya que el número de trabajadores en el estado tampoco ha aumentado; somos, de hecho, uno de los lugares del país que crecen más lentamente.
El problema, en este caso, es la vivienda, o más en concreto, la ausencia de esta. Connecticut no construye suficientes viviendas no ya para atraer mano de obra y ayudar a que las empresas puedan contratar más trabajadores, sino para dar cobijo a su propia población. La ausencia de casas y apartamentos hace que las empresas en expansión no puedan atraer talento, limitando su potencial y el crecimiento económico. Mientras tanto, los grandes beneficiarios de esta escasez son los caseros que pueden subir alquileres sin problema; los salarios más altos de cada expansión económica acaban, invariablemente, en sus bolsillos.
Hay una solución fácil y barata a este problema, que es construir más. Connecticut debe eliminar las barreras urbanísticas que poco menos que prohíben construir vivienda asequible en el estado, y apoyar la construcción de vivienda a buen precio. Este es un requisito imprescindible si queremos que nuestro estado crezca, y tener una economía más próspera.
Los salarios estancados y escaso crecimiento económico anteriores a la pandemia no son un accidente, sino el resultado de decisiones políticas. Podemos revertirlo tratando a los trabajadores con respecto y garantizando que tengan un lugar donde vivir. Está en nuestras manos.