HARTFORD, CT.– El gobernador Lamont ha presentado hoy una reforma integral del sector energético para reforzar la regulación y rendición de cuentas de las empresas eléctricas con la intención de reducir el coste de la energía, crear más competencia, y poner a los abonados primero.
Flanqueado por legisladores y defensores de los consumidores, la propuesta continúa años de medidas de la administración Lamont para solventar el problema persistente del elevado coste de la electricidad en Connecticut. Estas incluyen la ley “Recuperemos nuestra red eléctrica” (“Take Back Our Grid”) en el 2020, el contrato negociado con la central nuclear de Millstone que ha ahorrado a los abonados $450 millones este año, y reducciones en las tasas de servicio público que ya han reducido las facturas mensuales de los clientes de Eversource y United Iluminating.
“La gente está enojada al ver las facturas de la luz disparándose,” dice el gobernador Lamont. “El modelo de eléctricas reguladas del siglo XX ya no funciona para las familias de Connecticut. Sólo sirve para favorecer a los accionistas. Durante demasiado tiempo, los abonados han sido tratados como una fuente cautiva de ingresos, mientras los beneficios aumentaban y las facturas subían. Este paquete de reformas trae más competencia, transparencia real, control y rendición de cuentas a un sistema que ha estado funcionando bajo piloto automático a costa de nuestros bolsillos. Las familias de Connecticut merecen una red eléctrica que trabaja para ellos, no una que están obligados a subvencionar.”
“Cuando los residentes de Connecticut tienen dificultades para pagar sus elevadas facturas eléctricas, estas no deben servir para pagar a lobistas de la empresa u otros gastos de las eléctricas que no tienen nada que ver con ofrecer un servicio fiable,” dice la vicegobernadora Susan Bysiewicz. “El gobernador Lamont y yo creemos que las eléctricas deben rendir cuentas sobre cada dólar que cobran a sus abonados. Estas reformas ponen a los consumidores primero y dejan bien claro que las eléctricas deben ganarse la confianza del público, no darla por hecha.”
La propuesta incluye las siguientes reformas:
• Asequibilidad como estándar regulatorio: requerir a la Autoridad Reguladora de Empresas de Servicios Públicos (Public Utilities Regulatory Authority, o PURA) que tenga en cuenta la asequibilidad para los abonados, incluyendo el coste de la energía para el hogar, al determinar tarifas eléctricas, tasas de retorno, y la estructura de capital permitida. Esto asegura que los beneficios de las eléctricas estén limitados por lo que las familias de Connecticut pueden pagar.
• Rendición de cuentas en las concesiones: requerir a las compañías distribuidoras de electricidad (EDCs) que tengan que renovar sus concesiones, que les da el derecho de servir a abonados en exclusiva, con PURA de forma periódica, y establecer un proceso de transición ordenado si una concesión no fuera renovada. Las eléctricas deben ganarse el derecho a seguir operando como monopolio.
• Análisis coste-beneficio: requerir a las EDC que presenten análisis coste-beneficio antes de iniciar programas de mejora de la red que serán pagados a través de la tarifa eléctrica. Mejorar la supervisión de la planificación de las eléctricas reducirá el coste del sistema y protegerá a los abonados de gastos innecesarios en infraestructura, asegurando que se dé prioridad a las mejoras en la red que tengan mayor impacto probado antes de que las familias tengan que cargar con el coste.
• Fortalecimiento de la protección al consumidor: otorgar a la oficina de protección al consumidor (OCC, en inglés) la capacidad de emitir citaciones y requerimientos legales cuando crea que las eléctricas ha vulnerado la ley, y actualizar el estatuto de la OCC para permitir que utilicen expertos independientes para analizar solicitudes de las eléctricas, dándole al regulador de estas empresas las herramientas necesarias para defender a los abonados de forma efectiva.
• Aumentar la competencia: permitir que otras empresas compitan con las EDC dándoles la opción de construir células energéticas, paneles solares, mejoras en las infraestructuras, y conectar directamente con residencias particulares, ampliando el actual sistema de microredes para reducir precios gracias a la competencia. Se animará también a otros operadores regionales a que compitan por nuevos proyectos de transmisión.
• Penalizaciones por no implementar tecnología que reduzca costes: establecer que los EDC actúan de forma imprudente cuando no adoptan e instalan tecnologías que pueden reducir costes que pueden reducir la factura de los abonados y reducir costes en toda la red, creando los incentivos necesarios para que hagan lo correcto.
• Topes de beneficios a las eléctricas que reflejen el coste real del capital: establecer topes en el retorno de la inversión para que no exceda los costes del capital invertido.
• Reforzar las herramientas basadas en resultados de PURA: incentivar el control de costes y alinear beneficios con el buen funcionamiento de la red.
“Las tarifas están bajando, el contrato nuclear con Millstone está ahorrando millones de dólares a los consumidores, y hemos tomado medidas para reducir las facturas con cambios en las tasas de servicios públicos”, dice el gobernador Lamont. “Estos son resultados concretos que ya están poniendo dinero en los bolsillos de la gente. Si las eléctricas quieren subir sus tarifas, deberán demostrar que se lo han ganado, y las familias de Connecticut tendrán un regulador con poderes reales para asegurarse que así sea.”
