Por Laura Glesby
Dos docenas de defensores de los inmigrantes se salieron de una reunión del Ayuntamiento que, con unos 50 participantes, se transformó en un debate sobre lo que los residentes tienen derecho a hablar en las audiencias públicas, protestando porque un concejal insistió en que un testigo no se saliera del tema.
Se trata del último paso, que tiene lugar cada diez años, del proceso de revisión de los estatutos fundacionales de New Haven.
Apenas algo más de la mitad de los concejales asistieron a la reunión del llamado Comité Plenario para escuchar al público, tanto sobre las recomendaciones de la Comisión de Revisión de la Carta, como sobre cambios propuestos por los propios concejales.
Una de esas propuestas de los concejales permitiría a los residentes de New Haven que no son ciudadanos, formar parte de las directivas y comisiones como la Junta de Educación y la Comisión de Planificación de la Ciudad.
Actualmente, solo los “votantes”, es decir quienes pueden votar en New Haven, pueden se parte de esos comités. Esos votantes tendrán que decidir en noviembre sobre este asunto y muchos otros, por ejemplo, sobre los periodos de cuatro años para alcaldes y concejales.
En la reunión del martes, al menos ocho personas se mostraron a favor de permitir a los inmigrantes no ciudadanos formar parte de consejos y comisiones, entre ellas personas afiliadas a la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes y los trabajadores Unidad Latina en Acción (ULA).
Dos miembros de ULA, Sara Montero y Juana Valle, leyeron su declaración en español con un intérprete de inglés. Dijeron que su experiencia personal era que les pagaban mal y que el casero no les hacía caso.
Ambas pidieron a los concejales que aprobaran que no ciudadanos pudieran ser parte de esos comités para que el gobierno comprendiera mejor sus necesidades.
Valle dijo que su casero trato de desalojarla cuando se quejó a la ciudad sobre las pobres condiciones de su apartamento. “Los inmigrantes sufrimos injusticias y eso pasa porque nadie nos representa ni propone leyes a nuestro favor”
Después fue el turno de otra miembro de ULA, Carolina Sánchez.
Con ayuda un intérprete, habló de su experiencia trabajando en un restaurante local, donde dijo que uno de los propietarios la acosó sexualmente. “No me pagaban las horas extras. Fui victima de abusos y, aunque me quejé en la policía, nada pasó”.
En ese momento, la concejal de Dixwell, Jeanette Morrison, quien presidia esta reunión, la interrumpió diciendo “Mis disculpas, pero quiero asegurarme de que seguimos ocupándonos de los temas en agenda”.
“Porque lo que se está diciendo no parece que tenga que ver con los temas de la revisión de la Carta”.
“Deseo seguir hablando”, dijo Sánchez.
“Esta bien, pero si no tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, voy a tener que interrumpirle”, respondió Morrison. Sánchez siguió hablando por un buen momento, hasta que Morrison le cortó la palabra, “su testimonio parece para otra reunión, no para esta”.
Ahí intervino el fundador de ULA, John Lugo, quien, acercándose a la concejal, le dijo “no es cierto, no es cierto”. Morrison le ripostó, “aquí no lo vas a hacer John, esta es mi reunión”. Lugo, comenzó a decir, “está relacionado…”.
“Esta es mi reunión John. Si no te puedes controlar, mejor te sales”.
La concejal Carmen Rodríguez habló directamente a Sánchez en español, explicándole que la reunión se refería a los estatutos de la ciudad, incluida la cuestión de si los no ciudadanos podían formar parte de juntas y comisiones.
No es que su testimonio no sea importante, le dijo Rodríguez, “es que es para otro momento“.
“OK”, dijo Sánchez y se paró para irse. Alrededor de otros 25 miembros de ULA salieron de la sala con ella. Y Lugo exclamó, “no participaremos más”. Se quedaron en el pasillo mientras Sánchez continuaba su relato. Alegó que pensaba terminar diciendo “por eso necesitamos quien nos represente’. “Cada quien deseaba contar su experiencia personal, dijo Lugo.
La reunión prosiguió rápidamente luego que los miembros de ULA salieron. La discusión sobre el tema siguió en una sala prácticamente vacía.
Mirka Domínguez, que trabaja con casos de los Servicios Integrados para Refugiados e Inmigrantes (IRIS), siguió defendiendo que los no ciudadanos formen parte de juntas y comisiones locales.
Dijo que muchos inmigrantes trabajan por largas hora y es posible que tengan menos tiempo y energía para trabajar en la administración local, pero “aun así, deberían poder elegir”.
Al final de su testimonio sostuvo que se debió dejar a Sánchez continuar con su relato. “Creo que se silenció a gran parte de la comunidad”.
Afuera, Lugo alegó que los concejales habían cortado la palabra a Sánchez porque la concejal de Fair Haven/East Rock, Claudia Herrera, presente en la reunión, tenía una relación personal con los propietarios del restaurante que Sánchez estaba acusando de amenazas de muerte y acoso sexual.
Luego de la reunión, Herrera explicó que, aunque tenía amistades que habían sido acusadas de acoso sexual en circunstancias similares, nunca conoció la identidad de la persona que había formulado las acusaciones y no había comentado la situación con sus colegas. “No sabía quién es esta señora. Vine únicamente a escuchar a la gente, inmigrantes o no. Para aprender”.
Morrison igualmente aclaró que no tenia idea de que hubiese problemas entre Sanchez y las amistades de Herrera. “Ella estuvo hablando de sus traumas personales y mi papel es mantenernos en agenda”.
La concejal de Fair Haven, Sarah Miller comento, “lo que para una persona es importante, no lo es para otra. Ciertamente hay una zona gris”.
El líder de la mayoría, Richard Furlow, apoyó la decisión de Morrison de cortar el testimonio de Sánchez alegando acoso sexual. “No se puede venir a una reunión y hablar de cualquier cosa”.
Matos: Encauzar el valor de los inmigrantes
Otra voz en favor de otorgar a no inmigrantes derecho de representación fue la de Kica Matos, residente en Fair Haven y presidenta del National Immigration Law Center.
Matos defiende que “beneficiaría a nuestra ciudad y reforzaría nuestra democracia” permitir a todos los residentes formar parte de juntas y comisiones, aunque no tengan derecho a votar. Y menciono otras ciudades donde existen esos derechos, entre las cuales, San Francisco y Boulder, Colorado.
El concejal de Fair Haven, Ernie Santiago pregunto a Matos si había algún requisito en esas ciudades para servir en los comités, como quizás un diploma de bachiller.
Matos respondió, “eso depende, en Boulder, tener 18 años”. Para las comunidades que ahora tienen acceso a los consejos municipales, dijo Matos, “esto les ha dado un sentido de identidad”.
Matos admitió que a veces es difícil encontrar gente dispuesta a estar en esos comités, pues “
“Hace falta una gran dosis de audacia y creatividad y agallas para superar todas las barreras” y tener éxito como extranjero en Estados Unidos. “Solo hay que imaginar si pudiéramos crear oportunidades para que gente emprendedora compartieran algunas de sus destrezas en la ciudad”.