Por Paul Bass
Los mediadores estatales han anulado el despido del agente de policía que transportó a Richard “Randy” Cox en un fatídico viaje, que acabó paralizando a Cox y costando a New Haven 45 millones de dólares.
La Junta de Mediación y Arbitraje del Estado de Connecticut (State Board of Mediation and Arbitration), votó 2 a 1 a favor de anular el despido, el pasado el 28 de junio, del agente, Óscar Díaz, por su papel en el caso Cox.
En cambio, dictaminó que Díaz debía recibir una suspensión de 15 días sin sueldo y cobrar los atrasos por el resto del tiempo perdido. La decisión de la Junta se hizo pública el pasado viernes.
En respuesta, el ayuntamiento ha anunciado que presentará una moción ante el Tribunal Superior del Estado, solicitando la anulación de la sentencia, en lugar de restituir a Díaz en su cargo.
Díaz condujo a Cox al centro de detención de 1 Union Ave. el 19 de junio de 2022, después que la policía lo arrestara por una acusación de posesión de armas.
Ese día, Díaz frenó bruscamente en una intersección para evitar una colisión mientras conducía por encima del límite de velocidad.
La cabeza de Cox chocó contra una pared de la parte trasera de la camioneta, que no tenía cinturones de seguridad. Cox le informó a Díaz de que se había hecho daño.
Díaz informó por radio, pero en lugar de esperar a que llegara una ambulancia, condujo a Cox al número 1 de Union Ave. Allí, un supervisor acusó a Cox de mentir, le exigió que se levantara y, a continuación, lo sacó de la camioneta, lo sentó en una silla de ruedas y lo arrastró por el suelo hasta una celda.
Cox quedó parcialmente paralizado. El caso provocó indignación nacional.
Posteriormente, la ciudad llegó a un acuerdo sin precedentes de 45 millones de dólares para resolver una demanda civil interpuesta por Cox.
La policía detuvo a los cinco agentes implicados por cargos menores de crueldad e imprudencia temeraria. Y la Junta de Comisionados de Policía despidió a cuatro de los cinco agentes. Incluido Díaz. (El quinto agente se jubiló antes de los despidos).
El sindicato policial se quejó por el despido de Díaz.
La queja pasó a la Junta de Mediación, que emitió su dictamen el viernes.
Díaz “no cometió todas las infracciones que se le imputaban, incluidas las más graves”, afirma la decisión. ambién señala que Díaz nunca había tenido problemas disciplinarios a lo largo de sus 15 años de carrera.
Sí, Cox debió haber recibido tratamiento médico inmediato en el lugar de los hechos, señala la declaración del panel arbitral.
Y Díaz sí hizo “mal uso” de su teléfono al enviar mensajes de texto y hacer una fotografía de la multa de arresto mientras conducía y mantenía en él “algunas fotografías de desnudos”. Pero la ciudad nunca demostró que las acciones de Díaz provocaran las graves lesiones de Cox, dictaminó el tribunal.
El informe responsabiliza sobre todo a otros: Un supervisor (el sargento Steven Spofford) que debería haber oído el informe de Díaz por la radio de la policía de que Cox necesitaba “tratamiento médico inmediato”.
La supervisora del centro de detención (la sargento Betsy Segui) que consideró que Cox estaba borracho y mentía y supervisó su maltrato.
Díaz también fue despedido por haber cometido un delito. Pero, concluyó la Junta de Mediación y Arbitraje, la causa penal contra él sigue pendiente, por lo que eso no se ha probado todavía. Por lo demás, Diaz se declaró inocente en ese caso.
No es culpa de Díaz que la furgoneta no dispusiera de cinturones de seguridad ni que tuviera problemas para “ entender lo que decía el Sr. Cox en la parte trasera de la furgoneta”, según el informe.
Además, el informe atribuye a Díaz haber “tratado al Sr. Cox con respeto”, ajustándole las esposas para que estuviera más cómodo y diciéndole a Segui: “Si realmente se cayera, ni siquiera lo movería. Por si acaso yo ni lo movería hasta que llegue la ambulancia”.
Es cierto que Díaz participó en los malos tratos infligidos a Cox en el centro de detención “poniéndole la mano encima” en un momento dado, según el informe.
Pero eso también puede considerarse “ como un esfuerzo para evitar perjudicar al Sr. Cox”, concluyó el tribunal.
La presidenta del panel, Linda Yelmini, y el árbitro laboral Donald Sevas votaron a favor de la reincorporación de Diaz. Richard A. Podurgiel, árbitro de gestión del panel, se mostró en desacuerdo.
Al ser consultado el domingo, el agente Díaz no quiso hacer comentarios sobre la decisión. El presidente del sindicato de policía, Florencio Cotto, tampoco respondió a un mensaje solicitando comentarios.
Esta es la segunda vez en dos meses que la junta de arbitraje vota a favor de anular un despido policial.
El pasado 22 de noviembre, por otro incidente, la junta votó a favor de la reincorporación a la policía, de la sargento Shayna Kendall.
El departamento de policía dispone de otra vía para poner fin a la carrera de los agentes implicados: solicitar su descertificación estatal. Ese proceso está actualmente en curso.
El alcalde Justin Elicker y el jefe de policía Karl Jacobson declararon el domingo en un comunicado conjunto, que están “ sumamente decepcionados” por la sentencia y en total desacuerdo con ella.
“En su inmensa mayoría, nuestros agentes de policía cumplen las normas más estrictas de profesionalidad y se juegan la vida cada día para proteger y servir a nuestros residentes y mantener la seguridad de nuestra comunidad. Sin embargo, cuando un agente de policía se aparta de estas estrictas normas, como ocurrió con el Sr. Cox, debe haber una rendición de cuentas y un mensaje claro de que esas acciones no serán toleradas por el Departamento de Policía de New Haven”, dijeron ambos en su declaración.
En un comentario enviado por correo electrónico el lunes al Independent, el presidente del Sindicato de Policía de New Haven, Florencio Cotto declaró, “Estamos preparados para contraatacar y dar la bienvenida de nuevo al agente Díaz al Departamento de Policía de New Haven”.
Dijo que el sindicato está “muy satisfecho” con la decisión de la Junta de Mediación.