Por Nora Grace-Flood
Funcionarios del Estado tropezaron con los terrenos llenos de basura que llevan a English Station, para informar sobre una demanda presentada por los mismos motivos que otras amenazas frustradas contra United Illuminating con el fin de que la compañía reactive el lago tiempo aplazado saneamiento del terreno.
“Una foto informa más que 1.000 palabras”, dijo el lunes el fiscal general de Connecticut, William Tong, frente a una verja de alambre con carteles de “Peligro” y “Prohibido el paso”.
“Fíjense en este lugar”, continuó, señalando la antigua central eléctrica conocida como English Station, ubicada a orillas del río Mill, en el 511 de Grand Ave.
Tong y Katie Dykes, Comisionada del Departamento de Energía y Protección Medioambiental del Estado, son los dos principales querellantes en una demanda presentada el 25 de enero contra United Illuminating (UI), antigua propietaria del inmueble, que tiene como objetivo obligar a la compañía eléctrica regional de propiedad internacional, a cumplir con una disposición que firmó en 2016, en la que se comprometía a sanear el lugar contaminado.
Según la orden de conformidad parcial de 2016 entre UI y el Estado, UI acordó destinar al menos 30 millones de dólares a la rehabilitación de un lugar que habían dejado contaminado con carcinógenos conocidos, bifenilos policlorados (PCB) y metales pesados, así como otros contaminantes, tras operar la planta desde 1929 hasta su desmantelamiento en 1992.
La última vez que Tong visitó English Station fue en marzo, cuando pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (PURA) que impusiera una multa anual de 2 millones de dólares a UI hasta que cumpliera su parte del acuerdo.
La PURA decretó el pago de dicho recargo en agosto.
Casi seis meses después, Tong se ha hecho cargo del asunto mediante la presentación de la demanda estatal.
Esa demanda reclama una sanción civil de 25.000 dólares al día por cada una de las violaciones de la orden de aprobación parcial por parte de UI.
El Estado menciona seis infracciones de las que supuestamente es culpable IU, entre ellas el incumplimiento del plazo original de tres años para la limpieza y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas en el lugar; y el incumplimiento de los plazos y planes de saneamiento de la planta.
“¡Eso significa que potencialmente, puede llegar hasta 150 mil diarios!” dijo Tong. “Pero no se trata de dinero. Se trata de limpiar este lugar”.
La demanda solicita además cuatro medidas cautelares permanentes que obliguen a la empresa a cumplir todos los requisitos de la orden de acuerdo original, prohibiéndoles incumplir cualquiera de las disposiciones establecidas en dicho documento, exigiéndoles que tomen “las medidas necesarias para corregir y/o remediar dichos incumplimientos”, y le prohíbe a UI incumplir los Estatutos Generales de Connecticut, que reglamentan el control de la contaminación del agua.
Aunque UI ha invertido al menos 20 millones de dólares en el saneamiento en los últimos ocho años, Tong acusó a la empresa de ” darle largas al asunto” y dejar la estructura principal, la central eléctrica propiamente dicha, ” en mal estado “.
“No sabemos qué hacer con IU”, declaró. Afirmó que la empresa es responsable de la limpieza del emplazamiento cueste lo que cueste, pero que puede solicitar el reembolso una vez que haya gastado el mínimo de 30 millones de dólares.
“Estamos revisando las múltiples inexactitudes vertidas durante la rueda de prensa de hoy en relación con English Station y responderemos a su debido tiempo”, declaró por correo electrónico a The Independent la portavoz de IU, Sarah Wall Fliotsos.
” Encomiamos que el Estado se haya decidido por esta acción sobre la orden de acuerdo parcial que implica la limpieza del terreno, e instamos a los funcionarios a que a continuación exijan también una limpieza adecuada del agua contaminada.
Al exigir a UI que cumpla sus obligaciones de limpiar tanto el terreno como el agua, el DEEP y el fiscal general pueden remediar esta grave injusticia medioambiental y devolver los recursos a la comunidad a la que pertenecen, “, declaró Roger Reynolds, Director Jurídico de Save the Sound, en un comunicado publicado tras la rueda de prensa.
El alcalde Justin Elicker, por su parte, instó al público a “imaginar lo que este lugar podría ser para la comunidad” y el barrio de Fair Haven.
Quizá un parque o una urbanización, sugirió. “Es ofensivo”, dijo, que IU haya paralizado un potencial proyecto de desarrollo al no solucionar los problemas medioambientales que causó.
Bajo un frío glacial, el senador Martin Looney felicitó a Tong y Dykes por “pisar el acelerador a fondo” y bromeó sobre la posibilidad de que el equipo se diera un chapuzón polar en el caudaloso río.
“No vamos a meternos en aguas como si fuera el polo”, dijo Tong. No solo porque la zambullida que nos dimos con la acción legal es ya bastante incomoda, sino, además, por el impacto medioambiental que las fotos no pueden mostrar, como que esas aguas están contaminadas con PCB (policlorinada).