Por Thomas Breen
La administración de Elicker se propone tomar prestados y transferir hasta 16 millones de dólares del último excedente presupuestario de la ciudad, para cubrir la parte faltante de un acuerdo de pago de 45 millones de dólares por mala actuación policial.
En la sección de “comunicaciones” de la agenda de las últimas reuniones de la Junta Municipal se incluyen dos propuestas de enmiendas a la ordenanza en las que se detallan dichas propuestas de pago.
Ambas se refieren a Richard “Randy” Cox, ciudadano afroamericano de New Haven de 37 años, que sufrió lesiones paralizantes mientras se encontraba bajo custodia policial el 19 de junio de 2022.
La ciudad aceptó a principios de mes un acuerdo por 45 millones de dólares tras una demanda federal presentada por Cox y su familia. Es un monto que los abogados de Cox, entre ellos el abogado nacional de derechos civiles Ben Crump, han descrito como el mayor acuerdo por mala conducta policial en la historia del país.
Ambas propuestas fueron presentadas por el contralor interino de la ciudad, Michael Gormany. Ahora pasan a un comité de concejales para su revisión antes de volver al pleno para una votación final a finales de este año.
Una de las propuestas es para modificar la Ordenanza de Asignación de Créditos nº1 para el año fiscal 2022-23 (FY23), que regula los gastos del fondo general para el periodo hasta el 30 de junio, para autorizar la transferencia de hasta 16 millones de dólares del fondo general de la ciudad, a la llamada “cuenta de liquidación de litigios”.
La segunda propuesta es para modificar la Ordenanza de Asignación de Créditos nº3 para el año fiscal 24, que regula el endeudamiento de la ciudad desde el 1 de julio, para permitir la emisión de bonos de obligación general por 16 millones de dólares y pagar la parte correspondiente a la ciudad del acuerdo de Richard Cox contra la ciudad de New Haven, ya resuelto en los tribunales federales.
Como explica Gormany en una carta de 30 de junio al Consejo Municipal en apoyo de ambas propuestas, 30 de los 45 millones de dólares del acuerdo, corresponden a las compañías de seguros de la ciudad.
Así, la ciudad se hace cargo de los otros 15 millones, más un millón destinado a una franquicia de “retención autoasegurada” (SIR).
“La ciudad prevé hacer este pago con fondos obtenidos mediante una combinación de transferencias presupuestarias y garantías, por un total no superior a dieciséis millones de dólares ($16.000.000)”, escribió Gormany.
“Según las condiciones del seguro de la ciudad, tenemos una retención autoasegurada (SIR) de un millón de dólares ($1.000.000), de la que se deducirán los gastos legales, y que estábamos obligados a asumir antes de la aplicación del seguro. El seguro cubrirá un total de treinta millones de dólares ($30.000.000) de la indemnización total de cuarenta y cinco millones de dólares ($45.000.000).
Estaremos obligados a pagar el saldo del SIR, más cualquier monto superior a treinta millones ($30.000.000) hasta alcanzar el pago total de cuarenta y cinco millones ($45.000.000)”.
El informe financiero de mayo muestra que la ciudad tendría un superávit de unos 10 millones de dólares en el año fiscal que finalizó el 30 de junio.
Elicker dijo al Independent que ese superávit del fondo general del FY23 es lo que la ciudad transferiría para cubrir parte de ese pago.
Entonces, la ciudad tomaría prestada cualquier otra cantidad necesaria por encima del superávit del FY23.
Dijo que no piensa pedir a los concejales que utilicen los 37 millones de dólares del fondo de reserva de la ciudad para cubrir los costes de este acuerdo.
“Las cantidades solicitadas para transferencia todavía no están definidas porque no sabemos cuál será el total de los costes legales, ni cual será la cantidad definitiva del saldo de la SIR”, escribió Gormany al final de su carta del 30 de junio a los concejales.
“Además, la conclusión de la conciliación de fin de año y las condiciones del mercado de bonos, determinarán los importes a transferir a través de cada enmienda. Sin embargo, las cantidades necesarias a transferir mediante cada enmienda se determinarán próximamente y antes de que se sometan a votación en la Junta”.
La propuesta de pago se produce aproximadamente un año después del arresto sin incidentes de Cox por posesión de armas, en una fiesta en la calle Lilac el 19 de junio de 2022.
Camino de la comisaría, el agente Oscar Díaz, conductor de una furgoneta de transporte de presos sin cinturón de seguridad, frenó para evitar chocar contra otro vehículo en el cruce de las calles Division y Mansfield.
El frenazo lanzó a Cox de cabeza contra la pared de la furgoneta, hiriéndole en el cuello y la columna vertebral.
Más tarde, el conductor de la furgoneta pidió ayuda médica, pero, en lugar de esperar una ambulancia, el conductor procedió a llevar a Cox al centro de detención de 1 Union Ave.
Allí, en vez de esperar a que algún médico atendiera el cuerpo desplomado y paralizado de Cox, los agentes policiales le acusaron de mentir, le exigieron que se levantara, le sacaron de la furgoneta, le colocaron en una silla de ruedas y luego le arrastraron por el suelo hasta una celda. El caso provocó indignación nacional.
La familia de Cox, representada por el abogado de derechos civiles Ben Crump, presentó contra la ciudad, el departamento de policía y los agentes implicados, una demanda por 100 millones de dólares, solicitando daños y perjuicios por las supuestas violaciones de los derechos civiles de Cox. El caso se ha resuelto por 45 millones de dólares.
El incidente motivó que la ciudad actualizara sus políticas de formación y transporte policial, exigiendo a los agentes que pregunten a los detenidos si necesitan atención médica, que busquen asistencia inmediatamente si la respuesta es afirmativa y que transporten a los detenidos en vehículos policiales con cinturones de seguridad, entre otros cambios.
Los cinco agentes implicados -Díaz, Betsy Segui, Jocelyn Lavandier, Ronald Pressley y Luis Rivera- han sido detenidos y acusados de un delito menor de imprudencia temeraria en segundo grado y un delito menor de “crueldad hacia las personas” por su participación en el maltrato de Cox. Todos se declararon no culpables.
Segui, Lavandier, Díaz y Pressley también han sido despedidos del departamento de policía. (Pressley se jubiló antes de que le despidieran).
Durante los interrogatorios efectuados por Asuntos Internos (AI) antes de sus sus audiencias disciplinarias, los cuatro exagentes intentaron justificar el trato que dieron a Cox diciendo a los investigadores que pensaban que estaba borracho, que se había negado intencionadamente a obedecer o que había fingido sus lesiones tras la detención.