Por Dereen Shirnekhi
Dieciséis años después de que New Haven se convirtiera en la primera ciudad en emitir un documento de identidad municipal a sus residentes, independientemente de su estatus de ciudadanía, activistas piden a la ciudad que vuelva a ocuparse de la protección de los derechos de los inmigrantes, entre otras cosas creando una nueva Oficina de Asuntos de los Inmigrantes.
Kica Matos se refirió a ello en el Ayuntamiento, en un taller sobre servicios de asistencia a inmigrantes organizado conjuntamente por la unidad común de Servicios y la Comisión de Política Medioambiental, Salud y Servicios Humanos de la Junta Municipal, o, como decía el título del taller, sobre “oportunidades cívicas, sociales y económicas equitativas para los inmigrantes residentes en la ciudad de New Haven”.
La reunión tuvo lugar el jueves por la noche tanto en persona en la Sala de Concejales de la segunda planta del Ayuntamiento como a través de Zoom.
El comité escuchó tanto a funcionarios municipales como a grupos locales de apoyo a los inmigrantes acerca de cómo el gobierno de la ciudad de New Haven puede volver a ser líder en este terreno.
La presidenta del National Immigration Law Center (y ex alta funcionaria municipal), Kica Matos, habló en primer lugar, a través de Zoom.
Matos, residente en Fair Haven y con una larga trayectoria de servicio en New Haven como ex directora ejecutiva de Junta para la Acción Progresista y vicealcaldesa durante el gobierno de DeStefano, instó al gobierno de la ciudad a hacer frente a la gran necesidad de ayuda a los inmigrantes.
Con cientos, posiblemente miles, de inmigrantes que han llegado a New Haven este año, Matos propugna por la creación de una Oficina de Asuntos de los Inmigrantes, que ponga rápidamente en contacto a los inmigrantes con viviendas rentables y permanentes, y garantice el acceso lingüístico a los recursos necesarios.
También subrayó la importancia de reforzar los derechos de los trabajadores, ya que muchos inmigrantes -sobre todo los indocumentados y, por tanto, más vulnerables- sufren explotación y acoso en el lugar de trabajo.
Matos se refirió al trabajo de Unidad Latina en Acción (ULA) para sensibilizar sobre las condiciones laborales de los inmigrantes en la ciudad. Por ejemplo, la ciudad podría redactar una ordenanza que se ocupara del robo de salarios, un problema local muy extendido.
La concejal de Fair Haven Sarah Miller preguntó a Matos acerca de la creación de la tarjeta de identidad.
Estas tarjetas municipales de identidad, introducidas por primera vez en 2007, permitían a cualquier persona de la ciudad con prueba de residencia, utilizarlas para abrir cuentas bancarias, tener más seguridad en las interacciones con la policía local y acceder a privilegios exclusivos para residentes.
Matos explicó que la idea surgió después de que empezaran a llegar más inmigrantes a la ciudad, y muchos fueran objeto de abusos por parte de caseros y empleadores.
Los inmigrantes indocumentados, que antes no podían abrir cuentas bancarias y, por tanto, llevaban siempre dinero en efectivo encima, también eran víctimas frecuentes de atracos el día de pago, normalmente los jueves.
Setenta municipios siguieron los pasos de New Haven y establecieron sus propios documentos de identidad municipales.
Pero ahora, según Matos, New Haven ha quedado muy atrás después de haber tomado la delantera en una ocasión.
“No hemos sabido innovar, no hemos avanzado, no hemos hecho la promoción adecuada”, dijo a los concejales el jueves. Instó a la ciudad a “ser valiente y audaz”.
Más tarde, la comisión escuchó a representantes de grupos locales que apoyan a los inmigrantes que llegan a la ciudad. Todos ellos hablaron de un aumento del número de inmigrantes y de la falta de recursos para ayudarles.
Jacqueline González, de Junta para la Acción Progresista, declaró que ” se han duplicado las cifras”.
Sami Niazai, de Servicios Integrados para Refugiados e Inmigrantes (IRIS), dijo que este año están atendiendo a unas 1.000 personas, en comparación con las 600 del año pasado. La hermana Mary Ellen Burns, de Apostle Immigrant Services, dijo que la organización está prestando servicios a unas 650 personas.
Fátima Rojas, del Colectivo Semilla, describió los esfuerzos de la organización por desarrollar el poder económico, social y político de los inmigrantes en la ciudad.
El cofundador y director de organización comunitaria de ULA, John Lugo, se pronunció en el mismo sentido, afirmando que, aunque New Haven se considera una ciudad santuario, persiste “una falta de justicia en cuanto al lenguaje”.
Propuso celebrar audiencias públicas en iglesias y escuelas para aumentar la participación.
También se refirió a lo ocurrido en una audiencia pública celebrada en junio en relación con la revisión de los estatutos, en la que un miembro de la ULA describió los retos a los que se enfrentaba como no ciudadana, incluido el acoso sexual en el lugar de trabajo, y que fue interrumpida por unos concejales que afirmaron que se salía del tema.
En señal de protesta, decenas de miembros de la ULA, entre ellos Lugo, abandonaron la audiencia.
Lugo insistió en la persistencia del robo de salarios, así como en la necesidad de que la ciudad ayude a los inmigrantes a acceder a abogados especializados en inmigración, como la política neoyorquina de representación universal.He referenced members of the Senate pushing to heavily restrict asylum eligibility, and the negotiations that are currently happening, of which Connecticut senator Chris Murphy is a part.
“Hay una realidad si Trump vuelve a ser presidente, y esa realidad obliga a New Haven a hacer todo lo posible para que nuestra comunidad pueda sentir que está siendo bienvenida en esta ciudad”, dijo Lugo por medio del traductor que se le proporcionó.
La concejal de East Rock, Anna Festa, preguntó después a la administradora de Servicios Comunitarios, Eliza Halsey, qué opinaba sobre un centro de acogida o una oficina dedicada a los asuntos de los inmigrantes, donde éstos pudieran ponerse en contacto con los recursos y organismos locales.
Los activistas presentes en la sala secundaron la sugerencia de Matos. Festa también propuso reuniones periódicas entre la oficina de Halsey y los grupos de defensa locales.
Halsey se mostró dispuesta a aceptar la idea, aunque sin dejar de reconocer las limitaciones de su equipo.
“Queremos pensar de forma creativa, queremos asegurarnos de que estamos escuchando y aprovechando los recursos de una manera que funcione para todos nuestros residentes”, dijo.
Afirmó que, en los pocos meses que lleva en el cargo, ella misma se ha comprometido con algunas organizaciones locales, pero que hasta ahora no ha habido ninguna conversación colectiva.