El Tribunal Supremo reafirmó este martes que toda aquella persona nacida en Estados Unidos, no importa de dónde vengan sus padres o su situación legal, es ciudadana americana de pleno derecho.
Esto, por un lado, no debería ser noticia, o ni siquiera ser objeto de una decisión judicial. La idea de ius soli, el otorgar ciudadanía por nacimiento, forma parte de la tradición política anglosajona desde hace siglos. Los primeros colonos americanos la trajeron aquí con ellos, y reconocieron este derecho como tal desde la misma fundación del país. El resto de naciones de América Latina adoptaron la misma práctica tras sus respectivas independencias, entendiendo que eran lugares, como Estados Unidos, construidos gracias a la llegada de gentes de ultramar.
Como es habitual en la política americana, fue la esclavitid lo que acabó por contaminar el debate. El Supremo, en una sentencia merecidamente infame anterior a la guerra civil, denegó protecciones legales a los hijos de esclavos. No fue hasta después del conflicto, con la adopción de la decimocuarta enmienda, que el Congreso consagró este principio de forma universal.
Su redacción no es ambigua en absoluto: “todas las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas de Estados Unidos y del estado donde residen”. Los debates en el Congreso durante su redacción fueron más que explícitos en que el sentido de la enmienda era precisamente eso, que los hijos de inmigrantes fueran ciudadanos.
Esta enmienda llevaba siendo interpretada de este modo desde hace más de 150 años. Era uno de los puntos más claros y establecidos de la Constitución. Hasta que la administración Trump, mediante una orden ejecutiva, decidió intentar redefinir esta regla, denegando la ciudadanía a los hijos de residentes sin residencia permanente legal en Estados Unidos.
La idea de que un presidente puede enmendar la Constitución por decreto, y más una cláusula que no da pie a otra interpretación sin retorcer su significado de forma extraordinaria, parecía una idea descabellada. Y aun así, no solo el caso llegó al Supremo, sino que esta interpretación tradicional clásica de la Constitución solo fue refrendada por una exigua mayoría de 5-4 en la corte. Uno de los jueces aceptó que el cambio cabía en la Constitución, pero su única queja fue que Trump no lo aprobara por ley.
Esto es un problema considerable por dos motivos. Primero, una mayoría 5-4 es frágil; basta que uno de los jueces de la mayoría deje el cargo para abrir la puerta a una sentencia en dirección contraria. Aunque la ciudadanía por nacimiento es un derecho fundamental ahora, cuesta verlo ahora como algo imposible de cambiar. Si el Congreso aprobara una ley derogándolo, el Supremo daría por buena la ley.
Segundo, la sentencia es otro recordatorio de que la mayoría conservadora del Supremo tiene bien poco interés en tomar decisiones basadas en precedente, jurisprudencia o el mismo texto de la Constitución cuando sus preferencias políticas van en dirección contraria. Durante los últimos años, la mayoría conservadora en la corte ha dictado una sentencia tras otra revisando ideas que parecían inamovibles pero que, según su óptica, ahora ya no son constitucionales. El derecho al aborto es quizás la sentencia más célebre, pero el tribunal ha decidido en tiempos recientes que los estados no pueden regular armas de fuego en muchos aspectos, invalidando toda clase de políticas de igualdad, o haciendo casi imposible regular el dinero en política.
Empeorando más las cosas, el Supremo ha redefinido el equilibrio entre Congreso, presidencia y tribunales, casi siempre para darle más poder a la Casa Blanca o a los propios jueces. Esta misma semana, sin ir más lejos, otorgaron al presidente la autoridad para despedir a los líderes de reguladores independientes creados por el Congreso, porque dicen que es inconstitucional que los legisladores tomen decisiones de personal. Esto revierte 90 años de jurisprudencia, y hace que el presidente pueda aplicar e interpretar la ley hasta extremos irreconocibles.
Aunque los jueces del alto tribunal gustan de decir que ellos son simples intérpretes de la ley, esto dista de ser verdad. El Supremo es una corte política, con mayoría republicana, y que legisla como tal. Su reforma es urgente.
