Por Paul Bass
NEW HAVEN.- El propietario de un deteriorado edificio ubicado en la esquina de Whalley Avenue y Fitch Street, continúa sin presentarse ante el tribunal mientras su propiedad sigue en condiciones peligrosas, más de cuatro meses después de que el estado emitiera una orden de arresto en su contra.
También tiene multas pendientes por $259,000. En ambas situaciones, ha prometido a funcionarios municipales, que comenzará a trabajar para solucionar un estado de deterioro que ya lleva siete años, esperando poder resolver lo de las multas pendientes.
La averiguación hecha por un reportero sobre la orden de arresto, provocó una llamada telefónica que significaría el inicio de importantes trabajos en el lugar. En las últimas semanas, el propietario también se ha ocupado del problema de los grafitis en el frente del edificio.
La orden de arresto contra Sim Levenhartz, de 41 años y residente en Florida, fue emitida el 7 de abril, por violación del código estatal de construcción.
El Departamento de Construcción de la ciudad, frustrado por el hecho de que Levenhartz no había realizado las reparaciones requeridas desde 2018, cuando un automóvil chocó contra el lado sureste del edificio comercial ubicado en 781 Whalley/50 Fitch, pidió a la fiscalía estatal que aprobara la orden de arresto.
Frente del edificio Whalley en 50 de la calle Fitch.
El abogado de Levenhartz dijo que su cliente ya se está ocupando de la reparación del edificio. También dijo que, según tenía entendido, la ciudad había puesto la orden de arresto y las multas “en suspenso”, lo que contradice lo dicho por el funcionario municipal de construcción encargado del proceso para obtener la orden de arresto.
Mientras tanto, la Iniciativa de una Ciudad Habitable (LCI) de la ciudad, emitió en mayo más de $200,000 en multas por deterioro urbano debido a que Levenhartz no había cumplido con el código el edificio, que llevaba mucho tiempo vacío y en estado de deterioro. Levenhartz obtuvo la aprobación de la ciudad para construir allí un nuevo complejo de apartamentos de 245 unidades, pero nunca dio curso al proyecto y, en cambio, intentó vender la propiedad.
El esfuerzo por presionar a Levenhartz para que limpie un inmueble que da una imagen desagradable del vecindario de Westville, refleja tanto el poder de los nuevos recursos que tiene la ciudad para presionar a propietarios problemáticos, como la dificultad de lograr que quienes incumplen las normas acudan ante los tribunales y paguen sus multas.
Sigue prófugo
El inspector de edificios Bob Dillon y el abogado adjunto de la corporación Sinclair Williams, especializado en la lucha contra el deterioro urbano. Foto: Dereen Shirnekhi
La orden de arresto es una medida que el Departamento de Construcción inicia contra propietarios problemáticos, después de que años de esfuerzos para hacer cumplir el código no hayan dado resultados.
Levenhartz no pudo ser arrestado por la orden de mayo. Ese día tenía una audiencia ante la LCI por las multas que se le habían impuesto por deterioro urbano. El principal encargado policial del centro de la ciudad, fue a la audiencia para hacer efectiva la orden de arresto. Según el abogado de Levenhartz, Ken Rozich, su cliente llegó a la audiencia, se enteró de que había una orden de arresto y se marchó.
Tres meses después, la orden de arresto no se ha podido cumplir, lo que decepciona al funcionario municipal de Construcción, Bob Dillon, quien originalmente solicitó la orden de arresto.
Dillon dijo que Levenhartz sí obtuvo un permiso el 21 de mayo para reparar los daños causados por el accidente automovilístico. Pero dice que aún no se ha hecho trabajo alguno. El permiso es válido por 180 días. “Si no hacen nada, cancelaré el permiso entonces”, dijo.
Tener que comparecer ante un juez puede motivar a un propietario que se resiste a solucionar el deterioro, dijo Dillon. Esa es la principal herramienta de presión que tiene la ciudad en casos como este.
“Pero es frustrante”, dijo Dillon sobre las demoras relacionadas con el edificio de 781 Whalley.
“Un vehículo atravesó ese edificio. Si uno entra en el lugar, observa que hay un hoyo enorme en el piso detrás de esa pared, que quedó debilitada, aunque le pusieron algunos soportes. Lo importante es que se repare ese daño. Por eso esperaba que los tribunales pudieran resolver el asunto y llevarlo ante el juez”.
Levenhartz no respondió cuando se le pidieron comentarios. Su abogado, Rozich, sí lo hizo. Pero dijo algo diferente a la versión de la ciudad.
Rozich dijo que Levenhartz ya comenzó el proceso de las reparaciones con una oficina de ingenieros. Señaló que un correo electrónico enviado el 18 de junio por la oficina del abogado corporativo de la ciudad, le dejó la impresión de que todo lo relacionado con el edificio estaban “en suspenso”, lo que, según entendió, se refería a la orden de arresto y a la acumulación de multas. Se negó a mostrar el correo electrónico, alegando que era confidencial. Pero dijo que no hacía referencia específica a las multas ni a la orden de arresto.
Después de que el Independent se comunicara con Rozich, Dillon dijo que recibió una llamada de un contratista que trabaja en las reparaciones para Levenhartz, en quien Dillon confía. Dijo que el contratista le informó que comenzará pronto los trabajos de reparación.
“Si comenzamos, ¿desaparecerá la orden de arresto?”, dijo Dillon que le preguntó el contratista.
“No retiraré la orden” a menos que realmente comiencen los trabajos, dijo Dillon que respondió. El primer paso clave: Levenhartz debe presentar ante el estado la documentación necesaria para obtener permiso para cerrar la acera de peatones antes de que puedan comenzar los trabajos.
“Desde junio no han hecho” ni siquiera ese trámite para comenzar, dijo Dillon. “Les dije que la orden de arresto sigue pendiente. Dijeron que presentarían la documentación. Lo creeré cuando lo vea”.
Con miles de órdenes de arresto pendientes, el Departamento de Policía no dispone del personal para caerle atrás a todas las personas que evitan ser arrestadas. Según el portavoz del departamento, el oficial Christian Bruckhart, la prioridad es para los casos que constituyen peligro para el público, como la violencia doméstica o los homicidios.
El dilema de los infractores
Mientras tanto, la deuda por las multas a Levenhartz, es una prueba para la iniciativa LCI.
La agencia logró que se aprobara una ley que le permite aplicar a los propietarios de edificios con deterioro urbano, multas mayores que en el pasado, además de imponer un cargo diario acumulativo de $2,500 por no pagar.
Según Liam Brennan, director ejecutivo de la LCI, de haberse aplicado esa regla hasta el pasado lunes, la deuda de Levenhartz habría subido a $779,000.
Brennan dijo que, sin embargo, el 5 de junio la ciudad puso “en suspenso” la deuda de Levenhartz, que quedó en $259,000. Esto se debe a que Levenhartz obtuvo un permiso para solucionar los problemas del edificio. Brennan confirmó que Levenhartz también realizó trabajos menores para asegurar y reforzar las instalaciones.
Pero si Levenhartz no cumple con realizar los trabajos que prometió dentro de los 180 días posteriores al 5 de junio, la deuda por las multas pendientes aumentará inmediatamente a $779,000 y seguirá acumulándose, dijo Brennan.
En todo caso, según Brennan, Levenhartz todavía debe los $259,000. Esa cantidad no está “en suspenso”. Brennan confirmó que Rozich sí recibió el correo electrónico del 18 de junio enviado por Sinclair Williams, abogado corporativo adjunto de la LCI. Según Brennan, ese correo indicaba que las multas diarias adicionales seguían “en suspenso”, hasta que Levenhartz cumpliera con lo establecido en su permiso de trabajo.
Lo que no cambia es que Levenhartz sigue con multas pendientes de pago y una orden de arresto.
Técnicamente, basándose en los $259,000 en multas pendientes, la LCI puede embargar la propiedad y ejecutar la hipoteca sobre ella por las multas no pagadas.
Pero la principal prioridad de la ciudad es presionar a los propietarios para que hagan las reparaciones. (Brennan dijo que “no es fuera de lo común” que propietarios multados que hacen las reparaciones, negocien una reducción de sus multas).
Pero ni siquiera en el caso en que Levenhartz debiera todos los $779,000 en multas sobre la propiedad, la ciudad aún no podría hacerse cargo de la misma, porque las multas están por debajo del valor tasado de la propiedad, que es de $3.37 millones. Eso significa que, si la ciudad ejecutara la hipoteca sobre la propiedad, tendría que ponerla a la venta pública, con el riesgo de que otro propietario problemático la comprara. Mejor “convencer al actual propietario de que la repare”, dijo Brennan.
Las multas sí tuvieron algún efecto, porque Levenhartz limpió los grafitis del frente del edificio, volvió a limpiar más grafitis que aparecieron posteriormente y luego contrató a artistas para pintar un mural en la pared con pintura en aerosol. Brennan se refirió a esos trabajos, como evidencia de que los esfuerzos más firmes de la ciudad pueden dar resultados.
Otro posible ejemplo: Levenhartz ya no permite que se realicen actividades ilegales en un terreno baldío de la propiedad, ubicado detrás de una gasolinera Citgo. Él había subarrendado el espacio a una persona que cobraba a otros por “guardar vehículos dañados”, según Dillon.
El departamento de Dillon envió a Levenhartz una orden de restricción relacionada con el citado espacio, por operar un negocio de actividades automotrices sin una licencia estatal, en violación de la ordenanza de zonificación de la ciudad.
Mural encargado por Levenhartz para reemplazar un grafiti no autorizado en el 781 de Whalley. Foto: Thomas Breen
