Por Fernando Cerdeña
A raíz de mi queja por las cámaras instaladas para controlar la velocidad en las calles de las ciudades de este estado, he recibido una serie de comentarios. Sin embargo, el que más me llamó la atención fue el de uno de los políticos que aprobaron el uso de estas cámaras. Obviamente, no voy a mencionar su nombre —estamos en elecciones—, pero sí su acalorada defensa del voto que permitió instalar estos sistemas. Lo que me causó escozor fue que mencionó varias veces: «Este es un país de leyes».
Bueno, tengo que discrepar de esa afirmación. Sin entrar en polémicas ni discusiones, voy a referirme únicamente a las benditas cámaras de control de velocidad que están instalando.
Si la intención era controlar la velocidad en las carreteras y calles de Connecticut, se equivocaron. No sé quién establece los límites de velocidad en las calles y carreteras. Por ejemplo, debido a mi trabajo, todos los días manejo más de 50 millas entre la ida y el regreso de Waterbury, y utilizo la Ruta 69. En algunos tramos, los límites de velocidad cambian de 60 a 25 millas por hora.
Llevo seis años viviendo en Connecticut y nunca había recibido una multa por exceso de velocidad. Sin embargo, en Prospect, por donde paso dos veces al día, ya llevo ocho multas. No por conducir a 80 o 120 millas por hora, como veo hacerlo diariamente a algunos conductores en diferentes calles y carreteras del estado, sino por manejar a 5, 9, u once 11 millas por encima del límite de velocidad. Así lo detectaron las dos cámaras instaladas en la entrada y la salida de los límites de la ciudad.
De un momento a otro, el límite baja de 45 a 30 millas por hora y, ¡zas!, te atrapó la máquina. Las multas van desde los 50 hasta los 75 dólares. Lo increíble es que, además, cobran 15 dólares por procesar el pago de cada multa.
Sí, porque aparentemente Prospect es un pueblito donde viven muchos pobres y necesita que una empresa de Illinois cobre las multas, ya que ni la Policía ni quienes trabajan en las oficinas de la ciudad pueden procesarlas. Además, solamente aceptan giros postales o tarjetas; no reciben dinero en efectivo. ¡Qué concha!
Volvamos al «país de leyes». Se supone que los límites de velocidad son establecidos por expertos que saben a qué velocidad debemos conducir los ciudadanos que pagamos impuestos y tratamos de respetar las leyes. Sin embargo, me estacioné durante una hora en un área de descanso de la I-91 y otra hora en una de la I-84. Durante ese tiempo, 128 vehículos pasaron a más de 30 millas por hora por encima del límite establecido de 50 millas; 12 vehículos lo excedieron por más de 40 millas por hora y cuatro lo sobrepasaron por más de 60 millas por hora.
Si hacemos un cálculo basándonos en estos datos, miles de ciudadanos violan diariamente la ley tan solo en estas dos carreteras de Connecticut. Mientras tanto, quienes deberían controlar las carreteras están, muy bien, gracias, vigilando las zonas de construcción.
Otro de los temas que mencionó este político fue que, en la comunidad inmigrante hispana, es común el uso de documentos falsos. Se han tomado medidas de toda índole, pero no se ha podido eliminar esta práctica.
Sin embargo, el uso de documentos falsos no es una práctica exclusiva de los inmigrantes. Los adolescentes estadounidenses compran o falsifican identificaciones con fotografía y otros datos para poder ingresar a discotecas o comprar cigarrillos, marihuana y bebidas alcohólicas. Todo el mundo lo sabe; una gran cantidad de jóvenes recurre a esta práctica y nadie dice nada.
Trabajé como gerente de una discoteca en Nueva York y una de las primeras cosas que hicimos fue adquirir un sistema para verificar las identificaciones. La sorpresa fue enorme: encontramos muchachos de apenas quince años tratando de ingresar con identificaciones falsas. No era uno ni dos; eran muchísimos. Ahora, con la tecnología digital, cualquiera que posea ciertos conocimientos de computación puede hacer falsificaciones casi perfectas. Sin embargo, nadie dice nada.
