La historia empieza en Madrid, en un piso cerca del parque del Retiro. Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad, lleva viviendo allí desde hace 71 años. Hace unos meses una sociedad inmobiliaria compró el edificio y quintuplicó su alquiler. Su pensión de jubilación no le alcanzaba para pagar. Tras varios intentos de llegar a un acuerdo y amenazas para echarla, los nuevos propietarios le dijeron que iban a desahuciarla el 23 de septiembre.
La historia no tardó en correr como la pólvora por todo Madrid. Cientos de manifestantes se presentaron en la calle Sainz de Baranda esa mañana. La policía les cerró el paso. Maricarmen fue sacada de su piso en camilla y llevada al hospital. A pesar de que varios donantes anónimos se habían ofrecido a pagar el alquiler hasta su muerte, la inmobiliaria se negó a negociar.
La de Maricarmen no era una historia aislada. Durante los últimos años, Madrid y el resto de las grandes ciudades españolas han visto cómo el coste de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, se disparaba. Desde 2015, los salarios en España han subido un 28%. El precio de una vivienda se ha disparado un 80%; los alquileres, un 87%. Esta subida se ha acelerado aún más en 2026, y es aún mayor en Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid y el resto de las ciudades españolas.
Este aumento de precios ha provocado que muchos inversores estén comprando pisos y buscando vías legales para cambiar contratos, echar inquilinos y cobrar más. También ha servido para excluir a una generación entera de españoles que no pueden emanciparse y se ven obligados a seguir viviendo con sus padres porque no pueden permitirse comprar o alquilar.
El desahucio de Maricarmen fue seguido, a las pocas horas, por protestas espontáneas en Madrid. Fueron seguidas por la inexplicable e inevitable tradición española de montar una acampada en la Puerta del Sol, la plaza en el centro de la capital, seguida de una enorme manifestación a los pocos días exigiendo soluciones a la crisis de vivienda.
El gobierno reaccionó con rapidez. El presidente Pedro Sánchez anunció un decreto-ley con un paquete de medidas para proteger a los inquilinos contra esta clase de situaciones, congelando los alquileres dos años. Un decreto-ley, en el sistema constitucional español, es una ley que puede promulgar el Consejo de Ministros pero que debe ser refrendada por el Parlamento en un plazo de 30 días para seguir en vigor. Dado que el gobierno actual no tiene mayoría parlamentaria, Sánchez iba a negociar con el resto de los partidos para llegar a un acuerdo y poder sacarlo adelante.
Tras varios días de negociaciones frenéticas, el presidente llevó la ley al Parlamento. Tras varias horas de debate, acabó perdiendo la votación; un partido nacionalista catalán, que había sido clave para aprobar otras leyes, dio la espalda al gobierno. Sin apoyo parlamentario claro y en vista de que no podían sacar adelante una ley crucial, Sánchez anunció el lunes la disolución de las Cortes (España es un sistema parlamentario) y la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre.
La ironía en esta historia es que España, como he comentado alguna vez, va excepcionalmente bien en lo económico. La economía está creciendo, el desempleo bajando, las exportaciones en aumento, la inversión en niveles récord, los salarios al alza. El problema es que todo este dinero sirve de bien poco cuando todas las subidas de sueldo acaban siendo destinadas a engordar la cuenta corriente de caseros y promotores inmobiliarios, porque el precio de la vivienda no para de subir.
El motivo de las subidas es bien conocido, por supuesto: España apenas construye vivienda. Este es un problema que viene arrastrándose desde hace casi dos décadas y que un gobernante tras otro ha decidido ignorar o dejar de lado. Pedro Sánchez ha sido un gobernante efectivo en casi todo, pero ha ignorado, como sus predecesores, el problema de que España construye hoy menos de la mitad de viviendas al año que durante los noventa, aunque la población está creciendo con rapidez.
La lección, me temo, es que un gobernante puede aplazar un problema, pero no eternamente. Si la gente no tiene dónde vivir, acabarán por echarte.
